En medio de la guerra que el presidente López Obrador le ha declarado a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal, en la que al agresivo discurso presidencial, se sumaron las acciones de seguidores del mandatario fanáticos y radicales que promueven y alientan la violencia física y hasta la muerte contra la ministra presidenta, Norma Piña, además de descalificar y denigrar el trabajo de ministros, magistrados y jueces federales, los que salen ganado son los ineficientes, deficiente y corrompidos fiscales, ministerios públicos y policías investigadores cuyo pésimo trabajo y cuestionado desempeño queda completamente sin fiscalizar ni se sanciona su negligencia y tortuguismo en la procuración de justicia para los ciudadanos.
Paradójicamente, mientras se dedica a atacar a las juezas y jueces, el Presidente no sólo encubre y protege el fracaso de las Fiscalías, empezando por la General de la República y siguiendo por la de la mayoría de los estados de la República, sino que además permite, ordena y fomenta el uso político y selectivo de la justicia, en beneficio de su proyecto político y en contra de sus enemigos, opositores, adversarios y periodistas y medios críticos. Es decir, que mientras su 4T aplica la justicia selectiva y politizada, López Obrador pretende erigirse en el gran juzgador nacional para atacar, denigrar y desacreditar el trabajo del único Poder independiente y autónomo que le queda a este país.
Los ejemplos de esa justicia selectiva y manipulada que se ha aplicado en este sexenio sobran y van desde Rosario Robles, la primera víctima de un proceso judicial por consigna de este gobierno a la que tuvieron tres años en la cárcel sin poderle probar siquiera el delito que le imputaron, hasta los oscuros y secretos acuerdos que primero hicieron con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al que primero trataron como un príncipe y luego, cuando él los exhibió públicamente con sus cenas públicas y suntuosas, lo metieron a la cárcel pero tampoco han podido probarle nada ni hacer que los jueces lo declaren culpable.
Hay muchos más nombres, casos y procesos que, sin mayor base jurídica pero sí con la orden expresa de “casos prioritarios” para el Presidente que son enviados a la FGR, podrían mencionarse y documentarse para probar el señalamiento de justicia selectiva y politizada, pero el de Rosario Robles es exacto para ilustrar la doble moral y doble vara de la justicia que manejan López Obrador y su 4T. Porque a Rosario la acusaron y la imputaron por una estafa millonaria a los recursos públicos cometida en la Sedesol y la Sedatu cuando ella fue secretaria, pero al no poder probarle una participación directa, optaron por llevar la acusación al terreno civil de la omisión ante el delito y el ejercicio indebido del servicio público.
Eso bastó para que a Rosario le abrieran un juicio en el que, en la primera audiencia y sin atender los argumentos de su defensa, la metieron presa, aun cuando su delito no ameritaba la prisión preventiva oficiosa, y la tuvieron en prisión casi 3 años. Pero hay otra estafa pública, cometida en este sexenio contra el presupuesto de alimentación y abasto a los sectores más pobres del país. El fraude y el saqueo de recursos de los contribuyentes se cometió en Segalmex, la empresa pública con la que esta administración sustituyó a Diconsa y Liconsa, y que tiene por encargo garantizar “la autosuficiencia alimentaria de los mexicanos” en los granos básicos y apoyar todos los procesos de alimentación y abasto para los mexicanos.
El monto saqueado y estafado en Segalmex se ha documentado en 9 mil millones de pesos y podría elevarse hasta los 15 mil millones de pesos, el doble de la Estafa Maestra en la que se documentaron 7 mil millones de pesos de recursos saqueados con simulaciones de contratos y servicios. Pero a diferencia del caso denunciado durante el sexenio pasado y judicializado por el actual gobierno lopezobradorista, en la estafa de Segalmex, quien fue director de esa dependencia durante los 3 años en que se detectaron los faltantes, Ignacio Ovalle Fernández, no está ni acusado, ni imputado y muchos menos investigado en las carpetas de investigación y judicialización que ha iniciado la Fiscalía General de la República.
