Lo más doloroso y vergonzoso de lo que exhibió el reciente caso de los 32 migrantes secuestrados y luego liberados por el crimen organizado en Tamaulipas, fue que en materia migratoria el gobierno de México quedó completamente rebasado y las oleadas históricas de personas indocumentadas de Centro, Sudamérica y el Caribe que buscan llegar a Estados Unidos provocaron una crisis que dejó al descubierto la incapacidad y la corrupción de la política de Migración del país.
Porque si ya la muerte por calcinamiento de 39 migrantes en un centro de detención de Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez -el pasado 28 de marzo- había expuesto el caos, la corrupción y la anarquía con la que operan las instituciones mexicanas, el secuestro masivo de personas migrantes, en su mayoría de origen venezolano, que se dirigían a Estados Unidos con permisos de tránsito legal del gobierno de México, desnudó por completo que las mafias criminales que secuestran, extorsionan y en ocasiones asesinan o esclavizan a los indocumentados en tránsito están coludidas, protegidas o al menos toleradas por autoridades estatales y federales del país.
Eso fue lo que hizo que se cayera, tan estrepitosamente la imagen de un “rescate eficaz y oportuno” del que informaron falsamente el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes publicaron en sus cuentas de redes sociales un supuesto “esfuerzo coordinado entre el Gobierno de Tamaulipas, la FGJE, Sedena, Guardia Nacional y SSyPC” para rescatar sanos y salvos a los 32 venezolanos y hondureños, entre los que se encontraba una bebé de meses, cuando en realidad, se supo por el portal “Elefante Blanco” de Tampico, que los narcos habían soltado a los migrantes en el estacionamiento de una tienda Soriana del municipio de Río Bravo.
Y es que detrás de ese hecho, que tuvo que aclarar públicamente y en su mañanera el presidente, con la intervención vía transmisión remota del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quedan todavía muchas dudas y lagunas sobre lo que realmente ocurrió y las razones que tuvieron los sicarios del Cártel del Golfo para entregar “sanos y salvos” a los 32 migrantes, a los que secuestraron el 1 de enero y terminaron poniendo en libertad dos días después, tras el escándalo mediático, político y diplomático.
De entrada, ha quedado claro y evidenciado, también por publicaciones de los medios que terminaron siendo reconocidas por la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, que el rescate no fue resultado de la “buena conciencia” de los narcos del CDG ni de un arrepentimiento repentino por el impacto mediático de la noticia, sino porque se realizaron pagos de dinero por parte de algunas de las familias de los migrantes, que mandaron transferencias electrónicas, a través de empresas financieras que envían remesas a nuestro país.
Se calcula que los pagos que hicieron por cada migrante van de los 1,500 a los 5 mil dólares, porque es lo que usualmente piden los criminales como rescate en esa transitada y socorrida ruta de Tamaulipas para el secuestro de personas indocumentadas en tránsito. Eso sumaría ya de por sí una cantidad escandalosa, suponiendo que la mayoría de los venezolanos y hondureños hayan pagado el “rescate” exigido por el crimen organizado para la liberación, pero hay otra versión que manejan fuentes periodísticas y oficiales en la entidad tamaulipeca y del gobierno federal, que resulta aún más delicada.
Según esa versión, la liberación de los migrantes ocurrió como resultado de una “negociación de alto nivel” que llevó a cabo el subsecretario de Gobierno de Tamaulipas, Tomás Gloria Requena, quien habría tenido comunicación con mensajeros del grupo delincuencial involucrado en el secuestro para pedir la liberación del grupo de extranjeros que tuvieron retenidos. La negociación y el acuerdo para la liberación, que incluyó un pago millonario por parte de la autoridad estatal (se habla de hasta 4 millones de dólares) se llevó a cabo, de acuerdo con las fuentes, en la zona de la Interejidal, cerca de Ciudad Victoria. Curiosamente, el subsecretario Tomás Gloria era el alcalde de San Fernando cuando ocurrió el secuestro masivo y la masacre de migrantes en ese municipio tamaulipeco en junio de 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón.
Todo eso habría ocurrido con el conocimiento del secretario de Gobierno estatal y jefe del subsecretario, Héctor Joel Villegas, quien también de manera extrañamente coincidente fue alcalde del municipio de Río Bravo, en donde finalmente ocurrió la entrega de los migrantes que fueron abandonados en el mismo camión en el que viajaban en el estacionamiento del Soriana. Dicho municipio fronterizo de Río Bravo, ubicado justo en medio de Reynosa y Matamoros, es una de las zonas de influencia del Cártel del Golfo, y el secretario Villegas, a quien apodan los medios tamaulipecos “El Calabazo”, mantiene un control político férreo en esa demarcación que gobernó hasta el pasado mes de marzo, cuando pidió licencia para irse a la Secretaría de Gobierno y dejó como alcalde sustituto a su primo, Joel Eduardo Yáñez, aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso local, y ahora impulsa a su esposa, Malena Rodela de Villegas, para ser la candidata de Morena a la alcaldía ríobravense en las elecciones de junio de este año.
