La pandemia del Coronavirus y el argumento de la falta de recursos extraordinarios desde el gobierno federal para atender la emergencia sanitaria están siendo utilizados por varios gobernadores del país como el pretexto o la justificación perfectas para la contratación de deuda pública por varios miles de millones de pesos. Aunque cuentan con la autorización de sus Congresos locales —con mayorías de tres cuartas partes a veces reales y a veces fabricadas con la compra y cooptación de diputados opositores— en varios de los casos no queda totalmente claro el destino de los recursos millonarios que solicitarán a los bancos y si los montos autorizados están dentro de la capacidad de pago de las entidades, tal como se los exige la ley.
En franca diferencia con el presidente López Obrador, quien ha rechazado la contratación de deuda pública para enfrentar la emergencia y el rescate económico del país e incluso desafiando la petición del mandatario nacional para que los estados “no se endeuden y mejor se aprieten el cinturón y sean austeros en sus gobiernos”, los Ejecutivos estatales están moviendo sus aparatos políticos para adquirir deuda que no sólo elevará el nivel de endeudamiento de sus estados, sino que será heredada a las próximas generaciones y al menos a tres administraciones posteriores, pues están contratando préstamos a 20 años, que terminarían de pagarse hasta 2039.
Hasta ahora son principalmente gobernadores de oposición los que están recurriendo al endeudamiento. Enrique Alfaro, de Jalisco, es el caso más significativo pues logró la semana pasada que el Congreso del Estado le autorizará contratar créditos por 6 mil 200 millones de pesos para “atender los efectos de la crisis del Covid”, y como no contaba con los votos suficientes el gobernante de MC obtuvo el apoyo de los diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta de una diputada de Morena que se pasó a votar con la bancada emecista. Apenas en febrero de 2019, recién llegado al cargo, Alfaro había pedido y obtenido de los diputados locales una deuda de 5 mil 250 millones de pesos, que sumados a la deuda histórica que ya traía el estado, más un préstamo de 1 mil millones que pidió en marzo pagadero a 12 meses, alcanzaría los 22 mil millones de pesos. Es decir que en 11 meses que lleva en el gobierno Alfaro habría triplicado la deuda pública de Jalisco a un ritmo de endeudamiento de 26 millones de pesos diarios.
Pero el jalisciense no fue el primero en pedir deuda en esta emergencia, utilizando argumentos como la “crisis del coronavirus”, el “desarrollo de obra pública” y el “déficit presupuestal por la utilización de recursos para atender la emergencia”. En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca les enseñó el camino a los demás gobernadores al lograr que el Congreso estatal le aprobara con su mayoría panista 4,600 millones de pesos en adquisición de créditos para la emergencia del Covid. 23 votos del PAN junto con MC, en lo que parece un intercambio de favores entre los dos gobernadores, hicieron que se autorizara el endeudamiento a Cabeza de Vaca, aunque un alcalde de Morena, de Güemes, y un síndico de Ciudad Madero, ya presentaron dos controversias constitucionales en contra de esa autorización y las dos fueron admitidas por la Suprema Corte Justicia la semana pasada.
En Yucatán el gobernador Mauricio Vila también intentó solicitar una deuda por 1,728 millones de pesos para la atención de la crisis provocada por el Covid y la reactivación económica del estado pero no alcanzó los 17 votos necesarios en el Congreso local. A pesar de que se repitió en el Legislativo yucateco la alianza PAN-MC y de que 4 diputados priistas votaron a favor al igual que 1 del PVEM y otro de Nueva Alianza, al final la votación quedó 14 votos a favor contra 11 en contra, lo que no permitió las dos terceras partes que marca la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios. Incluso, tras la votación del jueves pasado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció un proceso de expulsión para los cuatro diputados tricolores que votaron con el PAN y con MC por el endeudamiento fallido.
El caso más reciente es el de Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinhué anunció ayer su “Plan de Acción para la Reactivación”, en el que en un acto con todo un despliegue mediático y tecnológico, el mandatario panista firmó la solicitud de endeudamiento que mandó al Congreso local para que le autoricen 5,350 millones de pesos en créditos para “la recuperación sólida, sostenible e incluyente de la economía de Guanajuato. En la presentación participó de manera virtual el exsecretario de Economía del gobierno foxista y actual director del CIDE, Eduardo Sojo, quien habló de impulsar programas de empleo, obra pública y vivienda. Aunque apenas en enero de este año Sinhué había contraído deuda por otros 5 mil millones de pesos, el nuevo endeudamiento se cubrirá, dijeron, con el aumento del 0.7% al Impuesto Sobre Nómina que aceptaron pagar los empresarios de la entidad para apoyar la reactivación local.
