Al gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, lo está acusando un grupo de empresarios de Querétaro de robarse un avión que ellos compraron en una subasta del Indep (antes SAE) y por el que pagaron 6.4 millones de pesos. El avión es un Gulfstream Comander 1000 y, al momento de ser subastado, estaba “bajo resguardo” del gobierno de Durango, a quien se le había prestado en tanto era vendido, pero ocurrió que al mandatario duranguense nadie le avisó que la aeronave ya había sido vendida y cuando sus nuevos dueños fueron hasta su estado a recogerla, sus pilotos y guaruras se negaron a entregarla a sus nuevos y legítimos dueños.
La subasta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado comenzó desde el 14 de noviembre pasado y diez días después, tras una oferta de 6 millones 412 mil pesos, que fue la más alta en la puja, la dependencia emitió su fallo el 24 de noviembre y asignó la aeronave, matrícula XC-AA19 y número de serie 96056 a los empresarios queretanos que un día después pagaron el 50% del valor del avión y el 30 de noviembre, de acuerdo al plazo que les puso el Indep, liquidaron la suma total, recibiendo incluso la factura del aparato que era propiedad del gobierno federal.
Cuando los nuevos dueños pidieron ver el avión por el que ya habían pagado, los funcionarios del Instituto de la Secretaría de Hacienda les informaron que se encontraba fisícamente en Durango, donde el gobierno de Rosas Aispuro lo tenía en resguardo, pero que les sería entregado el 16 de diciembre en el aeropuerto de la capital de aquel estado. Hasta allá llegaron puntuales los empresarios que se presentaron al hangar del gobierno del estado donde se encontraba la aeronave, pero cuál sería su sorpresa que el piloto del gobernador, Samuel Barcaza, y su copiloto, les dijeron que no entregarían el avión porque “el gobernador no estaba de acuerdo con que el SAE hubiera subastado la aeronave en la que él se movía sin avisarle”.
Ese mismo día, dijeron, el mandatario Rosas Aispuro tenía pogramado un vuelo en el Gulfstream a Aguascalientes y necesitaban llevarlo, pero se comprometieron a que sólo lo dejaban en su destino y regresarían “en menos de dos horas” al aeropuerto duranguense para hacer la entrega formal de la aeronave a sus nuevos dueños. Pero pasaron más de 5 horas y los empresarios de Querétaro se quedaron con un palmo de narices: el avión nunca regresó y los funcionarios del Indep les informaron que “el gobernador no quiere devolver el avión” y que no se los podrían entregar.
Desde entonces los nuevos propietarios de la aeronave han estado insistiendo en pedir que se les entregue el avión por el que ya pagaron y del que tienen la factura, pero la respuesta de los funcionarios del Indep, que dirige Ernesto Prieto, ha sido la misma: “No podemos hacerles la entrega”. El tema ya llegó a los tribunales con el amparo interpuesto por los empresarios afectados, quienes acusan no sólo el incumplimiento del Indep para entregar un bien federal subastado y pagado, sino también la negativa del gobernador de Durango, quien dicen, se robó su aeronave.
“Nosotros recurrimos a instancias federales a meter la denuncia, para proteger los intereses de la empresa. (…) el INDEP siempre estuvo apoyándonos en estos primeros tres días y, posteriormente, ha mandado únicamente correos de diferentes instancias, desde administradores, posventa, servicio al cliente, diciendo que se va a cancelar (la subasta), que quieren cancelar la operación o el procedimiento de todo esto que sucedió, no dándonos mayor explicación más que el área regional no ha podido hacer la entrega”, dijeron los empresarios afectados al diario Código Querétaro.
Pero a pesar de que ese amparo en teoría impediría que la aeronave se siguiera utilizando, al parecer el gobernador duranguense sigue volando en ella, aun cuando sus nuevos dueños firmaron, como parte de los trámites que les pidió el Indep para adjudicárselas una constancia de entrega en la que se dice que ellos son los únicos responsables del uso y destino del avión que sigue en poder del gobierno de Durango.
El tema, que parece anecdótico, plantea en realidad que los problemas e irregularidades en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado siguen siendo tan delicados como cuando su anterior director, Jaime Cárdenas Gracia, renunció en septiembre de 2020, en medio de denuncias y acusaciones de corrupción en esa institución por robo de piezas de joyería, subastas amañadas y daños al patrimonio federal con adjudicaciones que no beneficiaban al gobierno, acusaciones que le valieron al abogado una descalificación del presidente López Obrador que lo acusó de “no dar el ancho para el servicio público”.
