Irma Eréndira Sandoval, tendrá una segunda oportunidad —de las que muy pocas veces se dan en política— para restituir su imagen y credibilidad como responsable de investigar y sancionar actos de corrupción y conflictos de interés en el actual gobierno. La instrucción que le dio ayer el presidente López Obrador para investigar y sancionar la asignación de un contrato por 31 millones de pesos otorgado por el IMSS a León Manuel Bartlett Álvarez, pone a prueba la congruencia ya no sólo de la secretaria de la Función Pública, sino del mismo gobierno lopezobradorista. En la forma como procese su primer gran caso de posible corrupción, la 4T demostrará si el discurso de “ya acabó la corrupción” y del “no somos iguales a los de antes” es real o es pura demagogia.
El mismo presidente ayer tuvo que aceptar, casi a regañadientes y no sin antes cuestionar a Mexicanos contra la Corrupción y a Claudio X. González por publicar la investigación periodística que expuso la asignación de contratos al hijo de un miembro del gabinete presidencial. Sin condenar ni juzgar el evidente conflicto de interés y sin mencionar nombres, López Obrador ordenó a Sandoval que investigue y “si resulta responsable esta persona (el hijo de Bartlett, León Manuel Bartlett) tiene que ser sancionado, igual que la persona que le entregó el contrato (el director del IMSS, Zoé Robledo)”. Eso sí, el mandatario dejo ver la molestia que le causó esta decisión, al ubicar el tema como un golpe en su contra: “Pero lo que quiero destacar es ese afán de querer debilitar nuestro gobierno, les molesta mucho la transformación”.
Ayer mismo, tras recibir la orden del presidente, la Secretaría de la Función Pública informó en un comunicado que desde el viernes 1 de mayo, fecha en que se publicó el reportaje de Laura Sanchez Ley y Raúl Olmos, había iniciado una investigación sobre el contrato de 31 millones otorgado al empresario Bartlett Álvarez. Comentó que la titular Irma Eréndira Sandoval estaba al tanto del asunto y había abierto ya un expediente con información del Órgano de Control Interno del IMSS y a la delegación de Hidalgo, donde se otorgó el contrato para la compra de ventiladores a la empresa Cybetronic Solutios, cuyo domicilio fiscal era exactamente el mismo que el del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.
Contrario a la descalificación que hizo el presidente del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, Sandoval aseguró que “la Función Pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación”. La secretaria dijo que no se justificarán irregularidades por la situación de emergencia y habló no solo de un tema de legalidad, sino también de moral pública: “Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”.
Los duros cuestionamientos y el daño que sufrió su imagen pública tras el fallo con el que exoneró a Manuel Barlett Díaz de un conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, luego de que se revelara la posesión de más de 23 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, han perseguido a Irma Eréndira Sandoval desde que dio a conocer esa conclusión de sus investigaciones en diciembre de 2019. Aquella exoneración, por la que incluso muchos la compararon con su antecesor en el cargo, Virgilio Andrade, quien con argumentos legales similares dijo no haber encontrado “ningún conflicto de interés” en la adquisición de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la “casita” de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le costó a la funcionaria parte de su credibilidad como responsable de combatir la corrupción y vigilar el desempeño de los funcionarios de la 4T.
Entonces Irma Eréndira argumentó, además de una serie de razonamientos técnicos y legales, como el asegurar que la pareja de 20 años de Manuel Bartlett no era su concubina o que no era responsable de las fortunas de su hijo porque no era su dependiente económico, que al final todas las acciones que pudieron causar un enriquecimiento de la familia Bartlett, había ocurrido antes de que se integrara a este gobierno y a ella solo le correspondía revisar la actuación de los funcionarios a partir de iniciada esta administración.
Pues bien, hoy la secretaria Sandoval tiene otra oportunidad de revisar la actuación de los Bartlett, ahora por hechos y acciones cometidas en este gobierno: los contratos otorgados a León Manuel Bartlett, el mismo hijo al que eximió antes de cualquier responsabilidad por no ser dependiente económico, le fueron entregados en condiciones muy poco claras, todos por asignación directa bajo el argumento de la premura por la emergencia sanitaria, con precios muy altos en los costos de los ventiladores que le vendió al IMSS (1.5 millones de pesos por ventilador) y con una dirección de su empresa Cybersolutions que es exactamente la misma que la residencia de su padre. Y lo más grave y que difícilmente puede no constituir un conflicto de interés evidente, es que todos esos contratos, no sólo el del IMSS, sino otros que le ha dado el ISSSTE, Sedena y Marina, se le entregan sin licitación y aún con el vínculo familiar directo con el director de la CFE.
Dicen que todos merecemos una segunda oportunidad y hoy Irma Eréndira Sandoval la tiene. ¿Volverá a aplicar el mismo criterio de investigación que no encontró ningún conflicto de interés en una fortuna familiar e inmobiliaria construida a lo largo de una vida como servidor público de Manuel Bartlett, o esta vez, ante las conflictos familiares evidentes y el tráfico de influencias que supone que un hijo de un funcionario se vuelva beneficiario del mismo gobierno para el que trabaja su padre al recibir varios contratos millonarios sin licitaciones de por medio, la secretaria volverá a hacerse la que no encontró nada ilegal?
En las manos de Sandoval está la posibilidad salvar algo de su congruencia y de alejarse de inevitable la comparación con su antecesor Virgilio Andrade; pero más allá de eso, también está la credibilidad de la 4T y del presidente López Obrador para saber si su lucha y discurso contra la corrupción es real, o si todo fue un engaño o un slogan permanente de campaña.
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