Con la muerte del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza , se queda trunca una de las investigaciones de corrupción más importantes del pasado sexenio. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto , tiene abierto un expediente en el que investigaban manejos irregulares en varias de las obras millonarias ejecutadas desde la SCT en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que incluye desde el inconcluso tren México-Toluca, hasta los programas carreteros federales y varios contratos públicos entregados a la empresa OHL tanto en el Estado de México como a nivel federal.
Aunque en la UIF de Hacienda se afirma que el expediente sobre la corrupción en la SCT no se agota sólo en la figura del exsecretario y que podría continuar abierta la investigación sobre otros exfuncionarios involucrados, personajes cercanos al político mexiquense que falleció ayer en un hospital de la Ciudad de México, luego de ser internado esta semana por un infarto cerebral, sostienen que antes de enfermar y morir, Gerardo Ruiz Esparza ya había hecho una “cesión de bienes” notariada, que incluía sus cuentas bancarias e inversiones, a su esposa y a su hijo, Gerardo Ruiz Dosal , y que ese movimiento lo hizo precisamente al enterarse de que era investigado por las autoridades hacendarias.
Con esa maniobra legal de haber cedido y heredado en vida todos sus bienes y recursos financieros, se perdería la ruta del dinero que podía haber investigado Inteligencia Financiera, incluidos recursos que pudieron haber salido de fideicomisos públicos. Ese dinero, en teoría, quedaría “inimputable” y no podría ser reclamado por las autoridades federales aún cuando decidieron continuar la investigación, a pesar de la muerte del ex titular de la SCT, y aunque la Fiscalía General de la República llegara a lograr que un juez fallara sobre los presuntos desvíos de recursos públicos.
“Ruiz Esparza –dicen las fuentes cercanas a la familia– sabía que era el siguiente en la lista de Santiago Nieto y por eso se previno cediendo todos sus bienes materiales y económicos a sus familiares, además de que con esa acción legal, pudo haber tratado de proteger también a sus dos jefes en el gobierno anterior: Luis Videgaray Caso y el expresidente Enrique Peña Nieto ”.
El comentario de la fuente ilustra el nivel de cercanía que tuvo Gerardo Ruiz Esparza con el presidente Enrique Peña Nieto, quien a pesar de los escándalos y los señalamientos que proliferaron en su contra desde el sexenio pasado, nunca quiso removerlo del cargo y lo aguantó aún después del fracaso del tren México-Querétaro y de todo el costo que tuvo para el gobierno peñista el tema de la inversión china en esa obra, que estuvo detrás del golpeteo y declive político del ex presidente.
Ruiz Esparza fue mucho más que un amigo de Peña Nieto. Político de la vieja guardia mexiquense era uno de los hombres más cercanos al también fallecido Alfredo del Mazo González, de quien fue coordinador de su fallida campaña por el gobierno de la CDMX en 1997. Colaboró con varios gobernadores y, entre la clase política mexiquense, era visto como una de sus posiciones estratégicas en el gabinete del ex presidente. Su paso por la SCT tuvo precisamente la función de garantizar a los políticos y empresarios del Estado de México contratos e inversiones importantes del sexenio que fueron desde el mencionado tren México-Toluca, hasta el cancelado NAIM de Texcoco, pasando por los programas de infraestructura carretera.
Veremos si ese expediente financiero que estaba próximo a judicializarse y que fue uno de los más nutridos del sexenio peñista –atravesado transversalmente por la corrupción en todas las áreas y niveles del gobierno federal— se cierra y se archiva con la muerte del exsecretario de Comunicaciones y Transportes y con su “cesión de bienes” anticipada, o si Santiago Nieto y la UIF, persistente como es, encuentra materia y presuntos responsables adicionales para continuar las investigaciones y pedirle a la Fiscalía General de la República que proceda penalmente.
NOTAS INDISCRETAS…
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, declaró ayer que no quiere “pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria”, esto ante la postura del Subsecretario de Salud de negarse a realizar pruebas masivas de Covid-19 en el país. De hecho, Alfaro, que ha sido uno de los gobernadores más activos en la pandemia y de los más críticos con la estrtegia del gobierno federal, acusó ayer que la Administración General de Aduanas, que depende del SAT y de su directora de hierro, Raquel Buenrostro, siguen poniéndole trabas a la importación de un paquete de miles de pruebas rápidas que el gobierno de Jalisco compró a una empresa que las trajo del extranjero, pero que han sido retenidas en la Aduana mexicana en la frontera con Estados Unidos. Inlcuso, el gobernador tuvo que reconocer que la empresa a la que se había contratado por 20 millones de pesos, canceló la entrega de las pruebas y el contrato, ante los impedimentos que le pusieron en Aduanas para importar los insumos médicos. Por eso Alfaro sospecha que desde el gobierno federal, y menciona directamente a López-Gatell, le quieren impedir que haga pruebas para que no exhiba las estadísticas oficiales de contagio del Covid. ¿Será?… Por cierto que en la primera reunión virtual que tuvieron los gobernadores del país con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario López-Gatell, varios mandatarios sacaron el tema y la exigencia de que el gobierno federal explique si les va a dar “recursos extraordinarios” para atender la emergencia sanitaria y ayudar a las empresas y negocios locales para cuidar el empleo. Dicen que a cada comentario que hacía un gobernador sobre el dinero, doña Olga, Marcelo y López-Gatell le hacían una faena digna de Manolete, es decir, las toreaban para no comprometerse a hablar de dinero extra para los estados… Otros gobernadores que se quedaron con un palmo de narices en la citada reunión virtual fueron los de Sonora, Claudia Pavlovich; de Chihuahua, Javier Corral, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quienes no lograron convencer al gabinete del presidente López Obrador, de que incluyera a la minería como un sector esencial y, por lo tanto, exento de ser paralizado durante la actual contingencia. En la reunión remota, los tres mandatarios norteños expusieron las consecuencias que generará la medida para sus entidades, especialmente en los lugares en donde la única opción de trabajo es la minería. Sonora es el principal estado minero del país, con 30 por ciento de la producción nacional de ese sector, líder en la extracción de minerales como el cobre, en tanto que Chihuahua genera aproximadamente 12 por ciento del total del país, mientras que Coahuila cuenta con la principal cuenca carbonífera de México, que suministra insumos para la Comisión Federal de Electricidad. A pesar de eso y de los argumentos que dieron los tres gobernadores, al término de la reunión se determinó no considerar como esencial a la minería, y esta tendrá que paralizarse hasta el 30 de abril, lo que, sin duda, tendrá efectos negativos como desempleo, falta de pago de impuestos federales, estatales y municipales. Todo un paquete el que le dejó el Gobierno Federal a los estados mineros, quienes, tienen una bomba de tiempo en sus manos…Giran los dados. Escalera.
