Aunque en el discurso el presidente López Obrador diga que sólo estamos ante una “crisis transitoria” y que los efectos de la pandemia del coronavirus le cae “como anillo al dedo” a su proyecto de transformación, la realidad es que la dimensión de los efectos negativos que tendrá la enfermedad del Covid-19 en México son aún incalculables para las propias autoridades federales, tanto en la salud de los mexicanos como en la economía nacional por la recesión en que caeremos este año, pronosticada por todas las agencias y analistas nacionales e internacionales y reconocida ya oficialmente por la misma Secretaría de Hacienda y los analistas del Banco de México.
En el tema sanitario lo único que puede salvar al país de una catástrofe, es el cumplimiento que la sociedad haga del aislamiento social que podría reducir el número de contagios, pero tampoco va a evitar que en las próximas semanas se disparen los casos confirmados de Covid-19 y que la capacidad hospitalaria se vea comprometida, incluso con casos como los que ya comenzaron a ocurrir en hospitales regionales del IMSS, como el de Monclova, donde la falta de equipamiento, insumos y medidas de seguridad y protección para el personal médico (denunciadas en varios estados) convertirán a algunas instalaciones médicas en focos de propagación del virus. Las muertes serán inevitables y con todo y el Ejército y su Plan DN-III (por cierto un plan específicamente diseñado para “desastres”), la demanda de hospitalización para pacientes críticos podría rebasar la capacidad de respuesta a nivel federal y en los estados.
En esos escenarios, que nadie quiere pero que están contemplados en las proyecciones federales, el gobierno ha comenzado a tomar algunas decisiones que buscan garantizar la disponibilidad de recursos, sobre todo a partir de dos premisas: el Presidente no quiere aumentar el déficit público ni contraer más deuda (como sí lo están haciendo la mayoría de los gobiernos para enfrentar los efectos de la pandemia) y tampoco se quieren cancelar o sacrificar “por ningún motivo” los “proyectos emblemáticos” de la 4T (Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya , rescate de Pemex ) y, sobre todo, los programas sociales y de apoyo directo a la población más vulnerable.
Por eso la polémica decisión de decretar la extinción de fideicomisos públicos, una figura que siempre ha sido vista con recelo y desconfianza por López Obrador y que, efectivamente fue utilizada en gobiernos anteriores como un instrumento para el desvío y ocultamiento de recursos públicos, aunque en los últimos años se han aprobado reformas legales y mecanismos que transparentan y vigilan el desempeño de esos fondos públicos utilizados en su mayoría para pagos de pensiones, ahorros como los del Fondo de Estabilización (que por cierto ya utilizó este gobierno para inyectarle recursos a Pemex), prestaciones laborales, desastres naturales y, precisamente Gastos Catastróficos en la Salud.
¿Podría el gobierno federal en estos momentos disponer de recursos de esos fideicomiosos sin estructura orgánica? Sí, en teoría puede, pero el entramado legal y financiero como están diseñados esos fondos, hará muy complicada la disponibilidad de esos recursos, que significan cerca de 878 mil millones de pesos, según el reporte de Finanzas Públicas al cierre de 2019, sin que se afecte a trabajadores, jubilados y a algunos programas públicos importantes o sin que se enfrenten incluso recursos legales de impugnación.
Pero esa es sólo una medida, que tiene que ver con los escasos recursos financieros para atender la pandemia ; hay otra decisión que están tomando en el Palacio Nacional y que tiene que ver con la forma de atender y enfocar el tamaño de esta emergencia sanitaria. El gobierno de López Obrador tiene lista una reforma a la estructura de la Secretaría de Salud en la que se va a desaparecer la Dirección de Epidemiología, hoy a cargo del doctor José Luis Alomía , para crear en su lugar un “Centro Nacional de Inteligencia en Salud”, algo como el equivalente al antiguo Cisen pero para emergencias y crisis sanitarias como la del Covid-19. Hasta ahí el tema suena lógico y habla del tamaño real con el que las autoridades están viendo los efectos de esta pandemia, que dista mucho de la “crisis transitoria” o el “anillo” a la medida que comenta el Presidente.
La propuesta de reforma, que surge del equipo del doctor Hugo López Gatell, va en la línea de la gravedad que tiene este tema en el mundo y la forma en que la mayoría de los países está enfocando el problema, y estaría acorde con la intención de crear un área de “inteligencia” especializada en el tema de salud pública. Lo que no parece encajar con esa intención es el perfil de la persona que están pensando nombrar como titular del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Entre científicos allegados al gobierno de la 4T mencionan el nombre de Dwight Dyer, un consultor independiente en temas de energía y seguridad en México, con doctorado en Ciencia Política y maestría en Estudios Asiáticos por la Universidad de California de Berkeley.
