El país se enfila a un recrudecimiento de la pandemia por el próximo invierno y a un aumento exponencial y doloroso de muertes y contagios por Covid que se ve inevitable. Las autoridades mexicanas siguen divididas en la forma de enfrentar esta emergencia y no hay ya una estrategia nacional porque el gobierno federal, con su fallida y cuestionada metodología, su negativa al aumento de pruebas y sus cifras llenas de subregistros, ha sido rebasado por los gobiernos locales y ha perdido el control de la emergencia sanitaria.
En medio de ese caos y mientras nuestras autoridades juegan al ensayo y error con los colores del semáforo, en medio de la escasez de recursos, la saturación de los hospitales públicos y la inexistencia de directrices generales por el miedo y la tibieza del presidente López Obrador, que se niega a tomar medidas coercitivas que dañen aún más su popularidad, llegamos al millón de contagios y nos enfilamos esta semana a una cifra altamente simbólica, los 100 mil muertos, que será el objeto de disputas políticas y mediáticas, a pesar de que todos sabemos que en realidad hoy tenemos casi tres veces más de muertes reales por la pandemia.
En el ambiente politizado en el que ya nos encontramos, previo a las disputadas elecciones de 2021, el número de 100 mil muertes oficiales por Covid será utilizado por los opositores y críticos como un símbolo del fracaso del gobierno lopezobradorista en la atención de la emergencia por Covid, mientras que desde el gabinete de Salud buscarán acusar a la oposición y a la prensa crítica, de “lucrar políticamente” con un tema tan doloroso como es la muerte de los mexicanos.
De un lado, las dirigencias de los partidos de oposición, los gobernadores de la Alianza Federalista y los grupos empresariales adversos a la 4T, preparan una campaña para resaltar y restregar la cifra de los 100 mil fallecidos como un reflejo de la ineficacia y el desorden con el que el presidente López Obrador y su gabinete de Salud, encabezado por el muy polémico y cuestionado doctor Hugo López-Gatell, han manejado esta pandemia y ha colocado a México, con sus decisiones erráticas y su negación inicial de la gravedad del problema, en uno de los países con mayor índice de mortalidad por Covid en el planeta.
Del otro lado, en el gobierno ya empezaron desde el viernes con el discurso que busca rechazar cualquier responsabilidad y que acusa a los medios y a los opositores de “faltarle al respeto a los muertos” al utilizar la cifra de las 100 mil defunciones como una forma de golpear y criticar a la administración de López Obrador con fines políticos. “Han perdido la vida desafortunadamente 97, 624 personas y cada una de ellas deja un vacío… tratémoslas con respeto, tratémoslas como personas que fueron y que quedan en la memoria, no las tratemos como números nada más… si esto se simplifica, se trivializa a un número que aparece en las primeras planas, como cifra récord, con el propósito de quizá llamar la atención o quizás ganar más de la venta de los periódicos o de los que les pueden cobrar más… pues síganlo haciendo”, dijo López-Gatell el viernes pasado al cuestionar que los medios publiquen las cifras, sin explicar por qué y cómo hemos llegado a esas cifras.
Lo que veremos esta semana será una batalla política de muy mal gusto entre la oposición y el gobierno, unos para tratar de resaltar las cifras negativas del Covid como muestra del fracaso gubernamental y los otros con argumentos sofistas y de negación de la gravedad de la situación para evadir culpas y responsabilidades. Y en medio de esta patética guerra, estará una ciudadanía también dividida y enfrentada entre los que se cuidan y siguen las recomendaciones de usar cubrebocas, evitar reuniones y salir lo menos posible de casa, y los que, entre hartos e inconscientes, deciden que la vida tiene que seguir y siguen haciendo su vida social sin restricciones ni cuidados o salen a la calle, algunos porque deben hacerlo por mera sobrevivencia y otros porque de plano no les importa.
