La tarde del 5 de junio de 2009, a las 2:40 pm hora del Pacífico, las llamas empezaron a propagarse por una antigua bodega industrial habilitada como guardería infantil por particulares que brindaban servicios subrogados al Instituto Mexicano del Seguro Social . En cuestión de minutos el fuego comenzó a consumirlo todo y los gritos desesperados de las cuidadoras que trataban de salvar a los niños, se mezclaban con los llantos asustados y angustiados de pequeños desde meses hasta los 5 años de edad, mientras los intentos por salvar a los menores se entorpecían porque el edificio, que no contaba con salidas de emergencia, se convertía en una trampa mortal.
Las imágenes de aquella tarde en la capital sonorense le dieron la vuelta al mundo: niños quemados y desfigurados, cuerpos carbonizados de bebés que eran sacados de entre los escombros y los llantos desconsolados de padres y madres trabajadores que no podían entender cómo sus hijos terminaron muertos o con la mayor parte de su cuerpo quemado justo en el lugar en el que, ellos confiaban, estaban seguros y cuidados mientras ellos se dedicaban a trabajar: la Guardería ABC . Fue con mucho la peor tragedia que haya vivido el IMSS en su historia y uno de los accidentes fatales más dolorosos que se recuerden en la historia del país con 49 niños muertos y más de 100 heridos con quemaduras en su cuerpo y algunos con secuelas de por vida.
13 años después de aquellos hechos, los ecos de la Guardería ABC vuelven a resonar en la política nacional. Los señalamientos vertidos por el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien el martes, durante la presentación de su libro “Autobiografía Jurisprudencial”, volvió a mencionar las presiones políticas que sufrió del presidente Felipe Calderón en 2010 para modificar su proyecto de sentencia sobre lo ocurrido aquella tarde de junio en Hermosillo y la existencia de una “operación de Estado” para descalificar su investigación, su deslinde de responsabilidades que inculpaba a altos directivos del IMSS por “delitos políticos” y, sobre todo, para “proteger a la familia de la señora Margarita Zavala ”, esposa de Calderón y primera dama de la nación.
Aunque las acusaciones del ministro Zaldívar no son nuevas y ya las había mencionado en 2019 poco después de asumir la Presidencia de la Suprema Corte, en esta ocasión sus señalamientos tuvieron una respuesta directa de la diputada Margarita Zavala y del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont . Zavala contestó con un mensaje en su cuenta de Twitter con un desmentido en el que negó que ninguna autoridad hubiera buscado a los padres de los niños de la Guardería, que hubiera habido una operación para proteger a su familia y acusó al ministro de decir “ocurrencias” y de haber utilizado recursos públicos para presentar su libro.
Por su parte Fernando Gómez Mont , entrevistado por este columnista en el noticiero de “A la Una” por el Heraldo Radio , rechazó haber presionado o amenazado al ministro Zaldívar y aseguró que su proyecto de la Guardería ABC era “desproporcionado y proponía acusaciones y delitos que violentaban el orden legal y constitucional”, por lo que al final fue rechazado por la mayoría de ministros. Afirmó que en su trayectoria como abogado litigante y funcionario siempre ha defendido argumentos jurídicos y legales y acusó al presidente de la Corte de estar “alineado a un proyecto político” como el de la 4T, violentando totalmente la autonomía de su cargo.
Aunque la polémica hoy es interesante, no deja de resultar meramente anecdótica, pero también revive una actuación polémica del gobierno de Felipe Calderón ante aquella dolorosa tragedia en la que, si bien el entonces presidente y su esposa se presentaron un día después de los hechos ante los padres de los niños muertos y heridos en Hermosillo y les ofrecieron que habría justicia contra los culpables de la muerte de sus hijos, además de apoyos para más de 100 pequeños heridos, lo que vino después fue un calvario para los padres y sus hijos que pasaron años en las calles exigiendo castigo a los responsables, mientras desde el gobierno federal se protegía a los altos directivos del IMSS que firmaron los permisos de aquella guardería irregular, como el fallecido Juan Molinar Horcasitas , y solamente cesaban a funcionarios de nivel directores y delegados estatales.
La promesa de justicia de Calderón nunca se cumplió a cabalidad. La prima de Margarita Zavala, Matilde Gómez del Campo , dueña de la Guardería ABC y concesionaria del IMSS, nunca fue llevada a proceso ni por instancias federales ni estatales; para el 2012 cuando terminó el sexenio calderonista, solo había funcionarios menores tanto del IMSS, como del gobierno estatal y del municipio, detenidos y fue hasta 2016 cuando el Juez Primero de Distrito del Estado de Sonora, impuso condenas de prisión de entre 20 y 29 años a 19 implicados en el caso, entre los que están la Jefa del Departamento de Guarderías del IMSS; el delegado del IMSS en Sonora; la representante legal de la Guardería ABC; el director de Protección Civil de Hermosillo; el director de Bomberos municipal y su jefe de Departamento; el titular de Protección Civil Estatal; el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento; el director General de Recaudación estatal junto al subdirector de Control Vehicular, además de empleados de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal del Gobierno de Sonora.
