El número 43 terminara siendo una cifra que marque, cimbre y atraviese, de principio a fin, el agonizante y turbulento sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Primero porque una de sus banderas y promesas de campaña fue que resolvería el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y llegaría a la verdad sobre lo sucedido, cosa que no logró; segundo porque hoy, en la agitada discusión de su Reforma al Poder Judicial son 43 los senadores de oposición que podrían --si todos asisten y votan en contra-- frenar esos cuestionados cambios constitucionales, a pesar de las presiones y amenazas hasta dictatoriales que enfrenten; y tercero porque desde Estados Unidos se prepara una lista de 43 funcionarios, políticos y dirigentes de Morena y de la 4T que están siendo investigados por presuntos vínculos y financiamientos ilegales del narcotráfico.
Y aunque los primeros 43 de Ayotzinapa ya dijeron que no hablarán más con López Obrador y que ahora sólo quieren tratar con la futura presidenta Claudia Sheinbaum, y de los 43 senadores de la oposición, que podrían frenar la Reforma Judicial, aún hay dudas de si todos resistirán las presiones que ahora ya incluyen amenazas con expedientes judiciales y Fiscalías que actúan como La Gestapo, como en el caso de Miguel Angel Yunes Márquez en Veracruz, los otros 43 que están enlistados con nombre, apellido y cargo en expedientes e investigaciones de agencias del gobierno de Estados Unidos, son los que podrían causar un auténtico terremoto en la relación bilateral apenas arranque el nuevo gobierno el 1 de octubre.
Porque de acuerdo con fuentes del gobierno de Estados Unidos, específicamente de la Administración de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, existen en este momento 43 expedientes abiertos y que se están conformando en contra de igual número de políticos y funcionarios de Morena y del gobierno de López Obrador a los que se les ha investigado y documentado, en los últimos meses, por haber tenido algún tipo de vinculación con grupos del crimen organizado, ya sea por haber recibido financiamiento ilegal para campañas o por tener tratos directos con el narcotráfico.
Las investigaciones, según las fuentes estadounidenses, están más que avanzadas y se comenzarían a traducir en acciones y acusaciones judiciales a partir de que termine la administración del presidente López Obrador, después del 1 de octubre. Una primera señal, si se decide proceder con la judicialización de esos expedientes en contra de políticos mexicanos del actual gobierno, sería la cancelación de visas estadounidenses a los 43 que aparecen en la mencionada lista de la DEA y el Departamento de Justicia.
Entre esos 43 nombres aparecen, según nos dicen, políticos y operadores del más alto nivel en la 4T, desde dirigentes de Morena, hasta gobernadores y algunos funcionarios del gobierno lopezobradorista, aunque no se menciona de qué nivel. A varios de ellos se les vincula directamente con el empresario tamaulipeco asesinado, Sergio Carmona Angulo, quien ya era investigado por agencias como el ICE o Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, antes de su misteriosa ejecución, por sus actividades delictivas en el contrabando de gasolinas procedentes del vecino país y por haber financiado, con ese dinero ilícito, varias campañas de candidatos de Morena a gubernaturas estatales, diputaciones federales y locales, y alcaldías.
Incluso, de acuerdo con fuentes mexicanas cercanas al caso Carmona, el empresario huachicolero, que se vinculó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, futuro secretario de Educación, y con varios de los actuales gobernadores de Morena en estados del norte y el occidente de México, se entrevistó con agentes del FBI y de la DEA estadounidense unas semanas antes de ser asesinado por sicarios en una barbería del supervigilado municipio de San Pedro Garza García, en noviembre del 2021.
Los agentes estadounidenses habían buscado a Carmona, que los recibió en total confidencialidad en Monterrey, para informarle de las investigaciones que tenía en su contra el gobierno de Estados Unidos y ofrecerle un trato de “testigo protegido” a cambio de que revelara información sobre capos del narcotráfico con los que se había reunido y sobre los financiamientos ilícitos que hizo a las campañas de Morena y sus candidatos. Justo unos días después de esos encuentros, a Sergio Carmona lo ejecutaron en una operación casi perfecta de la que no se han conocido videos y las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León fueron extrañamente frenadas y silenciadas.
El interés particular que tenían entonces los agentes estadounidenses que se reunieron con Carmona, era que les contara de sus contactos con el Cártel de Sinaloa y sus capos, a quienes el empresario tamaulipeco pudo llegar a través de la mediación de políticos de Morena a los que él les pagaba sus campañas. Porque fue el mismo Sergio Carmona quien, antes de ser asesinado, contó a sus cercanos que se había reunido “en dos ocasiones" con Ismael “El Mayo” Zambada, a quien había visto en la sierra del triángulo dorado donde se ocultaba y él mismo había revelado que para lograr esos encuentros con el capo sinaloense había contado con el apoyo de políticos de Morena.
Y justo hoy, que el Mayo Zambada tendrá su primera audiencia judicial en los Estados Unidos, en la Corte federal de Brooklyn, en Nueva York, la información y las declaraciones que proporcione el capo del Cártel de Sinaloa, sin duda resonarán en México, pero también servirán para apuntalar las investigaciones y los mencionados expedientes que tienen abiertos y casi listos para ejecutarlos, la DEA y el Departamento de Justicia en contra de los 43 políticos y dirigentes de Morena y de la 4T.