Al final, somos un país de autoridades tibias y de ciudadanos simuladores. Ellos, los gobernantes, hacen como que cumplen con su responsabilidad constitucional, mientras apuestan a que se contagie quien se tenga que contagiar y se muera quien no tenga las defensas o los medios económicos para sobrevivir y ponen de argumento su “respeto a las libertades” para no ejercer su autoridad con medidas antipopulares. Mientras nosotros los ciudadanos, con todas nuestras diferencias como la sociedad diversa y profundamente desigual que somos, hacemos como que nos cuidamos, aunque cada que podemos rompemos las reglas y pretextamos también nuestra libertad o nuestra necesidad, para no acatar las disposiciones oficiales —que además no son obligatorias y en la mayor parte del país romperlas no tiene consecuencias— y difícilmente entendemos la gravedad de nuestras conductas hasta que no lo vivimos en carne propia o perdemos a un ser querido por el Covid.
Así que preparémonos para un crudo y doloroso invierno. Y cómo siempre hemos dicho desde que empezó esta pandemia y su dimensión rebasó a nuestras autoridades políticas y sanitarias: que se cuide cada quien y cuide a los suyos, porque en esto, que es quizás el reto más grande para la sobrevivencia que hayamos enfrentado la mayoría de nosotros, vamos solos y por nuestra cuenta.
NOTAS INDISCRETAS…
El contrabando de gasolinas y diésel, que entra por nuestras corrompidas aduanas y puertos, que sostiene y alimenta al lucrativo mercado ilegal de combustibles en México y que está generando pérdidas por medio billón de pesos a Pemex y al gobierno federal, no nació por generación espontánea. Es una práctica que si bien ha crecido de 2008 a la fecha, según el documento oficial de Pemex, El mercado ilícito de gasolina y diésel, cuyo contenido publicamos en esta columna el sábado pasado, sigue desangrando a la petrolera nacional y al fisco federal con cantidades exorbitantes que se pierden tanto en la venta legal de esos combustibles como en los impuestos que se evaden a través del contrabando ilegal controlado por el crimen organizado y permitido por la corrupción de los funcionarios aduaneros y de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. Pero aun cuando esto se haya hecho visible apenas, cuando en el gobierno de la 4T se dieron cuenta de que a pesar de su guerra contra el huachicol y la reducción del robo de combustibles a Pemex, la petrolera seguía sin aumentar sus ingresos por la venta de gasolina y diésel, el contrabando de gasolina se remonta a las épocas de Guillermo González Calderoni, el exfederal de seguridad que llegó a ser el brazo derecho del subprocurador Javier Coello Trejo y que luego sería acusado de ser uno de los padrinos del Cártel del Golfo y de estar detrás de la red de protección a los capos de esa organización. González Calderoni comenzó a traficar con gasolina ilegal desde los años 80 y para ello compró pipas y se asoció con empresarios tamaulipecos que le sirvieron de prestanombres para simular supuestos traslados de productos químicos desde Estados Unidos a México a través de la aduana de Reynosa, por donde metían la gasolina ilegal con la complicidad de los administradores aduanales. Raúl Izaguirre, José Ramón Gómez Reséndez y un sobrino de este último también de apellido Gómez fueron los tres prestanombres que participaron de los inicios del contrabando de combustibles con González Calderoni. La clave para el contrabando del diésel y la gasolina, nos dice un exfuncionario aduanal, está en los operadores del software que dictaminan el peso de las pipas. Cuando el camión pasa por la báscula, el software, previamente manipulado, solo arroja el peso de la pipa y al autotanque lo reporta como vacío, aunque en realidad va lleno de gasolina o diésel. De los 4 mil dólares que se pagan por cada pipa cargada de combustible que ingresa de contrabando (2 mil a la semana por Reynosa, 700 por Matamoros y 400 por Nuevo Laredo) la mitad de esa “mordida” se queda en la aduana, que a su vez reparte adentro entre jefes, directivos y funcionarios. El otro 50%, 2 mil dólares por cada pipa de contrabando, se reparte entre los cárteles de la droga, que se llevan entre el 10 y el 15% de ese 50%, mientras que el resto se reparte entre las policías federales, estatal y municipal, además de algunos miembros de las fuerzas militares que también participan de la corrupción. Así que tal vez se acabó o se disminuyó drásticamente el huachicol por el robo de ductos, pipas y terminales de Pemex, o al menos eso dicen en el gobierno, pero hoy el negocio millonario que desangra al SAT y a Pemex, está en el mercado negro de gasolinas que ingresan al país por la corrupción de las aduanas… Los dados mandan Escalera doble. La semana promete.
