La relación entre Andrés Manuel López Obrador y los hombres del empresariado nacional, que empezó con una luna de miel en los albores del sexenio —cuando el presidente les juraba amor y los empresarios le prometían inversiones— se tornó muy pronto en diferencias, pleitos y distanciamientos. La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue el primer aviso de que se había acabado la luna de miel y empezaban los problemas que pronto se volverían pleitos abiertos con la imposición de leyes, iniciativas y decretos con los que el presidente y sus bancadas del Congreso golpean a las inversiones privadas, modifican contratos y cambian las reglas del juego en sectores estratégicos generando pérdidas e incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.
No había pasado ni un año de la 4T y esa relación que nació movida por el interés mutuo ya se había vuelto tormentosa. Y aunque con episodios de reencuentros, diálogos en Palacio Nacional y algunos acuerdos como el incipiente Plan Nacional de Infraestructura, la realidad es que se abrió una brecha cada vez más amplia entre el proyecto político de López Obrador y los organismos empresariales, ante un presidente cada vez más influido por los sectores más duros e ideológicos del gabinete, mientras perdían fuerza en el equipo presidencial los moderados y se rompía el enlace del empresario Alfonso Romo en la Oficina de la Presidencia. Para el inicio del tercer año de gobierno, la relación entre el poder político y el económico, que comenzó con elogios mutuos y cebollazos, ya era una guerra soterrada en la que, sin romper nunca las formas, el presidente imponía, golpeaba y los empresarios reaccionaban pidiendo diálogo y negociación que casi siempre ganan en Palacio Nacional.
Y aunque López Obrador sigue manteniendo cierta relación y comunicación con algunos de los hombres más ricos del país, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Daniel Chávez, Olegario Vázquez Aldir, Miguel Rincón, entre otros, y ha recuperado interlocución con el grupo de los 10 de Monterrey con los que ha tenido más roces, su relación con los organismos cúpula del sector empresarial es la más desgastada y la que más tensa se ha vuelto por las decisiones presidenciales que golpean a muchas de las empresas agrupadas en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras.
En esos organismos cupulares es donde ha surgido más resistencia a las políticas de la 4T, aunque en ese bloque empresarial hay dos corrientes que encaran de manera distinta sus diferencias y enfrentamientos con el gobierno lopezobradorista. Por un lado está el ala radical del CMN y la Coparmex, con personajes como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, que han emprendido un activismo político abierto en contra de la actual administración, con la creación de la organización “Sí Por México”, que facilitó y financia a los candidatos de la Alianza Opositora del PRI-PAN-PRD para enfrentar a Morena y prepara campañas y estrategias para arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados tratando de ganarle en 150 distritos electorales estratégicos; y por otro lado está el ala más dialoguista y moderada del CCE y la Concamin, que aunque también apuestan a combatir al lopezobradorismo en las próximas elecciones, lo hacen con métodos más políticos y jurídicos.
Ese bloque de empresarios ha definido su propia estrategia para enfrentar el embate constante de la 4T y de las decisiones de López Obrador contra las empresas e inversiones privadas y consiste en 3 acciones que fueron definidas recientemente en una reunión de los organismos cúpula del sector empresarial. La primera acción es el “diálogo constante”, con el que se proponen no cerrar los canales de comunicación e intercambio de ideas y posiciones con el gobierno de López Obrador sobre temas, iniciativas de ley o reformas constitucionales que afecten al sector privado y la inversión. La segunda acción que tomarán los empresarios es la vía jurídica, en donde contemplan desde el amparo hasta las controversias constitucionales para impugnar cualquier política, decreto o ley que lesione los intereses de las empresas y dañe la certidumbre jurídica para la inversión privada en el país. Y la tercera acción que han definido los hombres de negocios, como última instancia, es acudir a los tribunales y los organismos internacionales para litigar cualquier asunto que no pueda ser resuelto en el Poder Judicial Federal y en los Tribunales Fiscales y Administrativos.
Con esas tres acciones, dijeron en su acuerdo organismos como el CCE, Concamin y Coparmex, se tratará de mantener a raya a las políticas antiempresariales del gobierno federal, sin romper los canales de comunicación, mientras se busca también derrotar en las urnas a Morena y modificar la actual mayoría del Congreso y los equilibrios políticos para hacer contrapeso al presidente López Obrador a partir de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, como un primer paso para después tratar de influir en la consulta popular para la revocación de mandato en 2022 y, como el principal objetivo, la elección presidencial de 2024.
