Al empresario Germán Larrea le llueve sobre mojado. Después de que se le cayera la compra de CitiBanamex y de que el presidente López Obrador les tomara por la fuerza y les expropiara las vías de Ferrosur en Coatzacoalcos, a cambio de alargarles otras concesiones ferroviarias, ahora es el gobierno de los Estados Unidos el que, a través de su Departamento del Trabajo y de la Oficina del Representante Comercial, solicitó que se investigue, en el marco del TMEC, al empresario por violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas.
Ayer la oficina de la representante Katherine Tai, junto al Comité Laboral del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, solicitó al gobierno mexicano que revise una acusación de que se niegan los derechos de los trabajadores de la mina San Martín, propiedad de Grupo México de Germán Larrea, luego de que la sección 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que lidera el senador Napoleón Gómez Sada, junto con sindicatos de los Estados Unidos, interpusieran el pasado 15 de mayo una denuncia en el marco del TMEC acusando que el grupo de Larrea reanudó operaciones en dicha mina, a pesar de estar en curso una huelga declarada por los trabajadores.
El gobierno de López Obrador tiene 10 días para responder si acepta esta solicitud y 45 días para investigar las violaciones laborales que tendrían que ver con la negación de la libertad sindical, puesto que el grupo minero no habría respetado la decisión de los trabajadores de ser representados por el Sindicato Minero, al haber negociado con una coalición de trabajadores para ordenar un levantamiento ilegal de la huelga, de lo cual el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá determinó que “existen pruebas suficientes y creíbles de la denegación de derechos”, por lo cual procedió la queja de los sindicatos mexicanos y estadounidenses.
Como consecuencia de la investigación solicitada por Estados Unidos, se instruyó al Departamento del Tesoro, que encabeza Janet Yellen, a que suspenda la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías provenientes de la mina de plomo, zinc y cobre de San Martín, que no podrá realizar exportaciones al mercado estadounidense hasta que se aclaren las acusaciones de violaciones laborales.
Apenas hace unas semanas que el segundo hombre más rico de México estuvo en el ojo del huracán cuando, casi al mismo tiempo, CitiBanamex anunció su decisión de no venderle su banca comercial por no cubrir todas las garantías que pedía el grupo financiero estadounidense, y en esos mismos días el grupo de Germán Larrea se confrontó con el gobierno federal cuando, por instrucciones del presidente López Obrador, la Secretaría de Marina tomó por la fuerza un tramo de vías de la empresa Ferrosur, lo que obligó al poderoso empresario a negociar con el gobierno la entrega de esa concesión a cambio de que le ampliaran permisos ferroviarios en otras partes del país.
Así es que parece que las cosas no le están saliendo bien al millonario Larrea que, acostumbrado por décadas a hacer y deshacer a su antojo, protegido y ayudado por gobiernos y presidentes en México, ahora enfrenta una denuncia del gobierno estadounidense. Acá siempre lo dejaron actuar incluso por encima de la ley; veremos si su poder económico también alcanza para burlar al Tío Sam que parece haberlo puesto en la mira de sus intereses en el marco del TMEC, a partir de la queja de sus propios trabajadores mineros, a los que les hicieron más caso en Washington que en Palacio Nacional.
