La coyuntura del pasado fin de semana no pudo ser más desafortunada y delicada para México ni para el gobierno de López Obrador. Apenas reaccionaba el mandatario mexicano contra la iniciativa denominada Resolución 18, en la que los senadores republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz proponen declarar “organizaciones terroristas” a los cárteles mexicanos y permitir así que las fuerzas militares estadounidenses entren a combatir a territorio mexicano el tráfico de fentanilo, cuando el FBI confirmaba el domingo por la noche que cuatro ciudadanos estadounidenses, originarios de Carolina del Sur, habían sido atacados y secuestrados por sicarios en Matamoros, muy cerca de la línea fronteriza con Brownsville, Texas.
Al embate de los sectores duros republicanos en el Congreso, que se sumaron a la propuesta del exfiscal estadounidense William Barr, para que el Ejército de su país combata la producción del fentanilo mexicano que está envenenando a cientos de miles de estadounidenses, y a la propuesta de 21 fiscales estatales de la Unión Americana que también pidieron la clasificación de terrorismo para las organizaciones del narcotráfico que operan en México, se sumó ahora la fuerte presión directa de la Casa Blanca, de las grandes cadenas de la televisión norteamericana y de agencias como el FBI, para que las autoridades de México resolvieran el caso de secuestro en contra de los cuatro jóvenes —y asesinato de dos de ellos— que fueron atacados por el Cártel del Golfo apenas cruzaron la frontera mexicana, al confundirlos con supuestos narcos de origen haitiano.
Como en ningún otro momento del sexenio —y en un tono que no se recuerda incluso para otros gobiernos mexicanos—, los voceros de la administración de Joe Biden cuestionaron la violencia criminal en México en contra de ciudadanos de su país, la tacharon de “inaceptable” y criticaron la actuación de las autoridades mexicanas que durante 72 horas, desde el viernes al mediodía en que ocurrió el ataque armado a los cuatro jóvenes afroamericanos y hasta el lunes pasado, no habían informado siquiera del hecho y mucho menos de avances en las investigaciones por el violento secuestro. Fueron los videos de personas que presenciaron los hechos y las investigaciones del FBI, incluso en territorio mexicano, lo que llevó a esa agencia a confirmar el domingo por la noche que, efectivamente se trató de un ataque criminal de un grupo del narcotráfico contra los cuatro ciudadanos estadounidenses.
El informe del FBI desnudó la indolencia e ineficacia no sólo del gobierno de Tamaulipas, cuyo gobernador, Américo Villarreal, y el fiscal Irving Barrios nada habían informado sobre el tema, sino también la inexistente estrategia del gobierno federal que todavía el lunes, en la información de la Sedena que le proporcionaban a López Obrador, hablaban de que los jóvenes estadounidenses —que hoy se sabe cruzaron la frontera en busca de una operación estética para la mujer del grupo, Latavia McGee— habían quedado atrapados “en un enfrentamiento entre bandas”, cuando en realidad fueron perseguidos, acosados y baleados en su propio auto por un grupo de sicarios del Cártel del Golfo, que presuntamente los confundió con haitianos metidos en el tráfico de drogas. ¿En casi 72 horas no pudieron saber las autoridades de México lo que había ocurrido hasta que se los informó el FBI?
Ya que regresaron ayer a los dos sobrevivientes, entre ellos la chica McGee, además de los dos cuerpos de los estadounidenses asesinados, el tema no terminará ahí para México. La Casa Blanca insiste en que quiere “justicia” por el ataque contra sus cuatro ciudadanos, mientras que la opinión pública de Estados Unidos está indignada ante la fuerte campaña de los medios de aquel país. Difícilmente Washington se conformará con un presunto culpable, como el joven de 24 años que ayer detuvieron en la casucha de madera en donde según el gobernador Américo Villarreal tenían a los jóvenes afroamericanos, tanto a los muertos como a los vivos. Tendrán que caer cabezas, líderes del Cártel y no sólo sicarios de poca monta que ejecutaron el ataque armado y luego aventaron los cuerpos en la caja de una camioneta “como si fueran perros”, diría la madre de uno los jóvenes asesinados, al que reconoció al ver los videos grabados el viernes en Matamoros.
Este caso marcará un antes y un después en la tolerancia que Washington ha tenido hacia la fallida estrategia de seguridad hacia el narcotráfico que ha mantenido López Obrador. Se lo dijeron en varias ocasiones y en varios tonos, a través de distintos enviados, primero con Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, y luego en la misma voz y presencia del presidente Joe Biden en la cumbre de Norteamérica en enero pasado en Palacio Nacional: “Necesitamos acciones contundentes contra el fentanilo y su producción y tráfico a los Estados Unidos”; pero al no ver resultados ni avances reales en el combate a los productores y traficantes de la droga que ha matado a más de 100 mil estadounidenses, la decisión de Washington parece ser la de exhibir y presionar al gobierno lopezobradorista y su dudosa política contra los cárteles mexicanos.
Y mientras la administración demócrata de Biden no soltará fácilmente el tema del fentanilo, para los grupos republicanos que empujan la intervención militar en México, el asesinato y secuestro de los jóvenes estadounidenses es gasolina pura para su discurso en el que acusan al Presidente de México de proteger y no combatir al narcotráfico. Figuras como el senador Dan Crenshaw, que ya cuestiona duramente a López Obrador en las redes sociales con preguntas como: “Señor presidente, ¿está usted con el pueblo o con los cárteles?”, seguirán endureciendo y magnificando la percepción de que el gobierno de López Obrador encubre y tolera a los capos de la droga y que su partido, Morena, es favorecido por los grupos criminales.