Ahora, en lugar de dar certidumbre a los particulares que participan en su subasta, el Indep del señor Prieto pretende cancelar la adjudicación que ya había hecho a los empresarios de Querétaro y revertir una compra ya finiquitada y facturada, mientras que el gobernador sigue volando en un avión, que fue de propiedad federal y que ahora es propiedad particular. Unos defraudando y otros robando. El Instituto que supuestamente debe “devolver lo robado” está legitimando un robo y el gobernador se apropió de un bien que le habían solamente prestado. Y los empresarios terminaron viendo volar su dinero, pero no el avión por el que pagaron. No se ría que es en serio.
NOTAS INDISCRETAS… Después del arranque lopezportillista de Pablo Gómez, el titular de la UIF que propuso “estatizar” a Banamex como en los tiempos de Jolopo y de que el presidente se preocupa más por un banco “mexicanizado” que porque haya un buen servicio, crédito y competencia real en la banca nacional para beneficio de los ahorradores, ayer fue el canciller Marcelo Ebrard quien le entró a la competencia de las ocurrencias al plantear la posibilidad de “expropiar” el valioso Patrimonio Cultural de CitiBanamex, que incluye colecciones de arte, edificios coloniales y un acervo histórico invaluables, para compensar, dijo don Marcelo, “los injustos apoyos que hemos dado los contribuyentes en los cuantiosos pagos anuales de los pagarés del Fobaproa”. Si ya la idea estatizadora del radical titular de la UIF había levantado varias cejas entre los banqueros e inversionistas, habrá que ver cómo reaccionan los dueños estadunidenses de Citibanamex y de su acervo cultural, a la idea del canciller mexicano que, se supone, es de los moderados de este gobierno. A ver si tantas “geniales ideas” del presidente y sus colaboradores no terminan espantando a los posibles compradores y a los inversionistas extranjeros, que de por sí ya están asustados con este gobierno, tal como lo prueban los 12,600 mdd de inversiones foráneas que vendieron sus valores gubernamentales y abandonaron el país. Y sí, serán capitales golondrinos, pero esos son los primeros que vuelan cuando ven señales de nubarrones y tormentas económicas… Hablando de nubarrones, al que no le fue nada bien con su cambio de posición fue al exsecretario de Bienestar, Javier May. Contrario a lo que se piensa, no fue un premio del presidente mandarlo al complicado y retrasado Tren Maya, donde el tabasqueño con bachillerato trunco, no la tiene nada fácil para terminar en tiempo una obra que nadie que sepa un mínimo de construcción apuesta porque será terminada antes de que termine el sexenio. Es muy posible que el señor May, con quien el presidente no estaba nada contento por su pésimo desempeño en el manejo de los programas sociales, sólo sea un parapeto para que el presidente anuncie, en marzo próximo, que todo lo que falta de obras al Tren Maya le serán asignadas al Ejército mexicano, que una vez que termine y entregue el Aeropuerto Felipe Ángeles, serán enviados como “bomberos” a tratar de rescatar uno de los caprichos presidenciales más costosos en la historia del presidencialismo mexicano. Y ya ni hablar de quién sustituyó a May en Bienestar, la operadora de René Bejarano, Ariadna Montiel, lo cual no pinta nada bien con miras a las 6 elecciones locales de este año y a la del Estado de México en 2023, eso por no mencionar el premio que recibió la “mochadora de sueldos” a los trabajadores del DIF Nacional, María del Rocío García, que como aprendiz de Delfina Gómez se llevó hasta 21 millones de pesos descontados a los empleados federales del DIF. Ni hablar, ya sabíamos que este gobierno prefiere la incondicionalidad a la experiencia y preparación, pero ahora también sabemos que López Obrador premia a los que les roban el dinero a los trabajadores… Por cierto, que la defensa del secretario de Gobernación, Adán Augusto, a su paisano Javier May, fue más de dientes para fuera que otra cosa, porque el exgobernador de Tabasco no puede ver ni en pintura al cuasi preparatoriano que, durante las inundaciones de 2020, le hizo ver al entonces gobernador su suerte cuando no entregó los apoyos y ayudas a los tabasqueños y generó un caos y un clima de inconformidad con el gobierno estatal que entonces encabezaba el hoy titular de la Segob. Ni hablar, bien dicen que la política es el arte de tragar sapos y defender lo indefendible cuando te lo manda tu jefe… Los dados abren con Serpiente Doble. La semana se viene complicada. A seguirse cuidando de ómicron que no es una “gripita”, como dicen los irresponsables.
