Emilio Lozoya Austin, prófugo de la justicia y sobre quien pesan varias órdenes de aprehensión por delitos de corrupción y sobornos, está ubicado en Rusia a donde huyó desde México en mayo de 2019. El exdirector de Pemex vive en la ciudad de San Petesburgo (antigua Leningrado), donde tiene una novia rusa y cuenta incluso con protección de la mafia rusa, lo que ha dificultado los intentos por iniciar un proceso de extradición en su contra.
Según información de inteligencia del gobierno mexicano, Lozoya Austin nunca viajó a Alemania, como se creía en un principio por la nacionalidad de su esposa Marielle Helene Eckes, sino que engañó a las autoridades al haber comprado en mayo pasado un boleto con destino a Frankfurt. Incluso, hay registros de que Lozoya se documentó con su nombre y equipaje, aunque nunca abordó realmente el vuelo de Lufthansa a Frankfurt.
Para despistar a la Fiscalía General de la República que ya lo tenía bajo vigilancia cuando se fugó, el exfuncionario peñista tomó primero un vuelo con rumbo a los Estados Unidos, luego viajó de ahí por tierra a Canadá y posteriormente se movió a Alaska, desde donde tomó un avión a Rusia, de acuerdo con la trayectoria que tienen confirmada las autoridades mexicanas. Una fuente de primer nivel aseguró que en San Petesburgo, Lozoya se encontró con una mujer con la que mantiene una relación sentimental.
La razón por la que escogió esa ciudad rusa, dice la fuente oficial, es porque ahí tiene su sede una de las grandes petroleras de Rusia, Gazprom, con cuyos directivos el exdirector de Pemex tenía vínculos y una buena relación que trabó durante los años que estuvo al frente de la petrolera mexicana. Una vez en San Petesburgo, Emilio Lozoya ha logrado también la protección de mafias rusas vinculadas a los negocios del petróleo y el gas, algo que ha complicado los esfuerzos del gobierno de México para extraditarlo.
México y Rusia tienen un Tratado de Extradición y Asistencia Legal vigente, que fue suscrito en 2005, entre el gobierno de Vladimir Putin y el de Felipe Calderón. Recientemente, justo por los mismos días en que se fugó Emilio Lozoya, el vicecanciller de Rusia, Sergei Riabkov, estuvo de visita en México y se reunió el 24 de mayo de 2019 con los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Julián Ventura y Maximiliano Reyes, con quienes habló, entre otras cosas, de revisar el Tratado de Extradición entre los dos países.
“Tras la llegada al poder de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos interesados en llevar adelante este diálogo (...). Nos planteamos ampliar y mejorar la base legal [de cooperación] y los acuerdos", dijo el vicecanciller ruso en la capital mexicana, según un reporte de la agencia Spuntnik que también informó que “Rusia y México están tramitando varios documentos, entre ellos los convenios sobre extradición, exención de visados, cooperación entre las fiscalías generales, navegación marítima y homologación de títulos universitarios”.
En aquel encuentro, los funcionarios de los dos países acordaron reactivar la Comisión Intergubernamental entre los dos países para dar seguimiento a los distintos acuerdos de cooperación en la relación bilateral.
Seguro en ese momento las autoridades mexicanas no sabían ni sospechaban que el exdirector de Pemex, a quien el 31 de mayo fueron a buscar a su domicilio agentes de la Fiscalía General de la República, ya había partido del país con rumbo final a Rusia. Los ministeriales que llegaron a la residencia en Lomas de Bezares, registraron el domicilio con una orden de cateo, pero no encontraron a Lozoya ni rastro alguno de él.
En esos momentos, aprovechando la lentitud e ineptitud de la justicia mexicana, Emilio Lozoya Austin ya aparecía como pasajero documentado en el vuelo de Lufthansa con destino a Frankfurt e incluso su maleta ya había sido entregada. Pero en realidad el prófugo estaba tomando un avión a una ciudad del norte de EU, desde donde después se movería a Canadá, de ahí a Alaska y finalmente a la más europea de las ciudades rusas, San Petesburgo, la llamada “capital cultural de Rusia” y a la que los locales llaman cariñosamente Piter. Ahí vive, bien abrigado y protegido, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
Empresas mexicanas piden ayuda a Trump
El grupo de empresas que conforman “ConMéxico" y que fueron las más afectadas con las reformas a la Ley General de Salud que hará obligatorio el nuevo etiquetado frontal en los productos alimenticios y bebidas con altos contenidos calóricos y azúcares decidieron, en un gesto de desesperación ante la inminente aplicación de esta medida, acudir al gobierno de los Estados Unidos y pedir el apoyo de la administración de Donald Trump para impugnar la aplicación de la ley mexicana que, argumentan, afectará la venta y comercialización de sus productos.
