La 4T no ha podido hasta ahora acabar con la corrupción histórica y endémica del sistema de aduanas mexicanas. Van dos funcionarios que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombra administradores generales del Sistema de Aduanas y ninguno de ellos ha logrado someter a eso que el mismo Presidente llama “el monstruo de 100 cabezas” por el tamaño de la corrupción que “es muy difícil” combatir. Otros, que conocen bien el complejo entramado de intereses, crimen, ilegalidad y millonarios negocios que se mueven por los puntos de importación y exportación del país, se refieren a las Aduanas Nacionales como el “píloro del sistema de corrupción”, por ser el paso obligado a las entrañas donde se produce la corrupción más pestilente de la administración pública federal.
Primero fue Ricardo Peralta, que duró apenas 5 meses en el cargo y que, aunque había puesto en marcha un plan de reestructura y “limpieza” de la corrupción aduanal, las diferencias tan fuertes que tuvo con la entonces directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, hoy ministra de la Corte, y con el entonces titular de Hacienda, Carlos Urzúa, le costaron su temprana remoción del cargo y el rescate de su protectora, Olga Sánchez Cordero, que lo nombró subsecretario de Gobierno. Y ayer, después de que se rumorara por varios días, Ricardo Ahued renunció también a 11 meses de haber sido nombrado por su amigo, el presidente López Obrador, quien lo había mandado, apenas en mayo de 2019, a “acabar con la corrupción” en las aduanas, misma encomienda que también le había hecho a Peralta.
En ambos casos, el de Ahued, a quien el Presidente recibió ayer en Palacio Nacional para aceptarle su renuncia y regreso al Senado, como el de Peralta, pesaron mucho en su salida, además de lo complejo de las redes de corrupción que no pudieron o no quisieron –por aquello de las amenazas hasta del crimen organizado— desmantelar en las Aduanas, las diferencias y encontronazos con las dos titulares que a ambos les tocaron como sus jefas al frente del SAT. Ahued nunca pudo entenderse con la dura Raquel Buenrostro, que le amarró las manos y le impidió hacer movimientos en las aduanas o tomar decisiones, al grado que el 15 de abril, en un oficio, Buenrostro enfermó al administrador de Aduanas y lo mandó a su casa a aislarse “con síntomas de Covid”. Ayer mismo en Palacio y en un oficio, con el que le contestó, Ricardo Ahued negó estar contagiado y, con sarcasmo, le agradeció a Raquel “su preocupación por mi salud”.
Y mientras los funcionarios de la 4T se pelean unos con otros, la corrupción de las aduanas está desbordada. El sistema aduanero es una manzana de la discordia que se pelean con uñas, dientes y armas de alto poder, lo mismo el crimen organizado, los propios administradores aduanales, los gobernadores con la Federación y los alcaldes con los gobernadores. Ahí se meten las manos y los intereses de todo mundo por el tamaño del dinero que se maneja.
Según las cifras oficiales que se manejan en el SAT, en las 49 aduanas que hay en México —19 en la frontera norte, dos en la frontera sur, 11 interiores y 17 marítimas— se factura, solo por concepto del IVA, 447 mil millones de pesos al año por todas las mercancías que pasan a través de los puntos aduanales. El problema es que solo se factura uno de cada 10 contenedores que pasan por las aduanas, mientras los otros 9 los dejan pasar los funcionarios aduanales ya sea por corrupción, por colusión o por miedo y amenazas del crimen organizado.
Esa es la razón por la que López Obrador, a los dos que ha mandado hasta ahora a las Aduanas les ha dado la misma encomienda: eliminar la corrupción en el facturaje, donde según los cálculos del SAT se pierden cada año hasta medio billón de pesos que no ingresan a las arcas del gobierno por la corrupción y que en realidad debería recaudar 1 billón de pesos en el sistema aduanero. Evidentemente ninguno de los dos designados por el Presidente lograron el cometido y en el año cinco meses que va de este gobierno, no solo no aumentó la facturación en las aduanas sino que disminuyó.
Nuevo Laredo, la joya de la corona
De los 1 mil millones de pesos que actualmente ingresan a las aduanas, un 20% lo facturan las Aduanas de Tamaulipas, estado en el que se ubican 17 de las 49 aduanas nacionales, entre las terrestres en la frontera con EU y las marítimas. 15 mil contenedores al día cruzan por la Aduana de Nuevo Laredo y todos ellos pagan por hacerlo, solo que unos lo hacen por impuestos y contribuciones al gobierno federal, mientras que otros, la mayoría, pagan por “derecho de paso” en una corrupción en la que se entremezclan funcionarios federales y crimen organizado.
Hoy la aduana de Nuevo Laredo está totalmente controlada por el crimen organizado. Hay incluso informes de inteligencia federal que aseguran que la cuota que cobran por contenedor es de 25 mil dólares para no ser revisados y a los que paguen les venden además la “protección y cobertura” para su mercancía, desde San Antonio, Texas, hasta Monterrey, Nuevo León.
