¿Qué diferencia hay entre un loco supremacista blanco que entra armado a un centro comercial y dispara contra la multitud matando a 22 personas, entre ellas a 8 mexicanos a los que dice odiar, y cuatro o cinco sicarios, no menos locos, que entran a un bar disparando también a la multitud, luego rocían gasolina en el lugar y lanzan bombas molotov para incendiarlo y se salen sellando las puertas para que todos los ahí presentes, más de 28 mexicanos a los que también odian, mueran quemados, intoxicados y calcinados, cuando no asesinados por las balas? El acto de crueldad extrema, terror e inhumanidad es exactamente el mismo; la única diferencia es que los primeros 8 mexicanos murieron en El Paso, Texas, territorio de los Estados Unidos, y los 27 baleados e inmolados en una venganza en Coatzacoalcos, Veracruz, territorio mexicano.
¿Por qué entonces el gobierno de México reacciona de forma tan distinta ante la muerte de los mismos mexicanos? Cuando ocurrió la masacre de El Paso, con toda su carga de violencia y odio racial, la administración del presidente López Obrador alzo de inmediato la voz no sólo aquí sino en los Estados Unidos y mandó al canciller Marcelo Ebrard a la frontera con Texas para exigir castigo a los responsables de la masacre, denunciar el atentado contra los 8 mexicanos como “un deleznable y condenable acto de terrorismo” y pedir de inmediato que la Fiscalía General de la República iniciara una carpeta de investigación contra el asesino con miras a extraditarlo y juzgarlo en México; mientras que hoy el presidente sólo reaccionó cuando los reporteros le preguntaron en su conferencia mañanera lamentando la masacre y pidiendo a la FGR “que participe en la investigación” y que “se investigue a autoridades si se detuvo antes a estas personas (los brutales asesinos) y se les dejó en libertad”.
No hubo en la declaración del presidente una condena a lo que, quizás por motivos distintos pero con el mismo nivel de crueldad y saña, también es un acto de terror y de terrorismo contra mexicanos civiles indefensos. Mucho menos hubo reacción ya no digamos del canciller Ebrard, que interviene en asuntos ocurridos en el extranjero, sino del gris y anodino secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que ni siquiera se pronunció sobre el tema ni subió ningún video condenando el hecho o acusando el acto de terror cometido contra los habitantes de Coatzacoalcos y menos se trasladó a Veracruz para atender personalmente el asunto y dirigir las primeras acciones para capturar a los responsables; igual que los de El Paso, estos 27 mexicanos asesinados cruelmente, junto con otros 11 heridos en condiciones de gravedad, estaban en una actividad meramente recreativa y no tenían conflicto alguno ni estaban vinculados a ningún tipo de actividad delictiva. ¿Cuál fue su error o su fatalidad? El mismo que los que murieron en el Walmart de la ciudad texana: estar en el momento y el lugar equivocados y ser el blanco de una violencia y un odio irracional y cruel contra su humanidad.
Y vendrán los expertos y los estudiosos de estos temas a decir que no se puede hablar de “terrorismo” en las constantes masacres que vivimos en todo el territorio nacional, bajo el tecnicismo de que “no hay en estos atentados crueles e inhumanos motivos ideológicos, raciales o políticos”. Pero el odio y el desprecio que se manifiesta contra la vida de civiles inocentes, sacrificados en aras de una venganza o de reivindicar la pertenencia a uno u otro grupo delictivo, es exactamente el mismo para los 8 mexicanos asesinados en El Paso o las decenas de muertos en ataques con bombas en Siria o Afganistán, que el que mueve a los terroristas asesinos que ayer condenan a morir calcinados a estas 27 personas en Coatzacoalcos, o los cinco sujetos que antier entran armados a una fiesta y disparan ráfagas de armas de grueso calibre contra los asistentes y matan a tres niñas de 14, 13 y 4 años de edad y a un adulto; o antes contra nueve sujetos torturados, asesinados y colgados en un puente o contra miles (20 mil en total de enero a julio de este año) que mueren diariamente de manera violenta en el país, hombres, mujeres, niños.
Le pueden llamar como quieran, pero el nivel de crueldad e impunidad con el que están actuando los grupos del crimen en México es de terror total y absoluto y sus acciones son por tanto de terrorismo contra la población civil de este país. Todo ante un Estado que desaparece y, que totalmente ausente, apenas le alcanza para “condenar”, “lamentar”, “ofrecer investigar”. Es la segunda gran masacre que ocurre en Veracruz en los últimos meses, desde que el estado es gobernado por un mandatario de Morena como Cuitláhuac García, en múltiples ocasiones defendido y reivindicado por el presidente López Obrador. La primera fue Minatitlán con sus 13 muertos apenas en abril pasado, entre ellos un niño de 1 año de edad.
Ayer fueron 28 vidas inocentes que se suman a las más de dos decenas de miles de muertes que ya pueblan este primer año del gobierno de la “Cuarta Transformación” Y surgen dos dudas: ¿cuántas muertes violentas más para que tome forma la estrategia contra el crimen hoy difusa y casi inexistente? ¿y de estos muertos, sus muertos, también hablará el presidente en su primer informe “no por presumir”?
NOTAS INDISCRETAS…
La violencia sigue en Nuevo Laredo, donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha acusado “responsabilidad del gobierno federal” en el recrudecimiento de los enfrentamientos que están ocurriendo en la estratégica ciudad fronteriza entre grupos del crimen organizado.
Y es que a la muerte en una emboscada del policía estatal Raúl M. atacado junto con otros agentes locales mientras dormían en un hotel el viernes pasado, se suma un ataque ayer por la noche de sicarios al Cuartel Militar de Nuevo Laredo en el que, entre ráfagas y tiroteos, se reportó la muerte de siete presuntos delincuentes en un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales. Lo delicado es que detrás del señalamiento del gobernador Cabeza de Vaca sobre negligencia en la responsabilidad federal que ha agravado la violencia entre grupos rivales en la frontera tamaulipeca, hay hechos concretos y verificados como el hecho de que el Ejército retiró, por instrucciones de sus mandos, un retén que mantenía en la localidad de Los Guerra, que servía como raya para evitar el paso de grupos criminales en la zona de la llamada Frontera Chica. Al eliminarse ese retén empezaron los enfrentamientos fuertes entre grupos en Ciudad Mier y Ciudad Miguel Alemán para disputarse el territorio para trasiego de drogas y personas. En paralelo, informes señalan que los soldados asignados al Cuartel de Ciudad Mier no estaban acudiendo a las instalaciones militares o evitaban enfrentarse a los grupos criminales cuando estos chocaban en la zona. “La prioridad en estos momentos que se ha dado a los militares es el tema migratorio”, dice una fuente tamaulipeca que confirma que de todos estos hechos se advirtió a los mandos militares desde las autoridades del Estado, y que incluso el gobernador Cabeza de Vaca alertó a las autoridades federales durante una sesión del Grupo de Coordinación Estatal para la Paz celebrada en Ciudad Mier y posteriormente en una reunión del Gabinete Federal. Finalmente fue restituido el retén en Los Guerra y se están reforzando los operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Estatal y miembros del Ejército, lo cual ha provocado la reacción de los grupos delictivos. Pero lo que queda de fondo en todo este tema es que a los soldados parecen estarles instruyendo desde “el centro” a que bajen la guardia y eviten los enfrentamientos con el crimen organizado, lo cual aumenta el margen de agresividad e impunidad con el que actúan las células armadas del narcotráfico…Los dados mandan Serpiente. Descendemos.
