Decía Shakespeare que “hay puñales en las sonrisas de los hombres y cuánto más cercanos son más sangrientos”. Y la frase del escritor británico aplica muy bien para lo que está sucediendo entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el exconsejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra . Después de haber sido amigos y aliados, y de que Gertz prácticamente le debe a Scherer el cargo de fiscal, pues fue él quien convenció al presidente López Obrador de postularlo, ahora don Alejandro persigue con toda la fuerza de la FGR al abogado que es “como hermano” del presidente.

Con varias carpetas de investigación abiertas en su contra, el fiscal ha emprendido prácticamente una cacería judicial en contra de Julio a quien busca acusar de haber cometido el delito de “extorsión” en contra de varios personajes de alto perfil que fueron acusados, perseguidos y detenidos por la FGR. Para llegar a Scherer, el fiscal ha utilizado a varios despachos de abogados que tenían relación directa con él y a los que, según acusa la Fiscalía, el exconsejero jurídico utilizaba para ofrecer “protección” a los personajes acusados, quienes entregaban importantes sumas de dinero a los despachos en cuestión para evitar ser aprehendidos o incluso si ya habían sido detenidos para lograr su libertad.

Fugitivos y procesados como el abogado Juan Collado , el facturero Víctor Manuel Álvarez Puga , y el empresario Alonso Ancira , han sido buscados por la Fiscalía para pedirles que denuncien y acusen el modus operandi de despachos jurídicos vinculados a Scherer y cuyos abogados presuntamente les pidieron dinero a cambio de la promesa de retrasar sus casos o impedir sus detenciones. Al menos dos de ellos, el caso de Collado y de Álvarez Puga, ya declararon ante la FGR y acusaron a la firma Consultores Legales, SC, en particular a dos de sus socios, los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César González , de haber sido los intermediarios que pidieron sumas millonarias a cambio de “arreglar” su situación jurídica en la Fiscalía.

A partir de una declaración formal de Antonio Collado, hermano del abogado Juan Collado, quien aseguró que tanto a él como a su hermano preso los buscaron los litigantes del despacho referido para ofrecerles “ayuda legal” a cambio de un pago económico, el fiscal Gertz Manero pudo integrar la acusación formal contra los abogados Araujo y González por el delito de extorsión y tráfico de influencias, quienes han sido citados a una audiencia judicial el próximo 28 de febrero, en la que el juez va a definir si se configura la “conducta delictiva” que acusa la FGR contra los abogados. Hay versiones que dicen que ese mismo día los dos litigantes podrían ser detenidos.

En el otro caso en el que Gertz Manero ha logrado avanzar en su intención de acusar a Julio Scherer Ibarra de esas conductas delictivas a través de sus amigos abogados, ese el del empresario prófugo Álvarez Puga. En ese caso, la esposa del facturero consentido de varios exgobernadores y políticos, Inés Gómez Mont , declaró ante la FGR, a través de su tío Fernando Gómez Mont, que el matrimonio le había entregado a Julio Scherer una residencia en el fraccionamiento Tres Vidas en Acapulco, como pago a presuntos favores legales.

A partir de esa declaración, el fiscal Gertz Manero comenzó a investigar la propiedad que efectivamente estaba en posesión de Scherer y presionó para que el exconsejero Jurídico regresara la casa, por ser parte de las propiedades con las que el matrimonio de Álvarez Puga e Inés buscaría resarcir el daño por los delitos de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada de los que se les acusa. Según fuentes de la propia Fiscalía General de la República, el exconsejero jurídico habría tomado posesión de esa mansión el año pasado, antes de que el empresario y la conductora de televisión se dieran a la fuga en septiembre del año pasado.

Las mismas fuentes confirman que Scherer Ibarra ya regresó la propiedad y la entregó a la Fiscalía General de la República, luego que le fuera solicitada oficialmente la devolución, por tratarse de una propiedad que sería confiscada dentro del proceso legal en contra de Álvarez Puga y Gómez Mont.

El próximo 28 de febrero, fecha en que está programada la audiencia judicial, será el día clave para saber si Gertz Manero logra acreditar la conducta delictiva de la que acusa a los abogados César González Hernández y Juan Antonio Araujo Rivapalacio y si el juez le concede la razón en sus acusaciones contra los dos litigantes. Si eso ocurre, el fiscal habrá dado un paso decisivo para poder acusar al que fuera su gran amigo y hoy se volvió uno de sus objetivos prioritarios, de haber incurrido en un tráfico de influencias mientras era el consejero Jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador .

