La crisis de los apagones en 23 estados de la República esta semana es un buen ejemplo del fracaso de la política energética del sector eléctrico del actual gobierno que, a pesar de las promesas presidenciales de que no habría más apagones en el actual sexenio, ha empezado a mostrar sus deficiencias e ineficiencias tanto en la previsión y manejo de afectaciones externas , como la actual tormenta invernal que azota a Estados Unidos, como en la toma de decisiones de carácter técnico como la cancelación de proyectos de almacenamiento de gas, la inactividad de Pemex en la generación de gas, la suspensión de actividades de fracking y el haber frenado la explotación de la Cuenca de Burgos que, en los últimos dos años, pudieron darle a México autosuficiencia en la producción del gas necesario para abastecer a las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad.
A todas esas decisiones, tomadas en el marco de una política eléctrica que privilegia el nacionalismo ideológico sobre las necesidades reales de los mexicanos en materia de energía eléctrica, tanto para uso doméstico como industrial y comercial, se suma otra que le correspondía directamente al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz : haber suspendido la compra de gas en Texas por el aumento de los precios del combustible, debido a que no se compraron seguros de cobertura que protegieran al país de las variaciones de precios del mercado, y no haber tampoco tomado medidas de emergencia ante el aviso, por lo menos una semana antes, de que vendría una tormenta invernal histórica, pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y por las autoridades meteorológicas de Estados Unidos, que traería una serie de afectaciones como las que hoy estamos viendo por el congelamiento de las terminales y ductos de abastecimiento del gas texano.
Nada de eso escuchó ni atendió el señor Bartlett ni el gabinete energético del presidente López Obrador y con su apatía y negligencia colocaron a México, a sus familias y empresas en el norte del país, en el escenario de un apagón que duró dos días y que ocasionó pérdidas millonarias en el sector industrial y de manufacturas (tan sólo la industria maquiladora de exportación reportó 2,700 mdd de pérdidas por la falta de energía) además de afectaciones a millones de mexicanos que no sólo se quedaron más de un día sin luz eléctrica , sino también sin conexión a internet. Lo más grave fue que el apagón del norte, atribuible a la crisis del gas en Texas, impactó después a toda la República que, ante la alteración de flujos y cargas en el Sistema Nacional Eléctrico , tuvo que sufrir cortes de electricidad programados por la misma CFE y por el Centro Nacional de Control de Energías, que terminaron impactando con apagones y cortes intermitentes a 29 entidades de la República.
Lo más grave de todo esto es que, aún con las pérdidas millonarias y los daños causados a casi 6 millones de mexicanos, el director de la CFE nunca apareció para dar la cara y explicar claramente a los mexicanos por qué se quedaron sin energía durante casi tres días. El señor Bartlett, con la soberbia y arrogancia que le caracteriza, mandó a sus técnicos y a los del Cenace a dar explicaciones técnicas que básicamente culpaban al clima y a las empresas texanas de haber causado el desabasto de gas que afectó a las redes mexicanas de electricidad, y durante las 72 horas que el país entró en crisis por la carencia de electricidad, el funcionario responsable nunca se dignó a aparecer y hasta obligó al presidente López Obrador a tener que dar explicaciones, justificaciones y maromas en la conferencia de prensa mañanera para tratar de explicar la crisis eléctrica.
De ese tamaño es la patente de corso de la que goza Manuel Bartlett Díaz en este gobierno; así de enorme es el margen de maniobra que le ha otorgado el presidente López Obrador que, en su nivel de confianza ciega y de protección a Bartlett, sólo se compara con la impunidad que le otorgaron presidentes como Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, en cuyos sexenios el político poblano contó con una total impunidad e inmunidad que a pesar de sus cuestionables actuaciones – fraude electoral de 1988, asesinatos de Manuel Buendía y Kiki Camarena , entre otros— siempre contó con el mismo cobijo y protección presidencial que hoy le otorga López Obrador.
Porque Manuel Bartlett puede inundar Tabasco y trastocarles la vida a los habitantes de ese estado del que reniega; puede tener 28 propiedades lujosas y unos hijos prósperos empresarios que reciben contratos del gobierno, sin que eso ofenda a la “austeridad republicana” ni al combate a la corrupción de este gobierno; puede meter al país en un riesgo de conflicto internacional al suspender contratos privados, puede hacer quedar mal al presidente que prometió que ya no habría apagones en su mandato, con dos grandes cortes de energía eléctrica en el país en menos de dos meses, y luego salir a culpar a una “quema de pastizales” y falsificar un documento de Protección Civil de Tamaulipas o al clima en Texas, sin que tenga que asumir ninguna consecuencia. El dinosaurio priista consentido del presidente puede burlarse de un gobernador de Morena, como Adán Augusto, y reírse de sus amenazas de demanda a la CFE, puede desairar al Congreso de la Unión en sus llamados a comparecer, puede desaparecer en los momentos de crisis en su sector y no darles la cara a los mexicanos y, aún con todo ello, será defendido, arropado y elogiado por el presidente.
