Genaro García Luna, hoy detenido en Dallas, estuvo en el radar de las autoridades de Justicia de los Estados Unidos a partir del 20 de noviembre de 2018, cuando Jesús “El Rey” Zambada lo acusó en su testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn de haber recibido “sobornos millonarios” por parte del Cártel de Sinaloa. Durante casi un año lo observaron buscando elementos que sustentaran el señalamiento del capo sinaloense durante el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no fue sino hasta hace unas semanas, cuando las autoridades financieras estadounidenses realizaban una búsqueda de cuentas y movimientos financieros de los hijos de Martha Sahagún, cuando el nombre de García Luna apareció vinculado a una de las cuentas de los jóvenes Bibriesca Sahagún y al seguir los rastros bancarios y financieros, dieron con varias cuentas a nombre del exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyos saldos suman 87 millones de dólares.
Fue en ese momento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sabedores del alto perfil del exfuncionario mexicano que llevaba ya casi 7 años radicando en Miami, mandaron una alerta al gobierno de México y le pidieron ampliar la investigación y la búsqueda de activos, solicitando información detallada sobre García Luna que pudiera ser de utilidad en su investigación. La indagación financiera de los hijos de la exprimera dama, había sido solicitada previamente a las autoridades mexicanas, de la Unidad de Inteligencia Financiera, al gobierno estadounidense, como parte de una investigación que se realiza al expresidente Vicente Fox y a sus hijos políticos, los Bibriesca, y fue en esa búsqueda que se encontraron con la perla: asociado con las cuentas de García Luna estaba uno de los hijos de Martha Sahagún.
Por todos esos vínculos políticos y financieros es que el exsecretario de Seguridad Pública y responsable directo de la estrategia de seguridad en el país entre 2006 y 2012, está hoy en espera de un juicio que, con los mismos fiscales y en la misma Corte de Brooklyn, donde fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua “El Chapo” Guzmán, tendrá fuertes repercusiones para los tres gobiernos anteriores en México: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.
Eso lo sabía muy bien el gobierno del presidente López Obrador cuando decidió utilizar este caso como el parteaguas que confirma el nuevo esquema de “cooperación total” con el gobierno de Donald Trump en el combate al narcotráfico y las redes de protección y corrupción política que han protegido a los cárteles de la droga en México, un esquema de cooperación que, más que poner el énfasis en la tecnología, armamento o recursos financieros por parte de Estados Unidos —que no dejarán de fluir—, se enfoca más en la información de inteligencia y el uso de los aparatos de justicia y de rastreo financiero del país vecino para documentar casos de narcopolítica y de corrupción en México.
Por eso se explica el discurso de ayer del presidente en su conferencia mañanera: “Nosotros estamos viviendo en México una situación de inseguridad y de violencia porque fue equivocada la política que se aplicó desde principios de 2007, que se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y violencia y lo que produjo esa política fue un agravamiento, muchos asesinatos, desaparecidos, destrucción del tejido social, corrupción; bueno, de todo. Nosotros heredamos los efectos de esa política equivocada y estamos corrigiendo, pero va a llevar un tiempo. Se supo en el mundo de que el encargado de seguridad del gobierno del 2006 al 2012 está ahora detenido en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos para proteger a uno de los grupos delictivos de México; entonces estamos nosotros, desgraciadamente, resintiendo los efectos de esa política”, comentó el mandatario.
En la misma lógica de López Obrador, de repasar y revisar la corrupción y la narcopolítica de los sexenios pasados, en el juicio que le espera a García Luna en Nueva York saldrán también a relucir otros nombres que ya fueron mencionados en el proceso contra el Chapo Guzmán, como el de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el primer caso, el enjuiciamiento a su exsecretario de Seguridad —a reserva de si los jueces y el jurado lo encuentran culpable o inocente— es ya en sí mismo un juicio político del sexenio calderonista y su fallida y polémica estrategia de seguridad que dejó más de 130 mil muertos y un país convulsionado por la violencia en casi todas sus regiones y municipios; pero para Felipe Calderón el impacto podría pasar de la condena pública y política y convertirse también, si su nombre sale a relucir y es señalado como responsable ya sea por testigos o por el propio acusado García Luna, que siempre tendrá la opción tan común en la justicia estadounidense de negociar información y acusaciones a terceros a cambio de inmunidad o un trato judicial.
En el caso de Peña Nieto, fuentes del gobierno federal aseguran que el nombre del exmandatario “también va a salir a relucir en su momento, pero va a salir” cuando comience el juicio en la Corte Federal del Este de Nueva York, en donde ya el mexiquense fue acusado por “El Rey” Zambada y por Vicente Zambada “El Vicentillo” de haber recibido también sobornos hasta por 100 mdd de parte del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.
El General que le advirtió a Calderón sobre García Luna
Felipe Calderón dice que nunca supo nada de los presuntos vínculos por los que la justicia de Estados Unidos acusa a Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa. Pero excolaboradores de su campaña aseguran que siendo presidente electo, allá por el 2006, en el despacho de la Casa de Campaña que tenía en el Eje 6 Sur esquina con Sacramento, en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, Calderón recibió al general Tomás Ángeles Dauahare, que entonces estaba en la lista para ser secretario de la Defensa Nacional.
A pesar de que el general había pedido hablar a solas con el Presidente, en la plática se quedó como testigo el difunto Juan Camilo Mouriño. Y ahí en esa reunión, el general divisionario le dijo a Calderón que “Genaro protegía al Cártel de Sinaloa” y para sustentar su grave acusación le hizo entrega de un expediente que le pedía que revisara a detalle. El presidente electo lo recibió y le dio las gracias al militar que abandonó la casona en la colonia Del Valle seguro de que algo pasaría, pero cuando el 1 de diciembre de aquel 2006, Genaro García Luna apareció como secretario de Seguridad Pública en el gabinete, estaba claro que la denuncia del general nunca encontró eco.
Según lo afirma el mismo general Ángeles Dauahare esa denuncia le costó no sólo no llegar a ser titular de la Sedena. García Luna nunca le perdonó haberlo acusado con Calderón y durante todo el sexenio culpó al militar de los ataques en su contra e incluso afirmaba que él era la fuente detrás del libro de la periodista Anabel Hernández, Los señores del Narco.
Ese enfrentamiento personal y político hizo crisis casi al final del sexenio cuando a Tomás Angeles Dauahare lo acusaron, con base en testimonios de testigos protegidos, de presuntos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva, y lo detuvo la PGR de Marisela Morales el 15 de mayo de 2012 junto con el general brigadier Roberto Dawe González.
El propio Tomás Angeles, después de estar preso durante poco más de un año y de ser liberado por falta de pruebas en su contra el 18 de abril de 2013, ya en el gobierno de Peña Nieto, ha comentado que “mi error fue delatar a García Luna, pero era mi deber decírselo”.
Con todas las denuncias e investigaciones periodísticas que durante su sexenio se publicaron, con las dos cartas que le envió a su propio despacho presidencial el excomisario General de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles, y que el propio expresidente ya reconoció haber recibido y leído pero afirma que “no hacía ninguna acusación específica”, pero sobre todo con la denuncia y el expediente que, aún antes de iniciar su gobierno, afirma haberle entregado el general Tomás Ángeles, entonces candidato a secretario de la Defensa Nacional, ¿de verdad no supo nada el presidente Calderón o más bien no quiso saber nada y se negó a escuchar o a investigar a fondo las denuncias y acusaciones que proliferaban contra su secretario de Seguridad Pública, hoy detenido en Estados Unidos y a punto de ir a un proceso judicial en el que también estará a juicio su gobierno?
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