El jueves pasado, en su conferencia mañanera, le preguntaron al presidente por el pleito que se traen el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el fiscal general de ese estado, Pedro José Arce, y que ha llegado ya a peticiones de remoción del fiscal ante la Suprema Corte, del lado del mandatario, mientras que de la Fiscalía a investigar a varios funcionarios e incluso a catear oficinas del gobierno estatal. Sin dudarlo, como si ya hubiera tomado partido a partir de la versión que seguramente le dio el gobernador, el presidente defendió y respaldó a Samuel y acusó al bloque PRI-PAN en el Congreso local y al fiscal autónomo, de encabezar una campaña política contra el mandatario emecista.
“Se formó un bloque del Congreso de Nuevo León; él llega, gana porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso; los del Congreso se agrupan y empiezan a imponerse, en funciones que no les corresponde, y lo obligan a destinar recursos para determinadas obras, determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en el Congreso local. Yo no estoy de acuerdo con eso, no debe haber esos chantajes. Y ahora, lo peor, es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y estos fiscales, muchas veces, llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores. Ayer una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado que tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso, ahí no hay equilibrio de Poderes”, dijo el presidente en un abierto respaldo a Samuel García.
El presidente sólo tiene una versión de los hechos y aun así no dudó en apoyar al gobernador con quien tiene un pacto político. Porque el enfrentamiento entre Samuel García y el fiscal Pedro Arce, que comenzó en octubre de 2022, cuando éste último fue nombrado “encargado de despacho” de la Fiscalía, tras la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, y por la mayoría del PRI-PAN en el Congreso local, escaló el pasado 20 de mayo, cuando en un enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico, ocurrido en Apodaca, un niño de 14 años de edad fue asesinado por los criminales en el puesto de frutas en el que trabajaba.
El menor de edad, de nombre Roberto García Gámez, era estudiante de tercero de secundaria y jugador de futbol americano, y estaba trabajando la noche del sábado 20 de mayo con su padre en el puesto cuando a las 22.40 horas un grupo armado comenzó a disparar en contra del presunto narcomenudista Ángel Ricardo, de 27 años, un cliente que había llegado al lugar y que al percatarse del ataque en su contra, agarró al menor de edad y lo utilizó como escudo humano para protegerse de las balas. El niño quedó gravemente herido con disparos en el rostro y el pecho y aun cuando su padre lo llevó en su camioneta a un hospital cercano, que estaba cerrado, murió al no ser atendido de emergencia, mientras que el narcomenudista fue hospitalizado y murió el 30 de mayo.
Con todo y la gravedad de ese hecho, que habla de un Monterrey que empieza a desbordarse de nuevo en su violencia del narcotráfico, lo más delicado es que al presidente no le dieron toda la información de lo que siguió a la lamentable muerte de un menor de edad inocente.
En la investigación que abrió la Fiscalía de Nuevo León, sobre la muerte del niño y el ataque a Ángel Ricardo, descubrió que ese narcomenudista ejecutado era representante legal y accionista de una empresa con un determinado domicilio. Y siguiendo la pista del móvil del ataque, fueron a catear ese domicilio y descubrieron que en ese mismo lugar había otras dos empresas que compartían el mismo domicilio y en esas dos empresas aparecen como accionistas personajes muy cercanos al gobernador Samuel García.
Las tres empresas que compartían domicilio, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía estatal que conocen la investigación, resultaron ser “empresas fachada o factureras” que celebran operaciones ficticias por las que cobran recursos y los socios o accionistas de dos de ellas resultaron ser funcionarios del SAT estatal de Nuevo León, mientras que de la empresa para la que trabajaba el narcomenudista asesinado, los investigadores de la Fiscalía encontraron que un “personaje muy protegido por el gobernador” celebraba contratos directos con esa compañía fantasma.
Con toda esa información tan comprometedora para el gobernador y sus amigos y colaboradores, que hasta ahora no ha sido revelada la Fiscalía, aunque ya está en poder del fiscal Pedro Arce, se entiende por qué Samuel García se puso tan nervioso y paranoico, e incluso que haya buscado personalmente a López Obrador, con quien mantiene un entendimiento político –no cuestionarlo a cambio de que lo apoye en sus obras y programas–. Pero lo que no es tan entendible, es que la denuncia del mandatario estatal, sobre la supuesta persecución en contra de su subsecretario de Finanzas, ocurrida el pasado miércoles al mediodía, en la que agentes de la Fiscalía armados intentaron entrar al edificio de la Torre Administrativa del Gobierno del Estado, se base solo en dichos y no se presente ni siquiera un video sobre la intromisión de los agentes en el edificio de gobierno.
Porque desde la Fiscalía de Nuevo León se afirma que es falsa la acusación de Samuel García y tal persecución y menos el intento de agentes armados de entrar al edificio del gobierno estatal a detener al subsecretario, por lo que el gobernador habría engañado al presidente. “La Fiscalía de Nuevo León informa que el día de hoy personal administrativo del Ministerio Público, que no porta armas ni carácter de policía, acudió a entregar un oficio de medidas de protección a una dependencia del Gobierno del Estado. Cabe referir que personal de dicha dependencia se negó a recibir la notificación y a identificarse. La Fiscalía descarta que se haya efectuado cualquier acto de investigación que signifique irrumpir o ejercer fuerza en la Torre Administrativa del Gobierno del Estado”.
