Con sus declaraciones y testimonios, en los que ha comenzado a acusar a políticos de los regímenes del PRI y del PAN, a cambio de un trato benevolente de la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se convierte en el primer personaje en romper judicialmente los viejos códigos de complicidad y silencio que durante casi 8 décadas se mantuvieron intocados y permitieron la continuidad y sobrevivencia de grupos políticos y de interés en el sistema político mexicano.
Los pactos no escritos de impunidad que operaron en los 75 años ininterrumpidos de gobiernos priistas y que luego fueron continuados y renovados en los dos sexenios que gobernó el panismo, para cerrar el círculo con el regreso del PRI a los Pinos en el gobierno de Peña Nieto, terminarían con la decisión de Lozoya de revelar las formas en que operó la corrupción y los sobornos, tanto en el caso de Odebrecht como de la aprobación de la Reforma Energética y los fraudes cometidos contra Pemex con compras de plantas a empresarios privados.
Para que esto ocurriera después de casi un siglo de que empezaron los gobiernos postrevolucionarios, se necesitaron dos cosas: primero, que un tecnócrata como Lozoya, sin militancia priista acreditada y puesta en duda por su propio partido, decidiera romper el silencio y las reglas no escritas del viejo sistema para traicionar y acusar a sus exjefes y amigos, incluidos encumbrados priistas y panistas; y segundo, un cambio de régimen y un nuevo gobierno como el de López Obrador, que aunque se nutre en buena medida de las viejas corrientes del priismo antiguo y de sus ideologías nacionalistas, está decidido a romper con el modelo socioeconómico y político que imperó durante los últimos 40 años: el neoliberalismo, y para lograrlo su principal bandera y estrategia es una lucha contra la corrupción que hasta ahora ha demostrado ser selectiva.
Por eso este caso se ha vuelto tan importante y prioritario para la 4T: porque a partir de la información y las pruebas que entregue Lozoya, el Presidente se propone exhibir, comprobar y castigar las prácticas corruptas que en las últimas décadas desarrollaron los que él llama “gobiernos neoliberales”, tanto del PRI como del PAN, a los que López Obrador lleva criticando y cuestionando por 18 años y que dieron materia suficiente y de sobra para el discurso de las tres campañas presidenciales del candidato que hoy es presidente de la República.
Doble rentabilidad de Lozoya
El momento en que ocurre el testimonio del exdirector de Pemex no pudo ser más conveniente. A diferencia de su desafortunado comentario sobre la pandemia, la traición de Lozoya para salvarse a sí mismo, sí le cayó como “anillo al dedo” a López Obrador porque se convierte en un inmejorable distractor ante la crítica situación del Covid-19 que arrasó con los proyectos, planes y programas que tenía para su sexenio y además de las decenas de miles de mexicanos muertos y contagiados, profundizó la recesión y el derrumbe económico que ya había comenzado en su primer año de gobierno. Una administración federal con menos recaudación y recursos, el incremento de la pobreza –hasta 10 millones de nuevos pobres estima el Coneval—, los nulos resultados en su estrategia de seguridad y el empoderamiento y desafío de los grupos del narcotráfico, configuran un panorama muy complicado para la 4T, pero el “espectáculo de la justicia” contra los corruptos ayudará a desviar la tensión y la atención de los mexicanos.
El otro beneficio y el que más les importa en Palacio Nacional, es que las imputaciones de Lozoya llegan a un mes de que empiece formalmente el proceso electoral de 2021 donde el presidente y Morena se juegan la mayoría parlamentaria y con ella la continuidad de su proyecto político, junto con casi la mitad de las gubernaturas del país y otros cargos públicos locales que se renuevan en la votación concurrente más grande de la historia electoral mexicana. Con la danza de nombres que han comenzado a salir en las primeras declaraciones del exfuncionario peñista filtradas a la prensa, no es difícil adivinar que esto será un golpe a los opositores del actual gobierno, que buscará aprovechar al máximo la rentabilidad electoral de someter a proceso, ya sea como acusados, testigos o indiciados a encumbrados priistas como Luis Videgaray o David Penchyna y a panistas del tamaño del excandidato presidencial Ricardo Anaya o a gobernadores como Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca.
Para el PAN, la principal oposición a la 4T, el golpe podría ser letal y mermar sus posibilidades de encabezar una alianza opositora exitosa para 2021, como la que ya estaba negociando y operando su dirigencia nacional. Y es que las imputaciones de Lozoya pegan directamente a dos gobernadores, que son de los únicos liderazgos fuertes que le quedaban en el panismo, al mismo tiempo que intentan aniquilar, aún antes de que comience, el anunciado regreso de Ricardo Anaya, el candidato presidencial que podría resurgir a partir de que varias de las cosas que advirtió y sobre las que alertó a los mexicanos en torno a la forma de actuar de López Obrador, sus deficiencias y sus fallas, hoy varias de las cuales se han cumplido en su Presidencia.
Dependiendo de la solidez de las pruebas y los elementos que aporte Lozoya a la FGR en sus acusaciones, los liderazgos panistas que lleguen a enfrentar un proceso judicial podrían debilitarse y extinguirse o, en caso contrario, si todo queda en “dichos” y afirmaciones sin sustento documental, también podrían resurgir y fortalecerse. Anaya por lo pronto, respondió de inmediato a la acusación de que el exdirector de Pemex le habría enviado 6.8 millones de pesos a través de un colaborador cercano del panista, cuya identidad no se revela. “La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción. Parece evidente que se ha roto la promesa de este gobierno, de no usar la justicia con fines políticos. Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México, es importante que se haga justicia y se conozca toda la verdad", dijo el excandidato presidencial panista ayer en un comunicado.
