La gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, en donde está cumpliendo ya cuatro años, ha estado marcada por las ausencias, los excesos y tropezones jurídicos y los escándalos en la actuación del fiscal. Hoy la FGR está en manos de un “encargado” porque su titular se encuentra ausente por motivos de salud desde hace más de un mes y no es la primera vez, en su mandato, que la delicada función de procurar justicia —en un país donde la delincuencia y la corrupción se desbordan y los casos judiciales no avanzan— se ve afectada por la falta de presencia del fiscal.
El subprocurador Juan Ramos, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, más que “encargado de despacho” se ha convertido en el “hombre fuerte” de la Fiscalía, en el brazo derecho al que Gertz Manero, entre sus padecimientos de salud, su avanzada edad y su miedo al Covid, le ha entregado prácticamente el poder del cargo y le ha dejado decidir en casi todos los expedientes de alto perfil que tiene en sus manos la institución de procuración de justicia.
Tal como hoy lo está haciendo, desde que el fiscal tuvo que ser internado de emergencia en un hospital de los Estados Unidos a finales del año pasado, Juan Ramos se encargó de manejar la FGR durante el casi año y medio de la pandemia en el que Gertz se ausentó de su oficina por miedo a contraer el Covid y se conectaba desde su casa solo para ser informado de lo que se estaba haciendo y decidiendo en los casos relevantes por parte del subprocurador. Prácticamente desde que se decretó el primer confinamiento por la emergencia del Covid, en marzo de 2020, y hasta después de la mitad del 2021, todas las decisiones importantes las tomaron el fiscal Ramos y el entonces poderoso consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Hoy que las versiones periodísticas hablan de una operación de emergencia al fiscal en la columna, por un presunto cáncer que padece y que lo ha mantenido ya casi un mes fuera de sus funciones, la situación se ha repetido y, de nueva cuenta el control de la FGR recae en Ramos, pero esta vez con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como el corresponsable de tomar las decisiones importantes en una Fiscalía que, se supone por ley autónoma, pero que en los hechos sigue supeditada y alineada a los criterios y caprichos del poder presidencial, antes con Scherer y ahora con Adán Augusto como los operadores presidenciales de la “línea” a la oficina del fiscal.
Lo más grave de todo, amén de que la autonomía de la FGR sigue quedando en entredicho, es la opacidad y falta de transparencia con la que se maneja el que supuestamente es el “primer fiscal ciudadano” que tenemos en México. Si durante la pandemia Gertz dejó de acudir más de un año a su oficina sin que se informara de su trabajo a distancia a los mexicanos, ahora con sus problemas de salud vuelve a reinar la desinformación y los vacíos de comunicación oficial que propician el surgimiento de toda clase de rumores.
Tan solo este fin de semana, luego de que el viernes se filtrara en columnas periodísticas el internamiento y la operación a los que fue sometido el fiscal en un hospital oncológico de Baltimore, circularon todo tipo de rumores en las redes sociales: desde que había muerto Gertz Manero, situación que fue desmentida rotundamente, hasta un supuesto oficio presidencial a la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde con una firma apócrifa y una copia burda de la papelería oficial, se presentaba una lista de 13 prospectos a sustituir al fiscal a los que se pedía investigar en sus manejos financieros.
La vieja máxima de la comunicación pública, de que cuando hay vacíos de información éstos se llenan con rumores y fake news, se está cumpliendo de nuevo en el tema de la ausencia de Gertz Manero. Nadie informa a ciencia cierta cuál es el estado de salud del fiscal, cuál es el padecimiento que motivó su traslado de emergencia a un hospital estadounidense, si sigue hospitalizado en aquel país o ya está en México y, lo más imporante, cuándo se reintegrará a su delicada función y si su condición de salud, junto a su avanzada edad, le permitirán seguir al frente del cargo en una institución vital para los mexicanos.
Lo único que dijo el presidente López Obrador el viernes pasado, cuando le preguntaron por la ausencia del fiscal, fue que Gertz se había ido a hacer “una reparación”, como si se tratara de una máquina o un aparato electrónico. “Está muy bien Alejandro Gertz Manero, está haciendo su trabajo. Pues como todos, necesitamos a veces de alguna reparación”, dijo el presidente tratando, como siempre lo hace, de minimizar un tema tan delicado y en el que su gobierno ha intervenido aun por encima de la ley.
Ese es justo el problema por el cual la procuración de justicia en México, lejos de mejorar, modernizarse o haberse vuelto más expedita y eficiente con la creación de la primera Fiscalía General de la República, hoy está aún más lenta, viciada y politizada que en los tiempos de la repudiada PGR. Y es que no solo falló en su implementación el diseño institucional de la FGR que habían planeado académicos, activistas sociales y expertos que buscaban “una Fiscalía que sirva” y que fue completamente modificado por Gertz Manero con la complicidad de la mayoría oficialista en el Senado, sino también falló la elección del primer fiscal que ha resultado ausente, extralegal y violentador de la ley y que ha usado la justicia para dos cosas: sus temas y venganzas personales y la persecución de opositores y adversarios de un presidente y su movimiento político, al que el fiscal sigue sometido.
