Quizás por un sentido instintivo, pero también por un tema de dignidad personal y política, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia han expresado que ninguno de ellos renunciará a su cargo y permanecerán en el mismo hasta que las reformas constitucionales que están imponiendo Morena y López Obrador se los permitan. Salvo el ministro Luis María Aguilar, que acaba su ministerio en noviembre próximo, ningún otro ministro o ministra piensan renunciar para obtener su haber de retiro y se irán sólo con las condiciones que marque la reforma.
Y sobre la posibilidad de postularse como candidatos al mismo cargo que le será cancelado que les otorga la cuestionada reforma, hasta ahora se sabe que sólo tres de los 11 ministros que integran el pleno, sólo tres ministras, las que están identificadas como leales a la 4T, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres estarían pensando en lanzar sus candidaturas en busca de mantenerse como integrantes de la nueva Suprema Corte que resultará de la cuestionada reforma lopezobradorista.
Hasta ahora, salvo que alguno de ellos decida lo contrario, los ocho ministros restantes están decididos a no legitimar ni validar la reforma al Poder Judicial y por lo tanto no se postularían como candidatos a las elecciones que se llevarán a cabo en 2025. Incluso el ministro Javier Laynez Potisek, cuyo nombre se había mencionado como el de un posible candidato, nos dijo ayer en el noticiero radiofónico de A la Una, con este columnista, que jamás buscaría ser candidato.
“Sería contra mis principios. Yo me he batido en esta batalla y no es por mí, estoy pensando en todos los jueces, juezas y magistrados. Yo estoy seguro que el sistema de elección que se está adoptando no solo no corrige ni la corrupción ni el sistema de intereses, sino que los agrava. Un juez que es electo, tiene riesgos tremendos de ser coptado. ¿Cómo voy a participar yo en algo que no creo?. Y ¿tú crees que yo pueda ganar? No. Ya vimos que Corte quieren, ya sabemos quiénes irán arriba en las listas y ya está todo arreglado”, nos dijo ayer en entrevista el ministro Laynez.
Y en cuanto a la permanencia o salida de Norma Piña como presidenta de la Corte, todo indica que la mayoría de ocho ministros han decidido respaldar la continuidad de la actual ministra presidenta. Y es que ya hubo una propuesta directa que hizo hace unas semanas la ministra Yasmín Esquivel al interior del pleno, en la que planteó que Piña tenía que renunciar a la presidencia por ya no tener interlocución con los otros poderes, y dar paso a una “presidencia interina” que permanezca hasta la transición a la nueva Corte, pero el planteamiento fue rechazado por la mayoría de los miembros del pleno.
“No, esas opiniones son de quien quiere la Presidencia de la Corte. Ya lo intentaron y no pasó, incluso ayer en la madrugada (en el debate del dictamen en la Cámara de Diputados) hubo una reserva para pedir la destitución, así con nombre y apellido, me parece que eso es hasta éticamente incorrecto”, afirmó ayer Laynez Potisek.
Así que, en medio de la incertidumbre y la tensión que hoy vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante su inevitable desmantelamiento conforme avance la reforma lopezobradorista, la decisión de seguir hasta el final está tomada, tanto por la mayoría de ministras y ministros, que no piensan saltar del barco hasta que literalmente los corran, como por los trabajadores de base, jueces, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial de la Federación que tampoco piensan rendirse y pretenden seguir sus paros y su lucha hasta llevarla incluso a las instancias internacionales.
Por ahora es un hecho que, con su mayoría sumisa y fanatizada, el presidente se saldrá con la suya y modificará radicalmente el Poder Judicial, no necesariamente para mejorarlo o garantizarnos mejor justicia, sino para tener el control y manipular a los jueces electos por voto popular a que no se enfrenten ni desafíen al Poder Ejecutivo, aún a costa de violentar los derechos ciudadanos como el juicio de amparo al que también modifica esta reforma.