A través de sus matrices estadounidenses, varias de estás compañías trasnacionales se quejan ante el representante comercial de EU, Robert Ligthtizer, y solicitan su intervención para que se pida al gobierno mexicano posponer la aplicación de la citada ley y abrir una mesa de diálogo bilateral sobre el diseño y las leyendas del etiquetado frontal a través de cuatro octágonos (“Alto en Sodio", “Alto en azúcar", “Alto en grasas saturadas" y “Contiene grasas trans") que aprobó en noviembre pasado el Congreso mexicano.
Las filiales mexicanas de esas compañías consideran que el etiquetado que será obligatorio afecta a sus productos y dañará su comercialización. Se quejan de que los diputados y senadores del Congreso de la Unión no escucharon sus argumentos y no tomaron en cuenta sus propuestas para un etiquetado menos agresivo y con más información para el consumidor.
La realidad es que la mayoría de esas empresas que hoy se quejan no hicieron nada durante años para mejorar la calidad y el excesivo contenido calórico de sus alimentos y bebidas. Incluso, en 2016, cuando el Estado mexicano declaró una “Alerta de salud por la epidemia de obesidad y diabetes en México”, se intentó en el Congreso de la Unión, en la LXII Legislatura, modificar la Ley de Salud para incluir medidas urgentes, entre ellas el etiquetado y la prohibición de publicidad engañosa de alimentos y bebidas. Pero los enormes intereses económicos de estas mismas compañías que hoy acuden a buscar la ayuda de Trump, frenaron todo intento de avanzar en ese tema.
Con la llegada al poder del presidente López Obrador, el tema fue retomado y cuando la fracción de Morena en la Cámara de Diputados retomó la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, de inmediato los empresarios de ConMéxico, que agrupa a las principales marcas productoras de alimentos chatarra y refrescos y bebidas azucaradas, varias de ellas de origen estadounidense, pidieron una audiencia con el Presidente que los recibió en Palacio Nacional.
Cuando llegaron a ver al Presidente le pidieron que frenara la Ley del Etiquetado y la publicidad y dijeron que ellos se comprometían a cambio a autorregularse y a tomar medidas para apoyar el deporte, la salud y la alimentación balanceada de los mexicanos. López Obrador los escuchó y ofreció analizar su petición. Pero después llamó a Mario Delgado, el líder de la mayoría de Morena en San Lázaro y le preguntó su opinión. El diputado le dijo que de 2016 a la fecha, ese grupo de ConMéxico y sus empresas se habían comprometido a construir y rehabilitar parques y unidades deportivas, a impartir clases y capacitación sobre educación física y a mejorar y disminuir las cantidades de calóricos, grasas trans, sodio y azúcares en sus productos. “Ninguna de esas cosas —le dijo Delgado al Presidente— las han cumplido”. Y le recordó que cuando él fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, con Marcelo Ebrard, había habido una propuesta similar de los empresarios, que a cambio de que no prohibieran sus productos chatarra en escuelas, habían ofrecido construir bebederos que nunca realizaron.
Fue entonces que el Presidente dio la orden terminante: la reforma a la Ley General de Salud va con todo y etiquetado frontal y regulación y prohibición de publicidad de comida chatarra. Hoy la Comisión Federal de Competencia se ha pronunciado por modificar el etiquetado frontal aprobado y flexibilizar las normas de publicidad, para no afectar la competencia, sobre todo de empresas nuevas que no podrán promover sus productos. Mientras tanto las empresas de ConMéxico han ido a llorar a la Casa Blanca y a suplicar ayuda de Trump, sabedores de que el único ante el que se inclina y se somete López Obrador, es el inquilino de la oficina oval. ¿Será que Trump obliga a México y a su Presidente a retroceder en un tema que es prioritario para la salud de los mexicanos, de sus niños y para frenar la epidemia de diabetes y obesidad que padecemos?
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