En momentos en que el país se encuentra en la fase más crítica de una pandemia mundial y que la economía entra en una franca recesión que se agudizará por el freno obligatorio a la actividad económica, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y un sector importante del empresariado mexicano ha entrado no sólo en punto de ruptura sino de una guerra abierta. Desde Monterrey, poderosos empresarios han comenzado a generar un movimiento que busca propiciar condiciones para una renuncia anticipada en la presidencia de López Obrador.
El movimiento aunque surge del ámbito empresarial, en el que se suman poderosos capitanes de empresas de Nuevo León y algunos integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, los mismos que en la elección presidencial de 2018 intentaron impulsar una candidatura única de Ricardo Anaya contra López Obrador, está buscando sumar en todos los ámbitos y ya tiene el apoyo de gobernadores del norte del país (Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila) además de medios y periodistas que apoyarían la idea de inducir una renuncia en la presidencia que tiene intenciones claramente golpistas.
Lo más delicado es que los empresarios que impulsan el movimiento anti-AMLO ya empezaron a buscar el apoyo de Estados Unidos y que han intentado sumar a su propuesta golpista a un sector del Ejército y de la Marina, pero no han tenido éxito.
Representantes de ese grupo ya hicieron contacto con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Utilizando servicios de despachos de cabildeo que operan en Washington, algunos de ellos a cargo de exdiplomáticos mexicanos, le han hecho llegar mensajes a Kushner con el argumento de que la situación económica y social de México se pude complicar tanto, ante las políticas de López Obrador para enfrentar la profunda crisis económica por el coronavirus, que el problema para Estados Unidos y para Trump ya no serán las caravanas de migrantes centroamericanos, sino “las oleadas de migrantes mexicanos que buscarían cruzar ilegalmente a territorio estadounidense ante el desempleo y la pobreza que se va a generar en el país”.
El escenario que le han dibujado al asesor de la Casa Blanca es que después de la pandemia del coronavirus, ante las decisiones que está tomando el gobierno de la 4T, la situación del país será de un desastre económico y financiero que se reflejará en niveles históricos de desempleo, aumento de la pobreza y que la inseguridad y la violencia, se agravarán ante la estrategia fallida del gobierno lopezobradorista y su política de no actuar ni confrontar al narcotráfico. “Le han dibujado a Kushner –dice una fuente cercana a Palacio Nacional— casi una Venezuela pero en el patio trasero de los Estados Unidos y bajo esa lógica le dicen que más vale pararlo ahorita, a dejarlo que termine de destruir a México y su economía”.
Hasta ahora los argumentos del movimiento empresarial no han sido “comprados” por la Casa Blanca, en donde Donald Trump mantiene un trato favorable hacia el gobierno de López Obrador, de quién se ha expresado en términos positivos tras sus últimos intercambios telefónicos, al grado que ayudó al gobierno mexicano a adquirir recientemente 211 ventiladores con el fabricante estadunidense Hamilton. Incluso está previsto, según informó López Obrador, que en junio, en el marco del arranque formal del nuevo T-MEC, el presidente mexicano haga su primer visita oficial a los Estados Unidos y se reúna eventualmente con su homólogo Donald Trump. Sin embargo, las fuentes consultadas afirman que Jared Kushner ha escuchado con atención los mensajes de los influyentes empresarios mexicanos y ha tomado nota de algunos temas, como el riesgo de una migración masiva o el tema de la descomposición del narcotráfico ante la nula estrategia del gobierno de AMLO para combatirlos, algo que desde el “Culiacanazo” en octubre de 2019, mantienen como un “foco rojo” en la Casa Blanca.
Caras visibles y caras ocultas
La última vez que se reunieron con López Obrador, los empresarios del Grupo de los 10 o Grupo Monterrey, salieron de Palacio Nacional con posiciones encontradas. Algunos de los que acudieron a aquel encuentro, el 8 de abril pasado, destacaban el “tono cordial” del Presidente y su disposición a escuchar los planteamientos de los capitanes regios; pero otros de plano desconfiaban y decían que habían ido a perder el tiempo porque el inquilino de Palacio los veía con la misma desconfianza y no iba a modificar sus posiciones de no apoyar ni rescatar a empresas.
En esa ocasión, además de recordarle que “los empresarios no somos adversarios” y advertirle de la necesidad de apoyar con estímulos fiscales y prórrogas a las pequeñas y medianas empresas que generan más de 70% de los empleos nacionales, los dueños y CEO´s de los principales consorcios regiomontanos –Cemex, Alfa, Vitro, Xignux, Maseca, Frisa— le pidieron al Presidente que contratara deuda por 1 billón de pesos para que apoyara y rescatara a las empresas mexicanas y evitara una crisis de liquidez que llevaría a la quiebra a muchas PyMes.
López Obrador no sólo ignoró olímpicamente sus propuestas, sino que en público declaró en varias ocasiones, apenas el pasado jueves, que no piensa rescatar a ninguna empresa y que si tienen que quebrar, pues será responsabilidad de los empresarios. “Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. No van a haber rescates para potentados. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie. Se tiene que poner por delante el interés general, el interés de la mayoría y de manera humanitaria, atender con preferencia a los pobres”, reiteró esta semana el Presidente.