Y los que aceptan pagar a esa red formada por funcionarios aduanales de distintos niveles y los líderes del Cártel del Noroeste (CDN) que hoy tiene el control de Nuevo Laredo, pueden pasar de todo, excepto armas, municiones y productos farmacéuticos. “Todo lo demás que quepa por el puente puede pasar”, dice un trabajador aduanal que pidió el anonimato. Los agentes aduanales de Nuevo Laredo a su vez pagan cuota al Cártel del Noroeste, e incluso los notarios públicos participan también de esa cadena de corrupción porque en los recibos que le dan a los clientes ya les cargan el “impuesto” para los narcotraficantes.
El CDN tienen un control estricto del tránsito de mercancías y contenedores y al que no paga lo paran saliendo de la aduana para impedirle trasladar su mercancía. Salvo las maquiladoras, que son parte de las cadenas productivas o armadoras para los Estados Unidos, son los únicos a los que no se extorsiona; pero todo lo demás que pasa para ser consumido en el mercado interno, ropas, calzado, tecnología, alimentos, tiene que pagar el “derecho de paso”.
El dinero en efectivo que viene desde EU también es parte de esa cadena de corrupción que se puede ver gráficamente en los dos lados de la frontera laredense: del lado de Laredo, Texas, está ubicada una equipada oficina del US Customs and Border Protection, que es uno de los recintos fiscales más importante de EU, donde los camiones con sus contendedores se estacionan y se bajan a pagar sus impuestos. Mientras que del lado de Nuevo Laredo, México, no han podido instalar ningún recinto fiscal y los que se han intentado terminan sin funcionar.
Militarizar las aduanas, ¿la solución?
Nuevo Laredo es el principal centro de operaciones de este tipo de corrupción donde participan los funcionarios de la Aduana, los agentes aduanales y hasta la oficina local del SAT, pero no es el único. Este mismo esquema se repite, a diferentes escalas y con distintos grados de penetración, en otras aduanas importantes del país, tanto terrestres como marítimas, como Tijuana, Progreso, Manzanillo, Reynosa, por mencionar solo algunas.
El problema es histórico y se originó desde que los presidentes de la era priista hicieron del Sistema de Aduanas una de las áreas más opacas de ingresos lícitos e ilícitos para los gobiernos y una especie de “premios” y “regalos” para sus amigos, compadres y familiares, que se enriquecieron con licencias aduanales y con el control de puestos fronterizos por los que se comerciaba desde la “fayuca”, el gran negocio del contrabando en la época de la economía cerrada, hasta las drogas que comenzaron a ser enviadas a los Estados Unidos con toda facilidad por las aduanas mexicanas.
El problema de la corrupción se mantuvo con los gobiernos del PAN. En el sexenio de Vicente Fox se decía que la aduana de Reynosa estaba bajo el control de los hermanos Bibriesca, los hijos de la esposa del presidente, Martha Sahagún. Ya en los tiempos de Felipe Calderón, Zhenli Ye-Gon llegó a declarar cuando ante los jueces en EU que además de la de Manzanillo, él utilizaba la aduana de Reynosa para traficar las sustancias como la efedrina por la que fue detenido.
Hoy, tras el fracaso de dos gestiones que no han podido controlar ni acabar con el “monstruo”, López Obrador habla de la necesidad de hacer “una limpia” en el Sistema General de Aduanas y la clave está en cambiar a todos los administradores de las aduanas, en donde aún hay muchos que vienen de los gobiernos anteriores, sobre todo del sexenio pasado de Peña Nieto, donde la corrupción histórica alcanzó niveles nunca vistos también en el comercio aduanal. El Presidente está analizando una propuesta que incluye nombrar a nuevos administradores de origen militar, tanto del Ejército como de la Marina, como una forma de intentar un combate más férreo y frontal a las redes de corrupción aduanera.
La propuesta, que analiza el Presidente, parte de que no sólo se pueden obtener 500 mil millones más de ingresos si se elimina la corrupción por facturaje en el sistema aduanero, sino que además, al estar controladas por crimen organizado, las aduanas también son focos de inseguridad y conflicto para los municipios y estados donde se ubican, porque son lo primero que busca controlar el crimen organizado por los volúmenes de dinero que se generan, y se convierten en focos de violencia e inseguridad en todo el país.
Así que no sería nuevo que el presidente López Obrador, que ayer se veía afectado por la decisión de su amigo Ricardo Ahued, a quien siempre menciona como “un hombre íntegro y honesto” al que por eso mandó a tratar de descabezar al monstruo aduanero, decidiera apostar ahora por los militares para tratar de acabar con la corrupción en las aduanas. Total, si ya los metió a construir aeropuertos, a controlar la seguridad pública y civil en el país y hasta a atender la salud de los mexicanos en la emergencia del Covid, no sería raro que el próximo director de Aduanas fuera un militar.
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