Aunque en varios casos los gobernadores acusan que no han recibido suficientes apoyos del gobierno federal o que les redujeron participaciones, la realidad es que en este gobierno no les han reducido las aportaciones federales porque se está utilizando el Fondo de Estabilización y, de hecho, si se compara con el sexenio anterior están recibiendo un incremento en las participaciones federales.
El endeudamiento de los estados empezó con Fox Vicente Fox y creció con Felipe Calderón hasta desbordarse en casos tan excesivos como el de Humberto Moreira en Coahuila, que aumentó la deuda de su estado en más de 109 veces al pasar de 323 millones a 36 mil millones de pesos que oficialmente se destinaron a financiar programas sociales y obras públicas, pero que en la realidad, ante la opacidad sobre el destino de esos recursos, desataron investigaciones judiciales y cuestionamientos por lo que se llamó la “Mega Deuda” que incluso dio pie a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios aprobada por el Congreso de la Unión en 2016 y que estableció candados legales y la obligatoriedad del aval de la Secretaría de Hacienda federal para que las entidades pudieran contraer deuda.
Hoy, con el pretexto de la pandemia y con la promesa de que van a destinar los millonarios recursos de créditos y endeudamientos a rescatar la economía de sus estados, el síndrome “Moreira” parece recorrer otra vez la República, con la contratación de deudas cada vez mayores por parte de los gobernadores. Todo eso ocurre ante el silencio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la evidente molestia del presidente López Obrador que no está de acuerdo con el endeudamiento y que les ha pedido a los gobernadores “austeridad y más austeridad y que se aprieten el cinturón” con la promesa de que si lo hacen aceptaría hasta discutir la revisión del Pacto Fiscal. ¿Será que en algún momento el gobierno federal dará el manotazo o buscará bloquear las deudas de los gobernadores, como ya lo hicieron en Tamaulipas con la controversia constitucional interpuesta por los alcaldes de Morena?
NOTAS INDISCRETAS…
Entre sorprendidos y desconcertados, en el CEN de Morena se preguntaban ayer ¿cómo se filtró la información sobre el acuerdo que tomaron el viernes los dirigentes del partido gobernante en una reunión virtual en la que se acordó pedir para este martes que Yeidckol Polevnsky explique las irregularidades encontradas en las finanzas de su gestión por la asignación de contratos millonarios que no ha querido aclarar la exdirigente nacional? Y es que el miércoles pasado el CEN se reunió con Polevnsky y con su exsecretario de Finanzas, Joel Frías, para informarles de los resultados de la auditoría externa practicada a su gestión, y en ese encuentro virtual Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que tanto Yeidckol como Joel presentaran en 48 horas un informe donde explicaran las facturas y contratos por casi 900 millones de pesos que se otorgaron para compra y mantenimiento de bienes inmuebles. En esa ocasión, nos dice nuestra fuente en Morena, se pidió a los miembros del CEN que votaran para que se presentara el informe con las explicaciones. Todos votaron a favor de que en 48 horas dieran la explicación, incluido el ex titular de Finanzas, pero Yeidckol no quiso votar. Cuando Ramírez Cuéllar le preguntó por qué no votaba, ella respondió que se abstenía y que todo lo que le habían presentado de presuntas irregularidades era “un complot” en su contra y que ella estaba “hasta la madre” y sabía cómo defenderse.
Pasaron las 48 horas y el viernes que volvieron a reunirse por Zoom todos los integrantes del CEN, el único que se conectó fue Joel Frías y Yeidckol ya no lo hizo ni presentó ningún informe y mucho menos explicaciones. Por eso acordaron que este martes volverían a invitarla a otro encuentro virtual en donde presente el informe que explique las mencionadas irregularidades. Veremos si esta vez sí les responde o si Polevnsky, de plano, ignora las peticiones de explicaciones de su partido… Por cierto que en una captura de pantalla de la última reunión del CEN de Morena se puede ver también a Bertha Luján, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena. Llama la atención que a la señora la sigan invitando a participar en las reuniones del Comité, en donde también se van a definir los criterios para la próxima elección de un nuevo dirigente nacional a través de las encuestas, porque hasta donde nos quedamos Luján era candidata a la dirigencia nacional. Y ¿entonces? ¿Cómo es que ella participa en la definición de las reglas para una contienda en la que también será candidata? ¿Será que doña Bertha es juez y parte o, como dicen algunos morenistas de la cúpula, es la que de verdad manda en Morena? Y ¿qué pasó con aquello de que Ramírez Cuéllar no estaba de florero en el partido oficial? Es pregunta…Agitamos los dados. Serpiente. Descendemos.