Pero lo que vendrá después, con una elección tan costosa como compleja, con un relevo escalonado de los juzgadores federales y con una nueva Corte a modo del poder político, eso es algo que nos costará a todos los mexicanos, no sólo porque tendremos un sistema de justicia más precario, ineficiente e inexperto del que hoy tenemos, sino por los impactos que el cambio de reglas jurídicas y judiciales tendrá en las inversiones nacionales y extranjeras, con sus respectivas afectaciones a la economía del país. Pero eso sí, tendremos jueces votados, aunque eso no nos vaya a servir para bendita la cosa.
NOTAS INDISCRETAS… En un país como México donde la violencia de género contra las mujeres no cesa y por el contrario se sigue agravando, no puede entenderse que las autoridades del gobierno federal no castiguen y sancionen como se debe este tipo de delitos y conductas entre los servidores públicos. Porque según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias de delitos sexuales han crecido durante los últimos años y en ese contexto es muy grave que en la Comisión Federal de Electricidad se siga protegiendo y encubriendo a funcionarios señalados y denunciados como acosadores de mujeres en esa dependencia federal. Ayer un grupo de mujeres trabajadoras de esa Comisión salieron a tomar calles del Centro Histórico de la capital del país para denunciar y exigir justicia pues, acusan, han sido víctimas de acoso por parte de Adrián Olvera Alvarado, actual director de la CFE Generación V, puesto clave en esa empresa pública. Al grito de "¡Fuera acosador!" las trabajadoras mostraron pancartas que exigían “Basta de violencia contra las mujeres en la CFE” y “Justicia para las víctimas de Adrián Olvera Alvarado”, y aunque dijeron temer por represalias por denunciar a este funcionario, dijeron que vencieron el miedo porque en la CFE “nadie nos ha escuchado” para frenar y castigar la actitud del funcionario. Las denuncias públicas contra Olvera Alvarado no son el único caso dentro la empresa eléctrica. En denuncias interpuestas el pasado 27 de junio ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), y el 23 de julio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Gerardo Gallardo Gutiérrez, Superintendente de la Central Termoeléctrica Salamanca, también fue acusado de incurrir en violencia de género y acoso laboral contra una mujer bajo su mando, provocándole un cuadro clínico que puso en riesgo su vida. ¿Acaso el titular de la CFE, Manuel Bartlett, desconoce de esos hechos y por ello ha mantenido en sus cargos a ambos funcionarios? O como ya tiene hasta sucesora en el cargo, ¿don Manuel prefiere no escuchar las denuncias de las empleadas de la CFE y hacer mutis para heredarle el problema a la próxima directora?... Dice el viejo dicho que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y eso parece estar haciendo en Toluca el actual alcalde priista Juan Maccise, quien con el pretexto de la “transición” se ha acercado tanto al alcalde electo de Morena, Ricardo Moreno, que ya hasta se rumora que el peñista Maccise está a punto de seguir los pasos de muchos otros priistas renegados y saltar al morenismo. Y es que mientras los toluqueños se quejan de un abandono de su ciudad, por problemas de pavimentación, servicios e inseguridad en la capital mexiquense, al alcalde saliente se le ve más ocupado y preocupado por conseguir impunidad. Se dice que Maccise presume sus acuerdos con Ricardo Moreno, el próximo alcalde toluqueño que es muy cercano a Horacio Duarte, secretario de Gobierno de la entidad. Lo que buscaría el priista Maccise sería impunidad a cambio de hacer tersa la transición con Morena y dar información de los anteriores gobiernos priistas en Toluca. Veremos si con eso le alcanza a Maccise, eso para que los toluqueños olviden su mala administración que gastó 5 mil millones de pesos al año, los excesos de su esposa en el DIF Municipal y el pésimo gobierno que ha tenido el que ahora quiere purificarse vistiéndose de guinda… El INE rechazará declarar el rebase de tope de gastos de campaña del alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza. Pese al cabildeo realizado personalmente por el gobernador Samuel García, la Comisión de Fiscalización del INE por unanimidad declaró improcedentes dos quejas presentadas por Movimiento Ciudadano y en una de ellas sólo aprobó una multa para el PAN y PRI por 9 mil 692 pesos. Ambos acuerdos serán aprobados este jueves por el Consejo General del INE. Los dados giran. Capicúa y se repite el tiro.