Así que está la versión del gobernador, que le vendió al presidente y este le creyó que hubo un “cateo y una toma de una oficina del Gobierno del Estado con la policía” y está la versión de la procuraduría sobre una diligencia de notificación que no fue recibida por personal estatal en la citada Torre Administrativa. Si Samuel García no está engañando al presidente, debería presentar los videos que comprueben la irrupción violenta de los agentes de la Fiscalía, porque en un edificio público como ese, seguro hay cámaras que lo captaron; si no lo hace, entonces expondrá a López Obrador a caer en un ataque más hacia un órgano autónomo, en este caso la Fiscalía General de Nuevo León. Sería muy bueno que, antes de embarcarse en defensas a ultranza que lo comprometen, el presidente escuche la otra versión.
NOTAS INDISCRETAS… Las reglas de Morena para elegir a su candidato presidencial, que por cierto fueron publicadas con errores de dedazos como la palabra “aspirates”, ya están listas y ayer fueron festejadas por todas las “corcholatas” a las que se les impusieron una serie de limitantes y obligaciones, algunas relacionadas con el cumplimiento estricto de la ley electoral (no utilizar recursos públicos, comportarse de manera austera, no gastar en pautas de publicidad, etc.) pero otras de plano cargadas de radicalismo e ideología, como la que dice textual que los aspirantes morenistas “evitarán a los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”. Sería bueno conocer la lista de esos medios, aunque seguro es la que les dictan todas las mañanas desde Palacio Nacional. En todo caso, el documento que ayer aprobaron los 300 consejeros nacionales ordena que la próxima semana se inscriban todas las corcholatas, aunque dice que no serán más de 6, es decir las cuatro ya conocidas, Ebrard, Sheinbaum, Adán Augusto y Monreal, más las añadidas de Manuel Velasco y Fernández Noroña, y define que habrá una campaña de más de 2 meses, del 19 de junio al 27 de agosto, para que los morenistas se hagan promoción supuestamente interna, pero a la vez campaña externa. Por lo demás, Marcelo Ebrard no pudo sacar su propuesta de varios debates entre los aspirantes, pues expresamente, los consejeros afines a Claudia (que dicen que son casi el 75% del Consejo) pusieron en las reglas que “se evitarán los debates públicos y polémicas” entre ellos. Y claramente la que se impuso fue Sheinbaum y por supuesto ya saben quién. Eso sí, Marcelo festejó ayer en redes que las reglas son buenas y pidió a sus seguidores “tener calma que todo estará bien”, aunque en el video del momento en que son aprobadas las reglas y tiempos, se ve a todas las corcholatas junto con Mario Delgado levantar el puño y gritar “Unidad, unidad, unidad”, todos lo gritan menos Marcelo. ¿Por qué no quiso pronunciar esa palabra?... Por cierto que en la Secretaría de Gobernación anoche confirmaban que el secretario Adán Augusto ya está haciendo maletas para irse en busca de la candidatura presidencial y que el día 15 presentará su renuncia. Según dicen en su equipo, el tabasqueño “está convencido de que puede dar la campanada” y convertirse en candidato presidencial, porque a él, más que a Marcelo o a Claudia le favorecen los 70 días que durará la campaña interna de las corcholatas morenistas. Y es que, en más de dos meses, dicen en Segob, Adán tendría tiempo para crecer, con sus recorridos por el país y ya sin cargo público que lo limite, y si ya las encuestas comenzaban a registrar crecimiento para él, ahora se convertirá en el aspirante que más puede crecer de los tres principales. “Hay una ley de la física que es incuestionable: quién está arriba, como puntera, ya no puede subir más y al contrario tendrá que bajar, y los que vienen de abajo tienen todo el margen para crecer, alcanzar y hasta rebasar”, nos decía anoche un asesor de Adán Augusto, de los que le manejarán su campaña a partir del próximo jueves. ¿Será que el que han llamado el plan B se puede volver plan A en tanto tiempo de campaña?... La Contraloría General de la CDMX anunciará en breve las sanciones e inhabilitación de hasta 10 años y pago de multas por hasta 51 mil pesos cada uno, en contra de 6 funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza la polémica alcaldesa Sandra Cuevas. De acuerdo con documentos en poder de esta columna, los seis funcionarios de la administración de Cuevas fueron acusados de desvío de recursos públicos al robarse los ingresos de los baños públicos en mercados en los que no daban el boletaje correspondiente y se quedaban con el dinero. La denuncia se presentó desde noviembre de 2022 y fue investigada por la Fiscalía de Justicia de la CDMX con la carpeta de Investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/00083/01-2023, por el delito de enriquecimiento ilícito. Y el pasado 8 de junio fue notificada la sentencia dictada por la Ponencia 17 de la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del TJACDMX, en autos del expediente TE/I-15617/2022, con base en la cual la Contraloría aplicará, una vez que quede firme la sentencia, las sanciones de inhabilitación de 10 años para el servicio público y el pago de una multa de 51 mil pesos en contra de Martha “N”, Jessica “N”, Susana “N”, Gherson “N”, los cuatro últimos directores de Mercados y Vía Pública entre el 1 de octubre de 2021 y hasta el 15 de agosto 2022, y contra Jorge “N” y Rodrigo “N” los dos ex subdirectores de Vía Pública entre el 1 de octubre de 2021 y el 10 de noviembre de 2022, al último de ellos, incluso lo sancionan con la destitución del cargo, además de la inhabilitación y la multa de los 51 mil pesos. La denuncia que dio origen a la investigación de este desvío de recursos fue de los locatarios del Mercado Público 18 Hidalgo, aunque a partir de eso se descubrió que había más mercados en donde no se daba el boletaje ni se reportaban los ingresos millonarios por el uso de los baños públicos. Todo se roban en las alcaldías… Los dados giran. Escalera doble y la semana promete.
