Ni la ocurrencia de los “cinturones de paz” formados por miles de burócratas capitalinos, ni la amenaza presidencial de acusar “a los malcriados con sus papás y sus abuelos para que les jalen las orejas”, sirvieron para evitar que ayer grupos de jóvenes encapuchados provocaran desde pintas, hasta destrozos y vandalizaran calles y edificios. Tuvo que ser finalmente la policía antidisturbios de la Ciudad de México la que, entre toletes, escudos, golpes y empujones, encapsularan a los grupos de estudiantes más radicales, para evitar que causaran daños mayores durante las movilizaciones conmemorativas de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Bastaron 20 minutos de marcha pacífica para que los grupos de jóvenes con la cara cubierta sacaran los sprays y amenazaran a los trabajadores del gobierno de la CDMX, para que las “cadenas humanas de paz” se disolvieran a los primeros empujones y los más de 10 mil trabajadores enviados por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a realizar labores de vigilancia para la que no han sido capacitados, se abrieran para dejar que los estudiantes escribieran en muros y cortinas sus consignas, mientras algunos lanzaban piedras, proyectiles y bombas molotov en contra de los grupos de policías que, como era de esperarse comenzaron a repeler las agresiones y a intentar aislar y encapsular a los estudiantes, deteniendo incluso a varios de ellos.
Para esa hora, pasadas las cinco de la tarde, entre el humo y el caos que invadió la calle 5 de mayo, en el Centro Histórico, los burócratas rompían filas y huían despavoridos; los más valientes eran pintarrajeados o despojados de sus camisas blancas con la leyenda “2 de octubre no se olvida”. En el barullo de la protesta y el vandalismo desatado, nadie recordaba —y si lo hacían era sólo para mofarse— el mensaje que por la mañana les mandara “a los que se tapan la cara, se encapuchan y hacen estos actos” el presidente Andrés Manuel López Obrador. “¿Qué les diría yo? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos; porque estoy seguro que sus abuelos, las mamás y los papás, no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja o sus zapes”.
Es cierto que al final se lograron contener actos de violencia y vandalismo mayores en las manifestaciones de ayer en la capital del país y que no fueron la mayoría de los jóvenes y personas participantes los que se dedicaron a agredir y vandalizar a su paso; pero también lo es que no fue ni gracias a las amenazas casi infantiles del presidente de “acusar a los malcriados con sus mamás, papás y abuelos”, ni tampoco a las ideas “pacifistas” de las “cadenas humanas” de la jefa de Gobierno, que se evitó un caos mayor. Al final lo ocurrido ayer en los 51 años de la represión brutal de Tlatelolco, demuestra que no es ni con ocurrencias “buena onda”, ni con absurdos “regaños moralinos” como se puede contener a grupos con expresiones violentas y que, inevitablemente no sólo en México sino en todo el mundo, enfocan su libertad de expresarse y de manifestarse con acciones desafiantes, disruptivas y agresivas contra la propiedad pública y privada.
Para decirlo claro y concreto: si las autoridades de la “Cuarta Transformación”, tanto las de Palacio Nacional como las de la Ciudad de México, creen que van a reinventar y a remplazar las funciones primarias e históricas del Estado, que son garantizar la seguridad de la población administrando y ejerciendo el monopolio de la fuerza pública, para cambiarlo por ideas y ocurrencias, que por más bien intencionadas y pacifistas que sean, confunden con “represión” el ejercicio de su autoridad y su obligación primordial como gobierno de imponer el orden y evitar el caos, lo único que conseguirán transmitir es una imagen de gobernantes débiles, timoratos e ingenuos.
Nadie en este país quiere que vuelva la represión brutal ocurrida el 2 de octubre de 1968; pero, respetando el derecho a la protesta, a la manifestación libre de ideas y la libertad de expresarse, tampoco nadie quiere que cada marcha conmemorativa de una fecha histórica o de una causa importante para cualquier grupo de la sociedad, termine en caos, vandalismo y ataques a negocios, personas y a la propiedad pública y privada.
Si eso no lo entienden los inquilinos del Palacio Nacional y su vecina del Palacio del Ayuntamiento, los gobiernos de la 4T terminarán cambiando su intención loable de no ser vistos como “represores” para ser tomados por los grupos sociales más radicales e incluso por los criminales, como simpáticos “buena onda”, pero también peleles ocurrentes.