La semana anterior pasará a la historia como una de las peores crisis en materia de seguridad y violencia criminal que haya vivido este país, en la larga y dolorosa noche negra de 16 años desde que Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga. Paradójicamente, el gobierno que más ha criticado los orígenes de esta violencia en el pasado reciente y el presidente que prometió que iba a devolverle la paz a los mexicanos, hoy está exponiendo a la población civil a ser atacada de manera directa y cobarde por los narcos que han hecho de los ciudadanos el blanco de sus agresiones armadas y actos de terrorismo con los que buscan sembrar terror y muerte entre los civiles inocentes.
En su cuarto año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador está cosechando finalmente los resultados de su polémica y fallida estrategia de seguridad y de su indolente y absurda política de “abrazos, no balazos”, con la que muy lejos de combatir “las causas y raíces” del problema de seguridad, lo único que hizo fue consentir, mimar y darle a los capos de la droga y a sus ejércitos armados de sicarios, la garantía de que este gobierno no iba en ningún caso a tocarlos, a detenerlos y mucho menos a extraditarlos. Y eso fue lo que su gobierno había hecho en sus primeros cuatro años, generando todo tipo de percepciones e interpretaciones que iban desde la incapacidad y la corrupción hasta la colusión y complicidad de la administración lopezobradorista con los Cárteles de la Droga .
Pero aunque esa estrategia no ha variado –al menos no de manera oficial ni por decisión del presidente– en los hechos la detención de Rafael Caro Quintero, ordenada y presionada por el gobierno de Estados Unidos, junto con las presiones para la extradición del capo sinaloense y su entrega la justicia estadunidense, hicieron que los líderes del crimen organizado percibieran un cambio en la actuación del gobierno y, entendieran que, si se detuvo a Caro y se le va a enviar al país vecino para ser juzgado, es muy probable que las mismas presiones de Washington, que doblaron a López Obrador para, por primera vez en su gobierno detener a un capo mayor, se repitieran para pedir la detención y entrega de otros jefes de cárteles mexicanos que figuran en las listas de los más buscados del FBI y del Departamento de Justicia, empezando por Nemesio Oseguera “El Mencho” .
Eso explicaría la operación virulenta y terrorista que desataron la semana pasada varios grupos del narcotráfico, al parecer de manera concertada y orquestada, para sembrar terror entre la población de al menos seis estados de la República: Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Estado de México y Baja California, en donde el saldo oficial de esta jornada crítica fue de 260 muertos, algunos de ellos en enfrentamientos entre criminales y las fuerzas del orden, pero también varios de ellos civiles inocentes que fueron baleados o atacados de manera artera e impune por los sicarios armados en varias ciudades.
Lo que se vivió en los últimos ocho días remite inevitablemente a los sucesos de Culiacán, el 17 de octubre de 2019 y parece ser finalmente consecuencia de aquellos hechos y decisiones que tomó el gobierno de López Obrador: si con la detención con fines de extradición de Ovidio Guzmán , hoy líder de una facción identificada como “Los Chapitos”, el presidente enfrentó una rebelión armada del Cártel de Sinaloa, que terminó doblándolo y obligándolo a liberar a Ovidio y a definir la que sería su política de “no agresión al narco”; con la rebelión de esta semana, encabezada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y su líder “El Mencho”, apoyado en algunos otros grupos regionales en Tijuana y Chihuahua, López Obrador tendrá que tomar una decisión que será crucial y marcará no sólo a su gobierno sino particularmente a su fin de sexenio: o se planta y enfrenta el desafío y la rebelión casi nacional de los criminales o vuelve a doblarse y condena al país al desastre, a la población civil a ser blanco abierto del terror y la violencia armada del narco y a su administración al fracaso, a la ignominia y a la vergüenza histórica.
López Obrador podrá seguir con sus discursos falaces y con su efectiva manipulación de cada mañana y podrá mantener incluso a sus fanatizadas y subsidiadas bases de apoyo, pero si no enfrenta y resuelve una crisis de inseguridad y violencia como la que ha agravado en sus cuatro años de indolencia y apatía hacia la impunidad e inmunidad del narcotráfico y la que le estalló con toda su crudeza esta última semana, su “Cuarta Transformación” con toda su retórica propagandística será recordada como una etapa negra y violenta para México, mientras él cargará con sus más de 121 mil muertos hasta junio pasado, por inseguridad –sin mencionar a los más de 600 mil muertos por la pandemia de Covid–.