La FGR informó que obtuvo orden de aprehensión en contra de 22 personas por el caso Segalmex . En un comunicado señala que de las 22 personas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados. Y anuncia que existen más carpetas sobre el desfalco a Segalmex que serán judicializadas próximamente. Pero en ninguna parte de la lista de esos 12 funcionarios públicos que están siendo buscados por la justicia, aparecen los apellidos Ovalle Fernández y mucho menos el nombre de Ignacio, el amigo, exjefe y mentor del actual presidente de la República.
¿El mismo criterio judicial aplicado a Rosario Robles no le aplica también al exdirector de Segalmex, Ovalle Fernández? ¿Por qué don Ignacio, hoy flamante director en la Segob, no fue omiso ni ejerció indebidamente el servicio público al no haber impedido, denunciado y ordenado investigar los saqueos, desfalcos y fraudes cometidos durante su gestión por sus propios colaboradores y por qué Rosario sí lo fue? No hay mucho más que explicar: el primero es protegido y encubierto por el Presidente y la segunda fue tratada como enemiga del Presidente, aun cuando en el pasado reciente fue su aliada, promotora y amiga muy cercana.
Ese es el mejor ejemplo de la justicia selectiva y por consigna que se aplica en esta administración y en la supuesta y propagandeada "transformación” de la vida pública del país. Y mientras eso sucede, el presidente López Obrador se dedica a cuestionar, atacar y culpar a los jueces federales por la impunidad, la injusticia y la corrupción —las mismas que él protege, fomenta y tolera, contra los casos y los funcionarios denunciados por corrupción en su gobierno— en una maniobra y pantomima política para neutralizar, someter y dominar al Poder Judicial de la Federación, que es el único que se resiste a someterse a su ejercicio autocrático y autoritario del poder.
NOTAS INDISCRETAS…
Sin haber resuelto la crisis del Metro que la obligó a hacer una pausa en su proselitismo político y personal, Claudia Sheinbaum retomó la semana pasada sus actividades de promoción de su candidatura presidencial con una visita a Morelia, donde dictó una de sus pláticas a militantes y funcionarios morenistas y de la 4T. Pero como ya las tragedias del Metro les enseñaron que una ciudad tan compleja como la CDMX no se puede descuidar ni siquiera en fin de semana, so pena de ser sorprendido por catástrofes, emergencias o desgracias, ahora la Jefa de Gobierno realizará foros con gobernadores de la 4T para hablar sobre temas que han desarrollado en cada entidad, así como para hablar de programas implementados en la ciudad. Sólo que ahora Claudia no irá a los estados ni visitará a los gobernadores, sino que ambos vendrán a ella y a la capital. El primero de esos foros se llevó a cabo ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, con la participación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, titulado “La Ciudad y la Transformación”. Los siguientes se podrían realizar la siguiente semana o cada 15 días. Veremos si esta nueva modalidad de campaña simulada le funciona más a Sheinbaum o si al menos le da menos sustos y crisis de su imagen…Hablando de “corcholatas”, el miércoles de esta semana estuvo de visita en Jalisco el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien tuvo varias actividades en Guadalajara, entre ellas la de reunirse con un grupo plural de destacados jaliscienses en el que estaban desde el director del diario El Informador, Carlos Álvarez del Castillo, hasta el rector de la UAG, Antonio Leaño, además de otros empresarios importantes y el maestro Arturo Zamora, exsenador, exsecretario general del PRI y excandidato a gobernador en ese estado. Esta última presencia, la de Zamora, llamó la atención, no sólo por la cercanía que volvió a mostrar el secretario de Gobernación con el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, sino por las versiones que circulan en la política jalisciense sobre que Zamora podría ser invitado a ser candidato de Morena en las próximas elecciones locales en el 2024. Eso, que ha puesto nerviosos a muchos morenistas y que confirma el distanciamiento que desde hace rato tiene don Arturo hacia el PRI, parece reflejarse en una fotografía que se tomó al final de ese encuentro de Adán Augusto con las personalidades jaliscienses. Al centro de la foto, arriba aparece el secretario y aspirante presidencial de Morena, y delante de él, tocado por la mano del tabasqueño, está Arturo Zamora quien, en algo que parece casual pero trae mucho mensaje, lleva puesta una chamarra color guinda, ¿Será que vienen desprendimientos en el PRI de Jalisco y adhesiones nuevas a Morena en ese estado?... Los dados mandan Escalera Doble, Semana dura.
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