Así que las cosas entre el presidente López Obrador y los hombres que mueven el dinero en este país están más que claras y cantadas. López Obrador llegó a la Presidencia ofreciendo que iba “a separar el poder político del poder económico” y lo ha logrado aunque sólo en parte, pues aún hay empresarios consentidos y cercanos al presidente que incluso logran influir en él y en algunas de sus decisiones; pero lo que es un hecho es que con la clase empresarial, como la élite que representa al verdadero poder económico, la relación ya está en un punto de ruptura, al grado que los empresarios apuestan y buscan —algunos con métodos más políticos y sutiles y otros de plano financiando y participando en las campañas electorales— frenar el proyecto político lopezobradorista a partir de lograr su derrota el próximo 6 de junio.
NOTAS INDISCRETAS…
Y hablando de la guerra ente el presidente y los empresarios, ayer estos últimos se anotaron una sonada victoria con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó suspender y tirar el “Decreto para la Confiablidad, Seguridad y Sustentabilidad del Sector Eléctrico”, mejor conocido como el “Decreto Nahle”, porque los ministros consideraron que dicha política, impulsada por la titular de Energía, Rocío Nahle, “le otorga indebidamente preferencia y privilegios a la CFE” e inhibe y afecta la competencia en el mercado de generación de energía eléctrica en el país. La decisión de los ministros es importante porque sienta un precedente a favor de las empresas privadas generadoras de energía y el intento por cancelar o modificar los Certificados de Energías Limpias (CEL) que ordenaba el gobierno federal en ese decreto. Del 100% de la energía eléctrica que hoy se genera en México el 46% la producen empresas privadas y el 54% la CFE, por lo que el fallo de la Corte viene a ser un respiro para los inversionistas privados en el sector eléctrico, tantos nacionales como extranjeros, pero también un duro revés para el gobierno de López Obrador y su política energética… Sin embargo, hay quien dice que en Palacio Nacional ya sabían, por sus “informantes” de adentro de la Corte, cómo venía el proyecto de sentencia de los ministros y hasta con cuántos votos a favor lo iban a aprobar y aseguran que por esa razón fue que el presidente López Obrador decidió meter como iniciativa preferente su proyecto para reformar la Ley de la Industria Eléctrica en el país y meter a la legislación secundaria todo lo que los empresarios y la Corte le tumbaron en el “Decreto Nahle”. Así que, agárrense, porque el agarrón eléctrico va a sacar chispas y es seguro que la mayoría de Morena, que además ayer se fortaleció con el fichaje de tres diputadas federales que renunciaron al PES para sumarse a la bancada morenista, aprobará en fast track, antes de que termine febrero, la iniciativa del presidente y que el Senado, donde sólo se requiere mayoría simple, hará lo propio. La pregunta es si, una vez aprobada la ley, los empresarios buscan interponer una Controversia Constitucional contra la nueva legislación de la Industria Eléctrica, como ya lo tienen pensado en el CCE, ¿qué haría entonces el presidente? ¿una reforma constitucional al 27 para imponer a fuerza su nueva política eléctrica? El problema es que ahí si le falta mayoría calificada en el Senado y es muy posible que el tiempo ya no le alcance de aquí a junio; a menos que Morena vuelva a ganar la mayoría en las elecciones. Y la verdad, eso cada vez se ve más dudoso… Por cierto, en varios estados del país, nos cuentan encuestadores que han levantado sondeos recientes, las contiendas se están cerrando y las diferencias holgadas que traía Morena se están perdiendo y en varias entidades están creciendo los candidatos de la Alianza Opositora. Pronto se publicarán esas encuestas y nos adelantan que en Sonora, por ejemplo, Alfonso Durazo ya casi fue alcanzado por el aliancista Ernesto Gándara; que en Michoacán el candidato de PRI-PAN-PRD, Alfonso Martínez, está palmo a palmo con Raúl Morón, de Morena, gracias a la división que causa Cristóbal Arias por Fuerza por México; y que en Baja California, la ventaja que traía la candidata Marina del Pilar, con Morena, se verá afectada con la inclusión del polémico Jorge Hank Rhon, que va a modificar los números en el estado norteño. Así que la cacareada ventaja morenista, rumbo al 6 de junio, cada vez se reduce más… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
