Cuando el presidente López Obrador se queja del “silencio” de los medios en torno a la extradición de Emilio Lozoya Austin —que muy probablemente se concrete hacia finales de esta semana o principios de la próxima-- lo que en realidad está diciendo el mandatario es que el exdirector de Pemex no sólo viene desde España en calidad de uno de los hombres más encumbrados y cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto, sino que después de un detallado acuerdo con la Fiscalía General de la República, Lozoya viene dispuesto a abrir la “caja de pandora” y detonar un nuevo escándalo político-mediático de corrupción en el sexenio pasado.
Y de acuerdo con fuentes de alto nivel del gobierno, la información que tanto promueve el presidente involucra no sólo dichos y hechos del que fuera uno de los peñistas más cercanos del primer círculo en Los Pinos, sino también videos y grabaciones de personajes de primer nivel en el gobierno anterior y en el Congreso de la Unión, que habrían sido grabados por el propio Lozoya Austin recibiendo sobornos con maletines llenos de dinero en efectivo y que acudieron a su fastuosa oficina del piso 45 de la torre oficial de Pemex.
Es decir, que además de la información que esté dispuesto a dar sobre el caso Odebrecht, Lozoya también ha puesto a disposición de la FGR un paquete de videos grabados por él en su oficina en los que aparecen varios políticos de la oposición en el sexenio de Peña Nieto, a los que él personalmente les entregó maletines llenos de dinero a cambio de que votaran a favor de la reforma energética cuando se discutió y se aprobó en el Congreso de la Unión. Eso significa que en el material videograbado que tiene en su poder el exdirector de Pemex aparecerían diputados y senadores de la anterior legislatura que en su momento fueron “convencidos” de votar a favor de los cambios constitucionales y de leyes secundarias del sector energético, a punta de billetes en efectivo que les entregó personalmente Lozoya, quien también se encargó de grabar esa entrega.
De confirmarse la existencia de ese material, Emilio Lozoya Austin se convertiría en el nuevo Carlos Ahumada de la política mexicana y estaríamos a las puertas de una nueva edición de los “videoescándalos” del año 2003, que en su momento involucraron a figuras del gobierno del antiguo Distrito Federal ligados al entonces jefe de Gobierno y hoy presidente de la República, como René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Imaz. En los videos de Lozoya es más probable que aparezcan diputados y senadores del PRI, PAN y PRD que en su momento votaron a favor de la reforma energética de Peña Nieto, en lo que sería la venganza perfecta de aquel episodio que en su momento buscó enlodar el nombre de López Obrador.
Según la información que anticipó el propio extraditado a las autoridades federales, en los videos que grabó en su oficina de Pemex hay varios congresistas y actores políticos importantes del sexenio pasado que recibieron sobornos en dinero en efectivo que les era entregado por él en maletines, a cambio de su voto a favor y de su apoyo a las reformas legales y constitucionales del sector energético en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. El dinero que se repartía en esos maletines a políticos provendría de la corrupción en Pemex y hasta de los mismos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht le dio al gobierno de Peña Nieto a través del propio Lozoya.
Porque según las fuentes consultadas Lozoya mencionó concretamente tres cosas en el escrito que presentó ante el juez de la Audiencia Nacional de España para allanarse y aceptar la extradición solicitada por el gobierno de México y la Fiscalía General de la República: la primera fue, a petición directa del fiscal Gertz Manero, su reconocimiento “a las autoridades mexicanas” por su trabajo y profesionalismo en la atención de su caso; la segunda fue su disposición a colaborar con información sobre los delitos y acusaciones que se le imputan; y la tercera fue que él en todo momento fue “sólo un instrumento” de la corrupción del gobierno peñista y que los actos y acciones ilícitas en las que participó siempre fue por instrucciones de sus jefes inmediatos superiores, es decir el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que presidía el Consejo de Administración de Pemex, y el presidente Peña Nieto.
Veremos en cuanto traigan a Emilio Lozoya desde Madrid —que podría ser el próximo viernes en un avión que mandará el fiscal Alejandro Gertz Manero a recogerlo— cuando y cómo se detona la bomba de los nuevos “videoescándalos” y quiénes serán los protagonistas de las grabaciones que entregará el exdirector de Pemex que, por lo que tanto repite y anticipa el presidente López Obrador, está claro que viene dispuesto a todo, con tal de salvar su pellejo, no sólo cantará con un fuerte do de pecho sino que está dispuesto a salpicar suciedad para todos lados.