Pero lo más grave es que si el presidente no reacciona y enfrenta como Jefe de Estado el desafío abierto que le está planteando el crimen organizado y lejos de eso persiste en su negligente y criminal necedad de creer que por no enfrentar al narco éste no lo enfrentará a él –como ya lo está haciendo– lo que se avecina es un final de sexenio turbulento y caótico, en donde a la inseguridad y violencia se sumará la crisis económica nacional y mundial a la que aún no se le ve salida, generando un escenario negro e incierto para los mexicanos. Y sí, tal vez él se vaya, como tanto ha dicho, a su rancho a descansar, pero el país incendiado que nos deje, se nos irá al carajo.
NOTAS INDISCRETAS
Hoy se cumplen 13 días del derrumbe de la mina carbonífera de Sabinas , Coahuila. Y a medida que pasan los días las posibilidades de encontrar y salvar con vida a los 10 mineros atrapados se reducen en medio de la angustia y el dolor de sus familias que siguen apostadas afuera del pozo que se derrumbó. Lo más grave, en medio de esta tragedia humana, es que nadie en el gobierno federal ni estatal se hace responsable ni da la cara para explicar las razones de esta nueva tragedia minera que vuelve a ocurrir en medio de las condiciones de corrupción, desamparo y desprotección en la que trabajan miles de mineros en la zona carbonífera de Coahuila. Ni el presidente, ni su secretaria del Trabajo, mucho menos su titular de Economía, del IMSS, del Medio Ambiente y de cualquier otra dependencia que está involucrada por ley en la actividad minera, se han presentado en el lugar de la tragedia, mucho menos asumen responsabilidad alguna y solo tratan de excusarse y eludir cualquier culpa con comunicados y boletines en los que ni siquiera dan la cara.
Mientras tanto, ni siquiera han podido identificar en el gobierno a los verdaderos dueños de esta mina que operaba en condiciones casi clandestinas y sin ningún tipo de protocolo de seguridad para su funcionamiento y mucho menos para los trabajadores. Hay integrantes de la propia 4T que mencionan que detrás de los dueños reales que operan la concesión otorgada en 2003 y luego modificada en las siguientes administraciones, aparece el nombre de un senador de Morena que para mayores señas es empresario carbonífero y hoy también aspirante al gobierno de Coahuila, pero oficialmente nada de eso se menciona y se buscan nombres menores para justificar la corrupción en que operaba esa mina.
Tampoco se habla del papel que tiene en esta tragedia el señor Manuel Bartlett y su política de “carbonización” de la generación eléctrica en el país, que reavivó los apetitos voraces de muchos empresarios y caciques locales de la zona carbonífera para producir el combustible fósil que demandaba de nuevo la CFE. En fin, que tanto hablaron en el gobierno de López Obrador de “rescatar a los mineros de Pasta de Conchos” que lamentablemente murieron hace ya 16 años, y ahora no pueden rescatar a los mineros de Sabinas… La reestructura de #Unifin, que iniciará esta semana, será supervisada por un comité presidido por Rodrigo Lebois, quien dirigirá todas las negociaciones y etapas del proceso, con el apoyo de empresas ampliamente reconocidas en el sector financiero, como Rothschild & Co., AlixPartners, Sainz Abogados y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, nombres considerados en el medio como los de “grandes ligas” para reestructuras financieras…
Sin obras de infraestructura importantes en su administración, más allá del Cablebús, con la caída de la Línea 12 y sin haber podido terminar en tiempo el último tramo del Tren México-Toluca, muchos se preguntan por qué el presidente decidió entregarle al gobierno de Claudia Sheinbaum la rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto. Y la respuesta a esa pregunta no tiene lógica técnica, ni mucho menos práctica. En todo caso respuesta política y quizás la última apuesta para saber si su pupila puede o de plano la descarta… Los dados regresan recargados y mandan Serpiente Doble. La semana se viene intensa.
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