La economía del país en los tiempos de la 4T, ya de suyo estancada, sin crecimiento y sumida en la incertidumbre y la falta de inversiones públicas y privadas, se ve ahora seriamente amenazada por los nubarrones que se ciernen sobre la economía internacional y las advertencias de una posible recesión mundial, derivada de la caída del crecimiento en Europa y los Estados Unidos. Al deterioro de los indicadores económicos en casi todo el mundo y la “desaceleración sincronizada” sobre la que ha alertado el FMI, se suma la no aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que puede ser “la puntilla” para la recesión económica para la que “México debe empezar a prepararse”, según la advertencia que ha lanzado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Y es que sigue sin verse con claridad si la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes va a ratificar el T-MEC antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso estadounidense, en noviembre próximo, sobre todo a partir del extraño retraso que los demócratas han mostrado sobre el tema y que hoy se ve aún más complicado por el inicio de un juicio político o impeachment en contra del presidente Donald Trump.
En México parece haber confusión sobre las razones de fondo por las que los demócratas han retrasado el análisis y la definición sobre el nuevo Tratado comercial de América del Norte. La mayoría de los análisis, tanto del gobierno como de la opinión pública, atribuyen la indefinición de la bancada que encabeza Nancy Pelosi, a que los representantes demócratas “no quieren darle a Trump y a su gobierno, el triunfo político que representaría la ratificación y entrada en vigor del T-MEC”. Pero esa lectura está equivocada, porque la verdadera razón que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, tiene más que ver con que no ven todavía “garantías completas” de que su demanda de cambios e igualdad de condiciones en el ambiente laboral de México con respecto a los sindicatos de Estados Unidos y Canadá se esté cumpliendo cabalmente.
La Reforma Laboral aprobada por el Congreso mexicano, en la que se introducen cambios importantes como la libertad y la democracia sindicales, además de un cambio total del modelo de justicia laboral, fueron sí un primer paso en el cumplimiento de las condiciones que puso el Partido Demócrata para dar su aval en el Congreso al nuevo Tratado comercial, pero la sola aprobación de la nueva ley laboral, que aún no sienten que tenga todas las condiciones para cumplirse realmente en la práctica, es algo que sigue frenando el voto de los demócratas en el Congreso de EU.
Por ejemplo, el grupo de Nancy Pelosi ha cuestionado y ha expresado “serias dudas” de que en el Presupuesto 2020, el gobierno del presidente López Obrador esté destinando los recursos suficientes para la instrumentación, en la práctica, de las nuevas leyes laborales. Las reducciones presupuestales a la Secretaría del Trabajo, del 33% en los recursos con que dispondrá el próximo año, metieron mucho ruido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en donde no ven presupuesto suficiente, por ejemplo, para construir y echar a andar todo el nuevo sistema de Justicia Laboral, consistente en desaparecer las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, para echar a andar las Salas Laborales en el Poder Judicial.
Y ahí estriba uno de los temas que el gobierno de López Obrador no ha sabido explicarle al grupo comandado por Nancy Pelosi: que los recursos para construir la nueva infraestructura física y jurídica del nuevo modelo de Justicia Laboral que operará en México, no están en manos de la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, sino del Poder Judicial de la Federación, que son los que construirán, equiparán y operarán los nuevos tribunales para resolver las demandas, pleitos y recursos en el ámbito laboral.
Hace un mes, cuando detectaron la verdadera preocupación demócrata que estaba frenando la votación del T-MEC, desde el gobierno de la 4T mandaron al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, como encargado de ir a hablar con Nancy Pelosi y transmitirle a los demócratas la seguridad de que la Reforma Laboral y su nuevo modelo de sindicalismo democrático y justicia laboral, cuentan con los recursos económicos suficientes para caminar el próximo año. Cuentan fuentes del Capitolio en Washington, que el 11 de septiembre pasado, hasta la oficina de Pelosi llegó el subsecretario mexicano dispuesto a informar y convencer a la lideresa demócrata. Pelosi recibió, con toda la cortesía y el protocolo político al enviado lopezobradorista y lo empezó a escuchar con atención. Pero después de media hora de hablar sin detenerse, la mayor parte del tiempo sobre él y su participación en las negociaciones del T-MEC y sobre su importante papel en la relación comercial entre México y Estados Unidos, el discurso egocéntrico del subsecretario Seade, comenzó a aburrir a la líder de la mayoría demócrata, que comenzó a ver su reloj y hacerle señas a sus asesores para que le cortaran el discurso al funcionario mexicano. Al final, en cuanto pudo, Nancy Pelosi le dio las gracias a Jesús Seade por la visita y salió, no sólo sin la información que necesitaba sobre el avance y las garantías de implementación de la Reforma Laboral mexicana el próximo año, sino con cara de “¿Quién me manda a perder el tiempo con estos mexicanos que hablan mucho y no dicen nada?”.