Y entonces sí las cosas se complicarían sobremanera a Julio Scherer Ibarra que en los últimos seis meses pasó de ser el hombre de mayor confianza del presidente y su principal operador político e interlocutor con políticos y empresarios del más alto nivel, a convertirse en un hombre acosado por la justicia y en una presa de caza para el fiscal al que él mismo ayudó a encumbrar en la República.

NOTAS INDISCRETAS…

En el penoso y lamentable error diplomático que significó la propuesta de Pedro Salmerón como embajador de Panamá y el rechazo expresado por el gobierno de aquel país al personaje acusado de acoso sexual por varias mujeres mexicanas, hay varios elementos que se conjugaron para hacer pasar a México uno de los episodios más vergonzosos e indignos que registre la reconocida diplomacia mexicana. Por un lado, está la obsesión, casi enfermiza del presidente y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller , de defender a toda costa al historiador que es su amigo, pero que acumula denuncias de varias exalumnas del ITAM y de la UNAM por conductas de acoso sexual y violencia verbal, además de que por lo menos siete jóvenes mujeres militantes de Morena lo acusaron de los mismos delitos sexuales ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido gobernante. En el primer caso, las denuncias en el ITAM fueron investigadas y ocasionaron el despido de Salmerón cuando se le comprobaron las acusaciones de las alumnas, en el caso de Morena, los poderosos amigos y lealtades con los que cuenta el historiador hicieron que el partido ignorara las acusaciones de sus jóvenes militantes. Pero no todo fue la necedad del presidente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores también cometieron varias pifias graves al anunciar el nombramiento de Salmerón antes de haber operado y obtenido el beneplácito del gobierno de Panamá. Y es que, al parecer, la cancillería de Marcelo Ebrard ni siquiera alcanzó a tramitar oficialmente el “plácet” para Salmerón, porque el escándalo mediático y la gravedad de las acusaciones sexuales en su contra, hicieron que la canciller de Panamá, Érika Mouynes , quien es además una feminista convencida, le expresara oficialmente su rechazo al gobierno de México ante tal nombramiento. Si Ebrard y su equipo no cuidaron las formas y protocolos diplomáticos, que mandan precisamente mantener la discreción y confidencialidad de un nombramiento de embajador hasta que el Estado receptor otorgue el beneplácito, precisamente como una forma de mantener las buenas relaciones entre Estados y Gobiernos, ya era demasiado pedirles que supieran que el Manual de Protocolo de la Cancillería de Panamá establece en su apartado 1.4 que el Estado acreditante, que pretenda mandar un embajador a su República, debe primero gestionar y obtener el beneplácito del gobierno panameño, antes de realizar el nombramiento de su embajador. En este caso se hizo exactamente al revés: primero el presidente anunció con bombo platillo a su flamante embajador Salmerón, ante el silencio ominoso del canciller Ebrard, luego vinieron las denuncias de las víctimas del historiador y para cuando estalló el escándalo que rebasó las fronteras mexicanas y llegó hasta la ciudad de Panamá ya era demasiado tarde. Y México y su diplomacia, formada por el Servicio Exterior Mexicano, que goza de reconocimiento mundial, hizo uno de los peores osos o errores que se recuerden en las últimas décadas. Y mientras nuestra diplomacia cae a niveles nunca vistos, el presidente López Obrador todavía se da el lujo de atacar a la canciller panameña Mouynes, a la que acusa de “creerse la Santa Inquisición”, mientras insiste en defender, por enésima vez, a su embajador rechazado. Y pensar que todo eso pudo evitarse con un poco de sentido común, congruencia en los principios de un gobierno que dice defender a las mujeres, pero las descalifica si no presentan denuncias judiciales, y una cancillería que hiciera bien su trabajo y le dijera al presidente que no puede andar actuando como un reyezuelo caprichoso y obstinado cuando se trata de diplomacia internacional. Parafraseando al gran filósofo de Ciudad Juárez: “¡¡¡Pero qué necesidad!!!”… Los dados mandan Serpiente. Mala racha.