NOTAS INDISCRETAS…
Omar García Harfuch ya está en su casa recuperándose de las lesiones que sufrió en el atentado en su contra. El fin de semana lo dieron de alta y ha comenzado una terapia de rehabilitación que le tomará un par de semanas para tratar de recuperar movilidad y funcionalidad en las extremidades que fueron alcanzadas por las balas. Tardará ese tiempo en reintegrarse a sus funciones y ayer anunciaba en su cuenta de Twitter que regresará a “trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor Policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace”. Le deseamos al secretario de Seguridad de la CDMX una total y pronta recuperación…Ayer se reinició en la Cámara de Diputados el proceso para elegir a los 4 nuevos consejeros del INE. Este jueves comenzarán las entrevistas de los 60 aspirantes con el Comité Técnico y después de que los entrevisten vía remota, se formarán las quintetas de las que saldrán los cuatro nuevos consejeros. Aún hay muchas dudas sobre cuál será la posición final de Morena, que con su mayoría será decisiva en estos nombramientos, y no se sabe si se impondrán los radicales de la fracción que quieren que su partido designe a cuatro de cuatro consejeros y todos incondicionales o vinculados a la 4T o los más moderados que pugnan por una elección de 3 definidos por la mayoría morenista y uno por el PAN. En todo caso esperemos que la preparación, el profesionalismo y la experiencia en temas electorales, pese más que la incondicionalidad y la identificación partidista… Por cierto que uno de los perfiles que podrían contar con el apoyo de Morena, pero que también es bien vista por las bancadas del PRI, el PAN, PVEM y hasta MC, es el de la ex consejera electoral del IEDF, Carla Humphrey. Además de su experiencia en temas electorales, Humphrey es actualmente funcionaria de la UIF y colabora directamente con Santiago Nieto. En las listas preliminares que se manejan en San Lázaro se la ve como una aspirante “de centro” que podría transitar tanto por los grupos más moderados de Morena como por otros partidos… En Acapulco los escándalos de la alcaldesa morenista, Adela Román Ocampo, no paran. Entre denuncias de nepotismo y corrupción, aparece su sobrino Víctor Román Román, a quien se le considera el artífice de todos los negocios en la comuna acapulqueña y, según testimonios de empresarios y proveedores, él condiciona el otorgamiento de contratos y asignaciones al pago de un porcentaje, sobre todo el obras públicas del municipio. El problema es que el sobrino resultó peor incluso que el famoso “hermano incómodo” del ex presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, pues a diferencia de él, que cobraba el 10% por cada negocio o contrato que le consiguiera a un empresario, Víctor Román, el sobrino de la alcaldesa Adela Román, les pide a empresarios y construcciones entre el 30 y el 35% del monto de cada obra asignada sin concurso ni licitación. Y para que no queden dudas del nepotismo, según fuentes del mismo Ayuntamiento de Acapulco, un hermano de la alcaldesa, Jorge Román Ocampo, que a su vez es abuelo de Víctor, es quien maneja las contrataciones de personal y trabajadores del ayuntamiento y entrevista a todos aquellos que buscan una plaza. Llama la atención también que la Secretaría de Finanzas del puerto está acéfala desde hace más de siete meses, pero al parecer eso es intencional porque mientras no hay titular el sobrino es quien administra los recursos municipales. El escándalo es de tal magnitud que ya llegó incluso a Palacio Nacional en una carta que la alcaldesa suplente de Acapulco, Matilde Testa García, le envió al presidente López Obrador, en donde pide que se investiguen los bienes y las cuentas de Adela Román y de sus familiares directos e indirectos pues en el Ayuntamiento están beneficiando a hermanos sobrinos, sobrinas y cuñadas. Eso se suma a las varias denuncias de la síndica Leticia Castro, quien también le mandó al presidente un expediente en el que documenta los desvíos y malos manejos presupuestales. Veremos qué sucede en el puerto acapulqueño y si tantas denuncias enviadas hasta Palacio Nacional surten algún efecto en la cacareada lucha contra la corrupción de este gobierno…Los dados mandan Serpiente. Bajamos.