Lo más grave aflora en la relatoría de hechos que hacen las fuentes estatales y federales sobre lo sucedido el pasado 1 de enero, cuando el país aún despertaba del año nuevo. El camión donde viajaban los venezolanos y hondureños, todos ellos ya con cita otorgada para solicitar asilo político en Estados Unidos, fue detenido por una patrulla de la Guardia Estatal de Tamaulipas, quienes inspeccionaron la unidad y cuando se percataron que se trataba de migrantes en tránsito los dejaron seguir sin mayor problema, para que apenas unos 4 kilómetros más adelante, sobre la misma carretera, los secuestrara una célula armada del CDG.
Autoridades del gobierno de Tamaulipas que fueron consultadas niegan la versión de un pago de millones de dólares a cambio del secuestro, pero las fuentes dicen que sí se pagó un rescate oficial y dan dos versiones de cuál fue la razón de ese pago: la primera versión dice que se pagó para que los liberaran y para que no hubiera más secuestros de migrantes en el estado en esta temporada. Y la segunda versión, aún más delicada, afirma que el pago millonario también tendría como causa una exigencia del Cártel del Golfo para que se le pagara “derecho de paso” por el huachicol de gasolina que ingresa por la frontera tamaulipeca, proveniente de Estados Unidos, pues según los criminales a ellos los estaban ignorando en el negocio del contrabando gasolinero, razón por la cual esos mismos integrantes de “Los Escorpiones”, secuestraron pipas con gasolina ilegal el pasado 14 de octubre y les tiraron el líquido en las carreteras de Reynosa según se aprecia en videos que circularon profusamente en donde ese grupo del CDG decían, mientras obligaban a los piperos a vaciar el combustible sobre la tierra: “Esto le va a pasar a todos los chapulines mire: dinero tenemos, lo que queremos es el respeto, iren todo el piperío que tenemos. Todo lo que está brincando ahí con Baños, supuestamente, aquí me está cayendo a mí”.
Entonces, además del fracaso innegable de la política migratoria del gobierno lopezobradorista y de una crisis inédita que rebasó y desnudó por completo la ineficacia y corrupción de nuestras autoridades, ¿que más fue lo que realmente hubo detrás de ese secuestro masivo de migrantes y su rápida liberación en Tamaulipas?
NOTAS INDISCRETAS… En un pésimo augurio para el año electoral que comienza para los mexicanos, el mes de enero arrancó rojo y con múltiples hechos graves de violencia, lo mismo por la muerte de personas en Guerrero, atacadas con drones y explosivos por el crimen organizado, que por la ola de asaltos y el fin de año violento que tuvo Tabasco, los secuestros de migrantes en Tamaulipas, la masacre en Cajeme, Sonora, los asesinatos en Colima y el Estado de México o la ola de violencia reportada ayer mismo en Guanajuato. No es nada nuevo, tristemente, que los arranques de año sean rojos y sangrientos en este país, que acumula ya 17 años consecutivos con violentos “años nuevos”, pero a esa violencia ya casi tradicional y normalizada en los inicios de año, hay que sumar que la violencia política y electoral también sube cada vez más de tono, ya no sólo en la polarización y los discursos cada vez más agresivos en las campañas electorales y en las redes sociales, sino que de nueva cuenta se asoma la violencia mortal en las campañas políticas. El asesinato violento del candidato a diputado por Morena en Acapulco, Ricardo Taja, ocurrido el pasado 22 de diciembre, sumado a los tres candidatos de la oposición asesinados el viernes pasado: David Rey, aspirante a la alcaldía de Suchiate, Chiapas por el Frente Amplio por México; Sergio Hueso, candidadto de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Armería, Colima; y al regidor panista de Cuautla, Morelos, hacen pensar que la violencia del narcotráfico y los tentáculos del crimen organizado volverán a intentar incidir en las votaciones federales, estatales y municipales, como ya lo hicieron en los pasados comicios intermedios del 2021. En aquellas elecciones, de acuerdo con un conteo de la Consultora Etellekt, basado en expedientes judiciales, fueron asesinados 89 candidatos y políticos de todos los partidos entre el 2020 y mayo de 2021. La pregunta obligada es si alguien se beneficia de esa violencia contra los políticos y candidatos que claramente mancha las elecciones y pone en serio cuestionamiento a la democracia electoral… Los dados regresas bien recargados y listos para seguir llevando siempre a los amables lectores (y también a los críticos nada amables) información puntual sobre los entretelones y avatares de la política nacional y nuestros opacos políticos y gobernantes. Y arrancan el 2024 con una enorme y positiva Escalera. ¡¡Que sea un mejor año para todos!!