NOTAS INDISCRETAS…
Tras acallar los rumores de que se bajaría de la contienda, Adán Augusto López finalmente se registró ayer para participar en el proceso interno de Morena, aunque fue el único que no acudió personalmente a inscribirse, sino que lo hizo a través de su coordinador de campaña, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Ayer mismo le presentó su renuncia al Presidente y a partir de hoy, el exsecretario de Gobernación arranca sus recorridos por el país en Jalisco, donde estará en Guadalajara, Puerto Vallarta y otros municipios. Lo que retrasó y complicó la entrega de la renuncia de Adán, nos dicen, fue que el Presidente no terminaba de decidir quién sustituiría a su “hermano” tabasqueño al frente de la Segob y, tras la declinación de Rosa Icela Rodríguez a la invitación que le hizo el Presidente, a López Obrador no le quedó más opción que nombrar encargado de despacho al subsecretario Alejandro Encinas, de quien ayer en su conferencia mañanera dijo que “estoy pensando en que ya se quede Alejandro”. Las dudas del mandatario para designar a Encinas como nuevo titular de Gobernación, cosa que aún no hace oficialmente, tienen que ver con el enojo y la molestia del Ejército y de los militares en contra de Encinas, a quien acusaron de “manipular políticamente” las investigaciones del Caso Ayotzinapa para acusar a 16 militares que, al final, en un hecho inédito para la justicia mexicana, fueron exonerados cuando la Fiscalía General de la República le pidió al juez cancelara 21 órdenes de aprehensión, de 83 que ya habían sido libradas, entre las que se encontraban las de los 16 militares acusados. Al final solo cuatro integrantes del Ejército, el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, fueron acusados por la Comisión de la Verdad que encabezó el subsecretario de Derechos Humanos, pero aun así los abogados defensores de esos militares, encabezados por César Omar González Hernández, acusaron al funcionario de Gobernación públicamente: “Pedimos al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ, deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, señalaron en septiembre de 2022. Así es que, si como dijo ayer López Obrador, finalmente terminará nombrando, más por descarte que por ganas, a Encinas como nuevo titular de Gobernación, habrá qué ver qué dicen los empoderados señores del uniforme verde olivo, que son los consentidos de este gobierno…A los maestros de la sección 9 de la CNTE parece que los agarraron dormidos en las recientes elecciones para renovar a sus dirigentes seccionales. Porque las votaciones se llevaron a cabo el pasado 14 de junio y nomás no pudieron cumplir con los requisitos legales que fijó el Comité Nacional Electoral del SNTE para registrar a sus candidatos. Y como no tuvieron candidatos registrados, terminaron perdiendo las votaciones y luego denunciaron que se les impidió participar en el proceso. Según un comunicado que ayer emitió el mencionado Comité Electoral del sindicato magisterial, en el que desmintió los señalamientos de la Coordinadora en la sección 9 de la CDMX, en tres ocasiones la CNTE pidió que se les ampliara el plazo para registrar a sus candidatos, cosa que les concedieron, pero ni aun así concretaron sus registros. “En todo momento, el SNTE ha sido partidario del diálogo y la apertura a las diferentes expresiones de sus trabajadores, prueba de ello es que, en las jornadas de este miércoles, efectuadas en las secciones 9, 10, 11 y 60 en la capital del país, contendieron cinco planillas de la Coordinadora: una en la Sección 9, tres en la Sección 10 y una en la Sección 11. Sin embargo, en el caso específico de la Sección 9, los compañeros que hoy expresan quejas no cumplieron con los requisitos en los tiempos establecidos en la convocatoria, a pesar de que se les amplió, en tres ocasiones, el plazo para su registro”, dice en su comunicado el Comité Nacional Electoral. Incluso mencionan que los maestros de la CNTE capitalina pidieron una reunión con la dirigencia nacional del SNTE, a través de las secretarías de Gobernación y Educación, la cual se llevó a cabo, y en la que ellos pidieron anular la convocatoria emitida el 23 de mayo, cosa que no se pudo hacer pero se les ampliaron los plazos de registro y se siguió dialogando con ellos hasta el 12 de junio, pero nunca cumplieron con los requisitos para el registro adecuado de sus candidatos, por lo que las votaciones se llevaron a cabo de manera legal y con el 70% de los maestros inscritos en la Sección 9, por lo cual los resultados fueron declarados legales y válidos por el Comité Electoral…En la extraña detención de la jueza veracruzana Angélica Sánchez, acusada por el gobierno de Cuitláhuac García, la participación de la Guardia Nacional llama mucho la atención por tratarse de un asunto estatal y por la forma en que personas sin uniforme y sin mostrar una orden de detención, se llevaron a la juzgadora del interior de un hotel capitalino. Para colmo, en Veracruz se dice que todo ese operativo con visos de ilegalidad, fue ordenado y coordinado por el tenebroso secretario de Gobierno veracruzano, Erick Cisneros, a quien ya conocen en el estado como el que le hace todo el trabajo sucio al académico gobernador. Por algo al secretario de Gobierno le apodan en Veracruz el “Bola 8” y dicen allá en Jalapa que, junto a Erick Cisneros, el exgobernador Miguel Ángel Yunes, que tenía fama de perverso y tenebroso, parece un niño de pecho… Giran los dados. Escalera doble. Buen fin de semana para los lectores.