Otros panistas también respondieron pero lo hicieron con ironía, como Francisco García Cabeza de Vaca: “Falso de toda falsedad. Todo esto es parte de la creación del nuevo Instituto creado por el presidente: INDAPAP, Instituto Nacional para Distraer al Pueblo”, le dijo el mandatario tamaulipeco a la columnista Lourdes Mendoza, mientras el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez mandó mensajes a través de voceros suyos diciendo que “hasta que no haya una acusación tangible y concreta, no fijaré ninguna posición”, lo mismo que comentó personalmente a esta columna el exsenador priista y exdirector del Infonavit, David Penchyna, quien añadió también que “no tiene nada que ocultar” y que es normal que su nombre salga a relucir como presidente de la Comisión de Energía, pero “lo que hice lo hice por convicción y no por alguna componenda con el exdirector de Pemex”.
En fin que empieza la danza de nombres y acusaciones. Por primera vez en la historia política reciente del país, podríamos ver un maxiproceso en el que políticos del más alto nivel, gobernadores, exsecretarios, excongresistas y hasta expresidentes de la República fueran llamados a rendir cuentas ante la justicia por actos de corrupción. Con Lozoya rompiendo la “Omertá” o ley del silencio que prevaleció en el viejo régimen, se acaba la norma que protegió por décadas a los grupos políticos y a sus personajes más conspicuos y que privilegiaba la lealtad y la protección entre unos y otros. Por lo pronto, el que tenga paraguas que lo saque, que empezará a llover suciedad.
Notas indiscretas...
El otro gran imputado en este caso, el exsecretario Luis Videgaray, ha pedido también respetar su silencio porque aunque sabe bien que Emilio Lozoya va contra él por venganza, seguro quiere saber primero de qué es lo que lo acusan y trazar con base en ello su posible defensa. Ayer, por lo pronto, en la declaración filtrada al diario Reforma, Lozoya sostiene que los sobornos que recibió de Odebrecht —4 millones de dólares durante la campaña y 6 millones más ya en el gobierno— fueron “por instrucciones de Videgaray”, quién incluso lo mandó a reunirse en un café de Las Lomas de Chapultepec con Luis Alberto Meneses, el representante en México de Odebrecht. Esa será la narrativa del exdirector de Pemex, él sólo era un peón mientras Videgaray, Peña Nieto y Salinas movían las fichas del tablero de la corrupción…Por cierto que hace un mes, en Nueva York, hubo un encuentro entre el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray. Fue una reunión, según testigos, en la que hablaron por un par de horas en un café. Las fuentes no comentan de qué fue la plática pero no es muy difícil inferir que justamente hablaron de quién los traicionará y acusará ante la FGR…Por cierto que si van a investigar de verdad la corrupción en Pemex en el sexenio pasado, hay casos que por los montos de desfalcos y desviaciones involucradas, hacen palidecer a los asuntos de Odebrecht y Altos Hornos. El caso Fertinal, por ejemplo, es un desfalco considerablemente mayor al de la Planta de Agronitrogenados y le representó a Pemex pérdidas de más de mil millones de dólares. Otro que resalta, aunque desconocido en los medios, es el de Seamex, la empresa de perforación que recibió casi 3 mil millones de dólares en contratos con señalamientos de irregularidades y en los que directamente participó Lozoya en su asignación, en detrimento de la industria nacional de perforación. Fertinal involucra a Ricardo Salinas Pliego y Seamex involucra a David Martínez. Ambos empresarios tienen vínculos estrechos con la 4T, tal vez por eso no los incluyeron en las acusaciones del caso Lozoya…Los que de plano andan mal y de malas son los priistas. Primero acusados y expuestos por el caso Lozoya y ahora en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena les quiere aplicar la aplanadora para quitarles la Presidencia de la Mesa Directiva, que por acuerdo parlamentario les corresponde para el próximo año legislativo que arranca con el periodo ordinario de sesiones de septiembre. Pero resulta que los morenistas, comandados por Mario Delgado, han decidido no dejar que el PRI presida como tercera fuerza política y para evitarlo han comenzado a mandar a diputados de Morena a que se sumen a la bancada del PT, con lo que harían que los petistas superen al priismo en numero de legisladores y pasen a ser la tercera fuerza política en San Lázaro para que les toque a ellos la Presidencia. El PRI tiene hoy 46 diputados, mientras que el PT, 42, por lo que necesitan solo 5 nuevos integrantes para desplazar al tricolor y quedarse con la codiciada presidencia. Y ayer comenzó la inyección de nuevos legisladores con el diputado Samuel Calderón Medina que renunció a Morena y anunció su integración al PT. El jueves de esta semana se reunieron el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de los senadores tricolores, Miguel Osorio Chong, para definir una estrategia que les ayude a “cerrar filas” ante el duro embate que sienten de la 4T. Veremos si pueden defenderse los alicaídos y huérfanos priistas…Se cierra la semana y los dados mandan Escalera. Buenos tiros.
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