Y aunque las iniciativas en el Congreso de Estados Unidos son hasta hoy solo de la bancada republicana, no es del todo imposible que grupos de demócratas puedan apoyarlas a pesar de que representan una violación a la soberanía mexicana. Porque después de todo, en el caso de los cuatro jóvenes de Carolina del Sur atacados en Matamoros, agentes del FBI ya estuvieron investigando y rastreando en territorio mexicano y en colaboración con las autoridades mexicanas.
Al final, lo que más impacta todo este asunto, que el presidente López Obrador ha querido minimizar con su ya clásico discurso de que se trata de “politiquería” desde Washington, es a la sucesión presidencial en México. Washington no va a tolerar a otro gobierno similar a López Obrador, al menos no en su política hacia el narcotráfico, y en ese sentido la posición estadounidense hacia las elecciones mexicanas, en la que históricamente se dice que “los gringos no votan, pero sí vetan”, cobra sentido en la actual coyuntura y a unos meses de las definiciones que tomarán el partido gobernante y la oposición en la definición de sus candidatas o candidatos a la Presidencia.
Lo que se pudo ver en estos últimos días, es que la presión de Washington hacia el gobierno mexicano, sobre todo en el tema del fentanilo, irá en aumento. Y no lo están haciendo, como torpemente lo lee el inquilino de Palacio, como un acto de “politiquería”, sino de Real Politik, una operación de Estado que claramente busca algo más que respuestas demagógicas de su contraparte mexicana. Veremos qué hace ante eso López Obrador, que no entendió la dimensión y la urgencia del problema del fentanilo para los vecinos estadounidenses. O se pone las pilas y cambia su política para golpear, detener y desarticular a las dos principales organizaciones productoras y exportadoras de fentanilo a los Estados Unidos, léanse Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, o tendrá que ceder cada vez más al embate de Washington. Porque al final, como buen echeverrista, AMLO aplica la demagogia y el populismo puro en su relación con la Casa Blanca: por las mañanas crítica y cuestiona a los Estados Unidos, pero por las noches les abre la puerta a los acuerdos a veces inconfesables.
NOTAS INDISCRETAS…
Un jugoso y lucrativo negocio fue el que encontró en la transparencia el autonombrado “Zar de las solicitudes de información”, José Luis Moyá Moyá. A través del uso de esta herramienta ciudadana, este sujeto obtenía información sobre documentos, contratos y otras informaciones sobre empresas contratistas del gobierno, particulares y hasta denunciantes en casos penales, y con los documentos e informes que le entregaba vía transparencia el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Inai, el autonombrado “consultor” armaba expedientes que luego utilizaba para vender “protección” a empresas o particulares a cambio de no revelar la información que había obtenido por las vías oficiales. Así llegó a tener información sobre el caso Wallace, en la que aseguraba que Hugo Alberto Wallace Miranda estaba vivo y con ese presunto expediente en su poder acudió a visitar a Isabel Miranda y a pedirle dinero a cambio de no hacer pública la información que después aparecería publicada en varias columnas periodísticas ante la negativa de la madre de pagar lo que era en realidad una extorsión. El mismo modus operandi, que se convirtió también en un modus vivendi que le reportaba importantes ingresos, lo utilizó José Luis Moyá para presentarse ante directivos de Grupo Andrade y El Heraldo de México a los que les dijo tener información, obtenida vía transparencia, sobre los contratos que habían obtenido empresas de ese grupo empresarial para el arrendamientos de autos y patrullas en dependencias federales y locales, contratos que por lo demás son todos lícitos y a los que no se les ha comprobado ninguna irregularidad. Para no hacer públicos esos contratos, Moyá Moyá solicitó un pago mensual a los directivos de Grupo Andrade, algo así como una extorsión en forma de iguala a cambio de un supuesto silencio. Ante la negativa de pagarle por su supuesta información comprometedora, el Zar encontró a otros empresarios, competidores de Andrade en el negocio de la venta y el arrendamiento inmobiliario que sí aceptaron pagarle a Moyá por su información, misma que utilizaron para pagar varias preguntas en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador (donde ya se ha documentado las preguntas se venden y se pagan cuando hay temas de los que empresas, consultoras o cualquier interesado quieren que el Presidente opine) y así trataron de posicionar el tema de los contratos de Grupo Andrade como un asunto irregular o de corrupción. A través de portales de internet como El Centinela, a cuyo titular le daban las preguntas previamente redactadas, insistieron una y otra vez en pedirle al Presidente un pronunciamiento sobre dichos contratos, a lo que López Obrador llegó a declarar, ante la insistencia, que pediría una investigación al respecto al SAT y a otras áreas de su gobierno. Quién sabe si esa investigación realmente se las instruyó el Presidente a sus colaboradores y si presentarán algún resultado, pero lo que sí es un hecho es que el Grupo del Heraldo de México presentó ya dos denuncias por el delito de extorsión contra José Luis Moyá Moyá; la primera que ya derivó en la Carpeta de Investigación CUJ-1/UI-1 s/D/16561/11-2019 presentada justamente en el 2019 y la segunda se presentó el pasado viernes en la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez y que fue radicada la Fiscalía Antisecuestros. Veremos en qué termina esta trama que, por lo pronto, revela la existencia de personajes que ha convertido la práctica de la transparencia, una herramienta ciudadana y periodística para tener acceso a información oficial, en un jugoso negocio… Los dados mandan Serpiente Doble. La semana empezó complicada.