Hoy que el ex priista y salinista aparezca en la conferencia de prensa mañanera para intentar dar una explicación justificante, cuatro días después del desbalance y las fallas en el sistema eléctrico del país, lo hará otra vez escudándose detrás de la figura del presidente que, muy seguramente, lo volverá a exculpar y a exonerar de cualquier responsabilidad en las pérdidas millonarias provocadas a industrias y empresas y de los daños causados a millones de mexicanos. Por alguna extraña razón que se remonta a los días en que Manuel Bartlett pasó de ser un convencido salinista y neoliberal que privatizó todo lo que pudo en Puebla a convertirse en un “nacionalista y defensor de la industria eléctrica” en los tiempos de Ernesto Zedillo , el dinosaurio poblano tiene hechizado y seducido al presidente López Obrador, tanto que el mandatario que dice estar transformando al país, no se da cuenta que carga con un pesado fardo de apellido inglés, que hasta ahora no le ha dado una CFE ni más eficiente ni más productora de energía, y si le ha generado varias crisis que, con su habilidad de viejo lobo de la política evade muy bien don Manuel, mientras esas crisis se las traga todas el presidente.
NOTAS INDISCRETAS…
Sin explicar con claridad para qué quieren un registro documental basado en los datos de la credencial de elector y en la toma de fotografías sin cubrebocas a los adultos mayores que están siendo vacunados en todo el país, el presidente López Obrador se molestó por las denuncias ciudadanas y periodísticas que consignan las dudas y molestia de muchos adultos mayores que no están de acuerdo con que les condicionen la vacuna a la toma de fotografías, tanto de su rostro, como de sus credenciales del INE. Y es que López Obrador asegura que, sin desmentir esa práctica de los Servidores de la Nación que coordina Gabriel García , y de la Secretaría del Bienestar que dirige el ausente Javier May, los datos y registros que están obteniendo estas dos áreas de su gobierno “no serán usados con fines políticos ni electorales”, aunque tampoco explica para qué quieren ese registro que invade la privacidad y la protección de datos personales de los adultos mayores que son vacunados. Nadie en el gobierno ha dado hasta ahora una explicación clara y convincente de para qué se necesita que cada persona que es vacunada, sobre todo entre los grupos de mayor edad donde curiosamente se ubican buena parte de los votantes del lopezobradorismo, quede consignada con su imagen y sus datos personales de la credencial de elector en un registro o padrón que ni siquiera lleva la Secretaría de Salud, que eso podría tener cierta lógica, sino que es levantado, almacenado y procesado por las dos áreas que manejan los programas sociales, y particularmente por la estructura político-electoral de este gobierno que son los “Servidores de la Nación” que son los mismos que promovieron el voto a favor de López Obrador en 2018 y que son manejados por uno de los operadores políticos y electorales del presidente, Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de la Presidencia, y que hasta ahora ha manejado en la total opacidad, con criterios discrecionales y un gasto administrativo caótico del presupuesto federal por 3 mil millones de pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación, a esa estructura de brigadas gubernamentales que por momentos se fusionan y confunden con los operadores de tierra del partido Morena. Así es que, si el presidente López Obrador ha dicho, como ayer, que “sería lo peor lucrar con la vacuna contra el Covid c on fines electorales”, debería empezar por investigar bien quién de su gobierno ha dado las órdenes para estar fotografiando y robándole sus datos a los adultos mayores vacunados, si es que no ha sido él mismo. Como dice el refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas, si es que de verdad no son malas… En estos tiempos de la 4T, en los que los órganos autónomos están en el ojo del huracán, no debemos perder de vista la rendición de cuentas que hará el INAI al Senado de la República. El próximo martes 23 de febrero, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, en representación del Pleno, presentará el Informe de Labores 2020. Nos dicen que informará de las acciones concretas que emprendió la Institución para defender los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Veremos cómo le va a la presidenta de la institución autónoma que, sin duda, está en la mira del gobierno lopezobradorista… Ayer los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que el INE “no tiene facultades” para declarar una medida cautelar que nombró inhibitoria, porque los consejeros electorales, según el Tribunal, “no tienen bases legales para prohibir conductas y no están facultados para determinar qué es propaganda gubernamental”. El fallo es muy importante porque, aunque no es definitivo, es el adelanto de lo que, todo indica, podría venir la próxima semana: que los magistrados electorales definan si las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador son o no un acto de “propaganda gubernamental” y si por lo tanto debieran ser suspendidas en sus transmisiones completas por medios y redes sociales, tal y como lo ordenó el INE en su medida cautelar que ya fue desconocida. El fallo del TEPJF será clave para desmentir o confirmar la versión que dice que este Tribunal, con su mayoría de magistrados, ya está en los brazos de la 4T, como varios ministros de la Suprema Corte… Dados girando. Capicúa. Repetimos el tiro.