Dicen los estudiosos de la numerología y la cabalística de los números que a partir de que un número se repita tres veces o más, es una manifestación: “Va a suceder algo y será lo mejor que podría pasarte. Puede ser el cumplimiento de algo esperado o un acontecimiento que te servirá como lección o aprendizaje”. ¿Será entonces que a las dos veces que el 43 se le ha atravesado e indigestado al presidente López Obrador le vendrá justo ese número por tercera vez desde los Estados Unidos, como una suerte de “lección” desde el vecino país? Que conste que es pregunta cabalística.
NOTAS INDISCRETAS… Los ojos de México y de la sociedad están puestos en los 43 senadores de la oposición que tienen en sus manos el futuro de la cuestionada Reforma Judicial de López Obrador. Todos se han comprometido públicamente y por escrito a acudir a la sesión del pleno del Senado de la República, entre mañana y el miércoles, en el que se debatirá y votará el dictamen de los 16 cambios constitucionales que desmantelan y reforman al Poder Judicial Federal, el mismo que anoche ya fue aprobado en las Comisiones legislativas del Senado por la mayoría de Morena y sus aliados. Un solo voto hará toda la diferencia, lo mismo que una ausencia de alguno de los senadores opositores. Y aunque las presiones contra los senadores de la oposición son de tal nivel, que confirman el talante autoritario del presidente que decía ser “diferente”, pero que está llegando incluso a amenazar con expedientes judiciales y utilizando las Fiscalías como si fueran policías políticas, esto luego de que los intentos de compra y cooptación con dinero no le resultaran, las dudas de si resistirán o no las amenazas y presiones se ciernen sobre Miguel Angel Yunes Márquez, el senador veracruzano que logró tomar posesión de su cargo el pasado 29 de agosto, con todo y una orden de aprehensión que le libró la Fiscalía de Veracruz para tratar de impedirle que asumiera su escaño en el Senado. Hay versiones dentro de la oposición de que ya habrían logrado amedrentar y negociar con la familia Yunes, aunque también en el gobierno federal y en las bancadas oficialistas se siente nerviosismo y preocupación por no alcanzar finalmente la cifra constitucional de los 86 senadores presentes que les darían la mayoría calificada para sacar la reforma. Veremos si en estas horas aciagas, en las que la República se agita y las protestas crecen contra la Reforma, no surge un Judas Iscariote desde la oposición que le dé el paso aprobatorio al capricho presidencial para someter y controlar al Poder Judicial federal…Y hablando de Reformas, la propuesta que presentó anoche el Poder Judicial Federal, representado por cuatro ministros de la Corte y por los dirigentes de los jueces y magistrados federales, parece mucho más completa, sensata y efectiva que la que se discute en el Senado. Bajo el título de “Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, desafíos y propuestas”, se presentan planteamientos más prácticos y aterrizados para mejorar el acceso de los mexicanos a la justicia, comenzando por fortalecer y eficientar a las Fiscalías y el Ministerio Público en la investigación de los delitos, reformar a los Poderes Judiciales locales, que son los que más reciben las denuncias y demandas de justicia cotidiana, y cambiar y reformar también al Poder Judicial Federal fortaleciendo la carrera judicial, la ética y la eficiencia de sus procesos. Está claro que hoy en el gobierno, el que se va y el que llega, hay más fanatismo y empecinamiento que sentido común y práctico sobre los efectos nocivos que traerá su reforma, y hay oídos sordos para las advertencias de los mercados financieros, de los inversionistas y hasta del gobierno de Estados Unidos, al que se le contesta con desdén y con soberbia disfrazada de soberanía, difícilmente escucharán o atenderán la propuesta que realizó ayer la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Pero eso no quita que, en el duelo a muerte entre los tres poderes de la República que se libra actualmente, donde el Legislativo y el Ejecutivo, a las órdenes del presidente saliente, intentan arrasar y desaparecer al Judicial para crear uno a su gusto y conveniencia, ayer los ministros de la Corte dieron un paso estratégico que, sumado a su presencia en las marchas y protestas, los está mostrando no sólo como sensibles a las manifestaciones sociales, políticas y hasta financieras contra la Reforma obradorista, sino también como estrategas que ya decidieron hacerle frente al autócrata que pretende apropiarse de la justicia federal para beneficio de su movimiento político… Ayer se emitió la convocatoria para renovar la dirigencia nacional de Morena, lo que significa que empezó el proceso para llevar al CEN del partido gobernante a Andrés Manuel López Beltrán, de la mano de su amiga Luisa María Alcalde. No se sabe aún a ciencia cierta si el polémico ”Andy”, orgullo del nepotismo de su padre, será el próximo secretario general o el Secretario de Organización de Morena, pero lo que sí se sabe y todos, dentro y fuera de la 4T, es que con la llegada de su vástago a la dirigencia partidista, el presidente prepara y ejecuta el “Maximato” que tanto ha negado en público, pero que ejercerá en privado, con la presencia de su hijo como la “correa de transmisión” para dirigir a la que ocupará la silla y de paso al movimiento que no dudará en obedecerlo a él y no a la presidenta. Al menos por ahora… Los dados mandaron Serpiente Doble. La semana se viene complicada.
