La estrategia política de señalar al pasado y acusarlo de todo lo malo, sin duda tiene beneficios y le da dividendos coyunturales a un gobierno que inicia. El discurso que ve en el pasado el origen de todos los problemas y de lo que está mal en una sociedad, sirve incluso como legitimador de una nueva administración y puede darle margen de maniobra a un gobernante que despega su mandato. Pero en algún punto, discurso y estrategia de justificar todos los problemas culpando al pasado, tiene fecha de caducidad, cuando la gente empieza a exigir resultados de gobierno y no sólo justificaciones.
Como todo presidente que inicia, y quizás él mucho más que sus antecesores, Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno en 2018 con un bono democrático . 30 millones de mexicanos que habían votado por él le daban no sólo sus mejores expectativas y esperanzas y otros tantos le otorgaban el beneficio de la duda en la llamada “curva de aprendizaje” al comienzo del sexenio. Pero hay un momento en el que empiezan a pesar más los resultados que los discursos y la repartición de culpas al pasado.
No poder presentar resultados concretos de gobierno, no estar concentrado en los esfuerzos institucionales para atender y solucionar las principales necesidades de la gente, hace que se empiece a perder la credibilidad en el gobierno.
El resultado de la Consulta Popular del domingo pasado, más allá del análisis de los números o de la eficiencia organizativa, podría también leerse como un divorcio definitivo de la gente con el gobierno. Un gobierno que impulsa una agenda en la que una buena parte de la sociedad ya no se identifica y no la hace suya.
Lo que se vio el domingo en un ejercicio de participación que si bien es importante y sienta un precedente para la democracia participativa , no parece haber justificado un gasto económico tan grande, de 526 millones de pesos en momentos en los que hay una pandemia en crecimiento y una crisis económica y de recursos en el país. Se diría a partir de eso que la gente y sus necesidades van por un lado y el Gobierno de la República, con su agenda, va por otro camino. Los dos por caminos separados.
Así que el 7.11% de participación final que tuvo la Consulta puede significar muchas cosas, según el cristal con que se quiera ver. Puede ser considerado un “éxito de la democracia” por los 6 millones 608 mil ciudadanos que decidieron salir a participar y expresar su opinión sobre la pregunta planteada, pero también puede entenderse como la comprobación de que, para el gobierno de López Obrador, el pasado ya no es lo que era y dejó de ser una veta y un discurso con el que puede seguirse legitimando y justificando la ausencia de resultados.
En todo caso, si la Consulta Popular y su pretendido “juicio a los expresidentes” era parte de la agenda de este gobierno y de su partido, está claro que la agenda de la 4T ya no es necesariamente la agenda de muchos mexicanos ni de lo que hoy necesita el país.
NOTAS INDISCRETAS…
Ahora resulta que la campaña presidencial del PAN en 2012 se manejó sola y que los gastos, inversiones y erogaciones financieras para el proselitismo del que era entonces el partido gobernante se hizo casi por arte de magia y sin que nadie fuera responsable. Al menos eso parece tras las reacciones que generó la noticia de que la UIF y la FGR están investigando depósitos y egresos por cerca de 63 millones de pesos, realizados en 2012 a un despacho legal vinculado directamente a Gil Zuarth , que coincidente con las fechas de esas transferencias, era el coordinador de la campaña de la candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota . Tanto la excandidata y actual senadora del PAN, como el que fuera su coordinador, han salido a deslindarse y a negar que hayan tenido algo que ver con los movimientos de dinero en la campaña presidencial de aquel año. “Yo no tenía control de los dineros en la campaña presidencial. Según la normatividad entonces vigente, los ingresos y egresos de la campaña debían administrarse en cuentas bancarias mancomunadas entre la tesorería del partido y el responsable de las finanzas de la campaña, que no era yo”, dijo ayer en entrevistas Roberto Gil Zuarth, mientras Josefina también se desmarca de cualquier manejo financiero. Veremos qué tanto logran documentar Santiago Nieto y María de la Luz Mijangos desde la UIF y la Fiscalía Anticorrupción, respectivamente, pero por lo pronto está claro que Gil Zuarth sigue siendo un blanco muy claro e importante para la 4T, no sólo por sus conexiones políticas con el calderonismo, con el priismo de Peña Nieto y sus reformas y con el gobernador tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca , sino también porque hay otras razones extrapolíticas que lo han colocado como un objetivo prioritario para el combate a la corrupción del pasado reciente. Diríamos, por no decir más, que la investigación y denuncias contra el panista tiene que ver con las sábanas de información, con las sábanas financieras y de gastos de campaña, pero también con las sábanas de seda… Ayer comenzó lo que bien podría llamarse “la guerra del gas”. Las reacciones de las empresas gaseras al nuevo sistema de fijación y control de precios máximos del gas en el país ya comenzaron y lo hicieron de una manera extrema: con un paro ayer de 8 mil pipas de gas LP que dejaron de abastecer el combustible a toda la Zona Metropolitana del Valle de México y a otros cinco estados de la República. Anoche dueños de pipas para tanques estacionarios y de camiones repartidores de cilindros de gas, anunciaron que mantendrán su paro a nivel nacional “de manera indefinida” hasta que el gobierno rectifique en la disminución de cerca del 11% de los precios del gas que fue decretada este lunes por la Comisión Reguladora de Energía y que, según los distribuidores del gas en todo el país, les vuelve incosteable su actividad. Empezó dura la “guerra del gas” y eso que, hasta ahora, los cinco grandes consorcios, que según el gobierno controlan el mercado privado del gas, Grupo Tomsa, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza, no han dado la cara ni han dicho esta boca es mía, aunque no es difícil adivinar que son los poderosos dueños del sector gasero los que están moviendo los hilos del paro nacional decretado por piperos y camiones repartidores de gas. Se sabe también que los consorcios preparan ya una batería de amparos para oponerse al decreto de la CRE y considerarlo inconstitucional. En fin, que el presidente López Obrador, con sus medidas, decretos y reformas, ha enfrentado y enfrenta ya varias guerras jurídicas, entre ellas las del sector eléctrico, la de la ampliación de mandato del ministro presidente de la Corte, la de su Ley de Telecomunicaciones que propone crear el cuestionado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y algunas otras que están pendientes de resolverse en la Suprema Corte de Justicia y en los Juzgados federales. Pero quizás por duras que han sido las batallas políticas y jurídicas en otros temas, ninguna será tan explosiva como la guerra del gas, que por su propia naturaleza le puede estallar en la cara al gobierno y a los mexicanos. Y eso que aún no se crea la anunciada empresa estatal del Gas Bienestar… Los dados giran. Tocó Serpiente.