Lo que nunca quiso aceptar Felipe Calderón es que, durante su gobierno, el modelo de atención subrogada en guarderías del IMSS, se convirtió no sólo en un jugoso negocio para particulares, algunos de ellos vinculados al panismo, que aprovecharon el relajamiento de las normas del IMSS y los pagos mensuales de hasta 422 mil pesos que se pagaban a los dueños de una guardería subrogada. 1,500 guarderías de ese tipo proliferaron por el país, muchas de ellas sin cumplir con las normas mínimas de seguridad, protección civil y cuidado de los niños. El IMSS pagaba por niño registrado y, sin importar la calidad del servicio, la mayoría de los particulares saturaban espacios mal acondicionados para recibir más niños y ganar así más dinero.
Tuvo que venir una tragedia como la de la Guardería ABC para que el IMSS revisara y modificara las normas de su modelo subrogado y su programa de guarderías. Ningún funcionario de alto nivel, ni del IMSS, ni del gobierno de Eduardo Bours o del ayuntamiento de Hermosillo fue acusado ni llamado siquiera a declarar en los juicios. Eso fue lo que tanto molestó al presidente Calderón cuando se enteró de que el proyecto del ministro Zaldívar proponía acusar y responsabilizar por “delitos políticos” al director del IMSS que firmó el permiso de la guardería de la tragedia, Juan Molinar Horcasitas, al gobernador Eduardo Bours y a otros funcionarios de primer nivel involucrados en los hechos.
Al final las polémicas políticas y los recordatorios de esta dolorosa tragedia no revivirán a los niños que fallecieron por la negligencia criminal de un sistema, pero sí sirven para que la memoria no se pierda y se recuerde que la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios a partir de concesionar o subrogar servicios tan delicados en una institución pública, estuvieron detrás de la muerte de 49 niños inocentes y las marcas de por vida a otros 100 menores que eran responsabilidad del Estado mexicano. Y para no olvidar tampoco que el expresidente Calderón, que ayer guardó silencio ante los señalamientos del ministro presidente, y mandó a su esposa y a su exsecretario de Gobernación a responderle si protegió en su momento a funcionarios y autoridades de alto nivel que tuvieron responsabilidades en la negligencia criminal que mató a los niños de Hermosillo.
NOTAS INDISCRETAS…
El anuncio de la SEP que desaparece el programa de Escuelas de Tiempo Completo dejará a 3.6 millones de niños y adolescentes sin recibir alimentación, cuidado y talleres de idiomas y otras actividades extracurriculares en 24,250 escuelas que operaban con horarios de 8 horas diarias. Se elimina así un programa que había sido reconocido por la UNICEF y por otros organismos internacionales que habían recomendado ampliar el sistema de tiempo completo en las escuelas públicas del país. Se cumple también así una orden directa que el presidente López Obrador le había dado el exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma , desde el año 2018 y que el ahora embajador en Washington se negó a aplicar por no estar de acuerdo con eliminar un programa exitoso y que servía a madres y padres trabajadores de las clases más desprotegidas al poder dejar a sus hijos cuidados y alimentados en la escuela en un horario más amplio. Fue precisamente esa la principal razón por la que Moctezuma salió de la SEP, en enero de 2021, luego de que el Presidente le exigiera desaparecer el Programa de Escuela Completa, a lo que el secretario se opuso: “No puedo desaparecer algo que funciona y eliminarlo sin justificación. Si esa es su decisión, Presidente, le entrego mi renuncia para que usted disponga y nombre a quien sí quiera hacerlo”, le dijo Esteban Moctezuma al mandatario en Palacio Nacional. Y López Obrador le tomó la palabra, le aceptó la renuncia y en su lugar nombró a una incondicional a toda prueba, la maestra Delfina Gómez , que llegó a ejecutar y a desmantelar en la SEP todo lo que no aceptó su antecesor. Si Delfina ya le había regalado a Andrés Manuel el dinero que le robaban a los trabajadores del municipio de Texcoco, con el descuento obligatorio del 10% de su sueldo para financiar al partido Morena, ¿por qué no le iba a desmantelar las Escuelas de Tiempo Completo que dejan desprotegidos a 3.6 millones de niños y adolescentes y a sus familias?...Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