Ante el fracaso de Seade y la desinformación que aún priva en el bancada demócrata de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto para la Reforma Laboral, se hablaba de que podrían ir a Washington, a hablar ahora sí del tema y a explicarlo bien, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la misma secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; pero hasta ahora lo único confirmado es que Herrera sí estará en Washington la próxima semana pero para asistir a la reunión del Banco Mundial y del FMI, aunque no está confirmado en su agenda un encuentro con Nancy Pelosi. Sería bueno que el secretario Herrera se diera un tiempo para explicarle a la líder demócrata el tema presupuestal en México y despejar cualquier duda —sin dedicarse a hablar de sí mismo como hizo Seade— para ver si, en medio del tema del impeachment contra Trump, los demócratas resuelven sus dudas y se dan un tiempo para ratificar, a mediados de noviembre, el T-MEC. Si no es entonces, ya no será sino hasta el 2021, y eso, en medio del negro panorama de recesión al que se enfrenta, son pésimas noticias para la economía de México.
NOTAS INDISCRETAS…
El nombre de Javier López Casarín, el “asesor externo” del canciller Marcelo Ebrard que, sin tener un cargo oficial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, viaja con Pasaporte Diplomático y participa en los temas, negociaciones y eventos de la política exterior de México, lo revelamos en esta columna desde el 7 de julio pasado. Ya entonces decíamos que el joven empresario, que acompaña a todas partes, en misiones y viajes diplomáticos, al titular de la SRE y que públicamente se ostenta como “Innovador y Emprendedor Social”, tenía una amplia injerencia en los asuntos diplomáticos del país y que disponía no sólo del Pasaporte oficial para Diplomáticos expedido por Relaciones Exteriores (No. D00058887, expedido el 17 de enero de 2019 y con vigencia hasta el 17/01/2020), sino también del manejo de recursos para organizar eventos oficiales para la Cancillería. Hoy, que se revela el papel que tuvo López Casarín en las primeras negociaciones del tema migratorio con el gobierno de Donald Trump, desde noviembre de 2018 y en la primera parte del actual gobierno, de acuerdo con lo que afirman los periodistas Julie Hirschfeld y Michael D. Shear, corresponsales del New York Times, en su reciente libro Border Wars: inside Trump´s Assault on Inmigration, está claro que, de manera extralegal y extraoficial, el “asesor externo” del canciller Ebrard tiene una participación importante en temas oficiales, a pesar de que su actuación raya claramente en la ilegalidad. Porque además del libro de los periodistas estadounidenses, fuentes de la misma SRE confirman la existencia de una carta de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, enviada al gobierno mexicano semanas antes de su renuncia, en la que agradece a Javier López Casarín “su contribución en el trabajo de las negociaciones migratorias”. La pregunta sería ¿en calidad de qué el joven empresario participó en esas negociaciones? Y para que no queden dudas, de que López Casarín se mueve con manga ancha en la relación México-Estados Unidos, el 31 de julio pasado se le vio como invitado del Consúl General de EU, Sue Saarnio, en San Diego, donde radica, representando al gobierno mexicano en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Autopista SR11 en San Diego, que es parte de los proyectos de la futura Garita Otay, que conectará Tijuana y San Diego. Ante toda esta actividad extralegal y extraoficial, volvemos a preguntar lo mismo que en julio pasado, el que tenga toda la confianza del canciller Ebrard y que incluso se hable de “negocios” comunes, ¿cómo justifica la participación de López Casarín en temas oficiales del gobierno mexicano sin tener cargo público?...Los dados mandan Doble Serpiente. Semana intensa.
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