Muy lejos del objetivo de fortalecer y profesionalizar a las policías locales y municipales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 que presentó el gobierno federal a la Cámara de Diputados, propone eliminar casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país y en vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, destinará la mayor parte de esos recursos a incrementar en 3,300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada Guardia Nacional.
Con la cancelación de recursos al Fortaseg, fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas donde se concentra el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda no sólo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional y que, sin esos recursos, quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.
Según el proyecto del PEF 2021, el mencionado Fortaseg recibirá cero pesos y se le eliminan los 4 mil millones de pesos que, etiquetados por el gobierno federal, eran enviados a los municipios o los estados que tienen mando único policial. Casualmente, mientras se castiga a los municipios con el feroz recorte, se tiene previsto aumentarle el presupuesto a la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad militarizado creado a propuesta del presidente López Obrador, al que se le destinan mayores recursos aunque eso no signifique que la Guardia tendrá mayor capacidad ni efectividad en sus operaciones, mismas que hasta ahora no han dado los resultados ofrecidos.
El tema está siendo revisado por varios gobernadores y alcaldes del país, quienes le pedirán a la Cámara de Diputados corregir esa propuesta de Hacienda, por considerar que afecta a las entidades federativas y de recursos federales etiquetados. Sin el Fortaseg, se le quita al SESNSP la facultad de fijar a los municipios cómo deben aplicar los montos etiquetados para reclutamiento, capacitación, armamento, tecnología y certificación de sus policías. En lugar de eso, el presupuesto prevé que los municipios compensen la pérdida con 20 por ciento de los recursos de otro fondo para seguridad pública, denominado Fortamun, que se reparte de acuerdo con el número de población pero que no obliga a los ayuntamientos ni estados a seguir lineamiento o regla alguna de la Federación porque no son etiquetados, lo que no garantiza que los destinen a sus policías municipales ni siquiera a temas de seguridad.
El origen de los fondos para seguridad pública denominados Fortaseg, Fortamun y FASP era canalizar recursos suficientes a municipios y estados “para el fortalecimiento de sus policías, tanto en reclutamiento, equipamiento, tecnología, certificación y capacitación”; pero ahora en el presupuesto 2021 se decide quitarle fuerza a las corporaciones municipales o de mando único y darle más elementos a la Guardia Nacional, corporación a la que se le quiere dar todo el peso de la seguridad a nivel nacional y se argumenta en el mismo texto del presupuesto, que “será una corporación civil para prevenir, investigar y perseguir delitos del fueron común”, incluso a riesgo de exceder sus facultades, ya que tendría injerencia en asuntos propios de los estados o de las Fiscalías estatales o Federal.
Así que, en la visión de los estados, la cancelación y manipulación de esos fondos no sólo es un golpe a los municipios al reducirles su capacidad de hacer frente a la inseguridad, de no poder reclutar policías y capacitarlos, sino también se sacrifica a una institución de coordinación que ha funcionado, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras se apuesta a crecer económica y extralegalmente a una corporación como la Guardia Nacional, “en detrimento de la soberanía municipal y estatal”.
¿Es eso lo que se quiere —se preguntan gobernadores y alcaldes— fortalecer al cuerpo federal de López Obrador que es la Guardia Nacional, mientras se debilita a las policías locales y municipales y se dificulta la atención de la seguridad de los ciudadanos en el nivel de gobierno más cercano a sus necesidades?
NOTAS INDISCRETAS…
El anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, de que le congelaron cuentas al exgobernador de Chihuahua, Reyes Baeza, a Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, y a Eliseo Compeán, alcalde panista del municipio de Delicias, levantó ayer ámpula y reacciones en el estado norteño donde la medida jurídica y financiera se asoció con el apoyo que algunos de esos personajes han dado a la protesta de agricultores del Distrito de Riego 05 que tienen tomadas las instalaciones de la presa “La Boquilla” y que se oponen al trasvase de ese embalse para pagar agua del tratado con Estados Unidos. Y es que apenas la semana pasada el presidente López Obrador acusaba que detrás de la protesta campesina había un movimiento “con fines político-electorales” y ahora la UIF informó que el bloqueo obedece a que se detectaron supuestos movimientos irregulares en el sistema financiero. "De esta manera la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía", señaló en un comunicado. En Chihuahua, el exgobernador Reyes Baeza rechazó las acusaciones de haber participado en el esquema de la “Estafa Maestra”, dijo que no había sido notificado de ninguna investigación en su contra y anunció que buscará un amparo de la justicia, mientras esclarece cómo se adquirieron sistemas para modernizar el área de créditos del ISSSTE, cuando él fue director, en un estudio que se le encargó a la Universidad Autónoma del Estado de México, que realizó el rediseño y de ello hay todos los documentos entregables. El tema llegó hasta la Cámara de Diputados donde la bancada panista acusó un “uso politico y faccioso de los instrumentos de procuración de justicia” en el gobierno federal. Veremos en qué termina el asunto y si Nieto trae de verdad información y pruebas contra los investigados o se trató, efectivamente, de un “estate quieto” para los políticos y dirigentes chihuahuenses…Se baten los dados. Capicúa.