Los mismos científicos que conocen el proyecto de reforma de primera mano, cuestionan por qué se nombraría en esa nueva área de inteligencia en salud a un especialista en temas energéticos, políticos y de seguridad, más que a un científico. El currículum de Dyer confirma experiencia en el sector público y en el privado. Fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener de 2017 a 2018, en el sexenio de Peña Nieto, y antes, en el gobierno calderonista, de 2009 a 2012 trabajó como director General de Análisis de Inteligencia en el Cisen. El resto de su experiencia en el sector privado fue como analista de riesgos y consultor independiente.
De concretarse la reforma a la estructura de Salud y el nombramiento mencionado en la nueva área de inteligencia sanitaria, el mensaje sería que por el tamaño y el nivel de daño que dejará la pandemia en México —como en el resto del mundo— en el gobierno lopezobradorista, más allá del discurso falaz y demagógico que maneja el Presidente, están viendo la realidad que también ven los gobiernos del resto de los países: que el Covid-19 es una amenaza histórica no sólo para la salud, sino para la seguridad nacional y la estabilidad social y política del país y del mundo.
NOTAS INDISCRETAS…
En medio de la contingencia sanitaria en el país y por razones que no están muy claras, el Gobierno federal volvió a otorgarle el 90% de los contratos de la licitación del IMSS para el servicio de laboratorios de análisis clínicos, a empresas que integran el llamado “Cártel de la Sangre”, como Hemoser, Centrum Promotoria Internacional e Impromed, a pesar de que varias de ellas habían sido “rescindidas” en sus contratos en Puebla y en varios estados de la República por las delegaciones estatales del IMSS, por diversas irregularidades en el cumplimiento de sus contratos. Según el “Acta de Fallo” de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 de la Dirección de Administración del IMSS, fechada el 1 de abril de 2020, las empresas mencionadas, que habían sido acusadas de conformar un “cártel” en el que sus dueños se confabulaban para acaparar, con prácticas de sobornos y “moches”, licitaciones públicas e inhibir la competencia en el área de los suministros para laboratorios clínicos en el sector público, se llevaron el 90% de la millonaria licitación en donde el contrato más bajo fue por 49 millones de pesos, y el más alto por 1,999 millones de pesos, todos para el abasto de insumos para laboratorios de análisis clínicos en el Seguro Social. La decisión, que pasó desapercibida en medio de la emergencia por coronavirus, echó por tierra la idea de que la 4T iba a “limpiar de corrupción” la industria de suministros para laboratorios y, según versiones que dan algunos laboratorios afectados, tuvo que ver con “cabildeos y padrinazgos” de algunos funcionarios públicos en la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud. Es el caso de la empresa Hemoser, que a pesar de haber sido sancionada en julio pasado por “incumplimientos” o que le rescindieron un contrato en Puebla el 31 de diciembre de 2019, tuvo el padrinazgo del poderoso empresario Patrick Devlin, quien maneja la Comisión de Salud tanto en Coparmex como en el Consejo Coordinador Empresarial. Devlyn cabildeó, según afirman de los laboratorios, para que Hemoser se llevara el segundo contrato más grande de esa licitación por 13 partidas y un monto total de 1,275 millones de pesos. Así que con “padrinos” y cabilderos, el “Cártel de la Sangre” sigue chupando contratos en plena 4T…En medio del embate del coronavirus, en el Ayuntamiento de Guadalajara, la segunda ciudad más afectada en el país por esta pandemia, el alcalde de la “Perla Tapatía”, Ismael del Toro Castro, logró que todos los síndicos que integran el Cabildo Municipal, de los distintos partidos, hicieran a un lado sus filias y fobias políticas, para suscribir un pronunciamiento público en el que todos se comprometen a trabajar para garantizar la salud de los habitantes de la capital de Jalisco y que la comunidad tapatía cuente con todos los recursos para garantizar los servicios médicos, sociales y humanos para enfrentar con éxito esta epidemia. “Nuestro compromiso con la sociedad nos obliga a trabajar sin divisiones, por la salud, la economía y el patrimonio de la ciudadanía, que en estos momentos ameritan especial atención. Reconocemos esta coyuntura como un contexto que nos demandará el enfoque de todos los recursos y los alcances, a quienes conformamos el sector público y privado, es por ello que reiteramos que las expresiones políticas que conformamos este cuerpo edilicio, respaldamos las labores que el gobierno municipal ha llevado a cabo para contener la emergencia y proteger la salud de las personas”, dice el documento fechado el 31 de marzo y firmado por el alcalde Del Toro Castro y por los regidores de MC, Morena, PRI, PAN y un regidor independiente. Si ese mismo espíritu del cabildo de Guadalajara en esta emergencia lo tuviéramos a nivel nacional, otro gallo nos cantaría… Los dados mandan Serpiente. Semana difícil para todos los mexicanos. Arriba el ánimo y la unión nacional.
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