Con esa respuesta el Jefe del Ejecutivo no sólo rechazo los 68 puntos que le planteó recientemente el Consejo Coordinador Empresarial, producto de 11 mesas y foros donde se recogieron propuestas no sólo del empresariado de todo el país, sino de organismos financieros, especialistas e instituciones como el Banco de México, para librar la difícil crisis que dejará la pandemia del coronavirus. También López Obrador rechazaba los planteamientos que le han formulado distintos grupos de empresarios, entre ellos los de Monterrey.
Por eso la reacción abierta de confrontación que ha adoptado una parte del empresariado. Por eso incluso dirigentes como Carlos Salazar del CCE, que fue un entusiasta y convencido promotor de la 4T y de López Obrador, después se quejaría de que “nos cerraron las puertas de Palacio” y escucharía las voces de muchos empresarios del país que le pedían promover la salida anticipada del Presidente al grito de “Que se vaya ya”. Ante esas posiciones, Salazar fue aún institucional pidiéndoles a los dirigentes del Consejo que esperaran al 2022 y participaran en la consulta de revocación de mandato programada para ese año, con la aclaración de que “necesitaremos 30 millones de votos para pedir que se vaya”.
Pero hay otros empresarios que no son tan institucionales como Salazar. Ayer uno de los socios de Soriana, consejero suplente del Consejo de Administración de la cadena de tiendas mexicana más grande, se destapó públicamente como “líder del Frente Nacional para la Remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Pedro Luis Martín Bringas, hermano de los dueños de Soriana, dijo que el “FRENA”, como se denominan, “es un grupo conformado por la iniciativa pública, no privada, que consta de gentes de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los niveles, estudiantes y profesionistas, empresarios y es un grupo, que así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así queremos que FRENA sea el detonante para que antes de 1 de diciembre (de 2020) el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país”.
La cadena Soriana se deslindó en un comunicado de su Consejo de Administración, de la posición de Pedro Luis Martín Bringas y dijo que “el video no tiene relación con la compañía ni representa su postura institucional”, aclarando que la empresa “no tiene postura política, vínculos o intereses partidistas” y que su único compromiso es “con el bienestar de los mexicanos” para lo cual buscan cooperar para el futuro del país.
Pero aún así, el FRENA ha tendido puentes políticos y sociales. Hay dirigentes de partidos como el MC, el PRI y evidentemente del PAN que apoyan esta iniciativa aunque no lo hagan ni lo digan públicamente. Incluso, el movimiento de los gobernadores del Noroeste, formado por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se conecta también con el activismo de los empresarios en contra de López Obrador.
Esos tres estados, encabezados por el independiente Jaime Rodríguez, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y el priista Miguel Riquelme, no sólo han exigido reuniones con el Presidente para coordinar acciones y mayor presupuesto para los estados en la pandemia del Covid, sino que también han cuestionado el actual Pacto Fiscal entre la Federación y los estados y han amenazado abiertamente con romperlo si el gobierno federal no acepta una revisión a fondo de este convenio que reparte el presupuesto federal.
Ha subido tanto el tono del discurso de estos tres gobernadores, que incluso sumaron a su alianza a Durango y Michoacán, que en las redes sociales ya circulan propuestas y videos de crear la “República del Río Grande” formada por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, con lo que no sólo se promueve el separatismo, sino que se revive un viejo proyecto fallido con el que en 1840 esos tres estados mexicanos más Texas, que entonces era parte de la República, se proclamaron en contra del gobierno de Anastasio Bustamante.
Veremos hasta dónde llega y qué tanta fuerza cobra este nueva guerra empresarial en contra del gobierno de López Obrador y la intentona de obligar a una renuncia del Presidente en los próximos meses. Por lo pronto, la abierta confrontación contra el Poder Ejecutivo que llega desde Monterrey no es nueva: a Luis Echeverría los empresarios de Monterrey también le declararon la guerra en 1973 tras la trágica muerte de Eugenio Garza Sada a manos de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces recurrieron a la salida masiva de capitales y de dólares del país para provocar la primera gran devaluación y crisis de la época contemporánea, después de la cual, un debilitado Echeverría les regaló el Régimen de Consolidación Fiscal para calmar la embestida regia. Luego, con López Portillo la confrontación también fue a muerte cuando les expropió la banca, de la que muchos regiomontanos eran dueños, repitiéndole la dosis de retiro de capitales, hasta que después Miguel de la Madrid les devolvió los bancos.
En medio de esta guerra, López Obrador hábilmente ha mantenido cerca a tres de los empresarios más poderosos y ricos como Carlos Slim, al que ya le dio un tramo de su Tren Maya; Alberto Bailleres y Germán Larrea, que pasaron de ser críticos acérrimos a apoyadores de la 4T. Veremos qué rumbo toma esta intentona de los empresarios norteños que, con un Presidente en niveles de aprobación de entre el 60 y el 68% y con un repunte de 8 puntos en medio de la pandemia, según varias encuestas recientes, no la tienen nada fácil.
Notas indiscretas...
Para los que gustan de encontrar parecidos y paralelismos entre los estilos de gobernar del presidente López Obrador y Luis Echeverría, el caso de los ayudantes de AMLO que pasaron de ser escoltas a funcionarios del SAT con sueldos de más de 100 mil pesos, la escritora Sofía Guadarrama Collado nos compartió un interesante recordatorio del caso de Echeverría y El Mayor Jorge Carrillo Olea. “En 1975, cuatro años después del Halconazo, al presidente Luis Echeverría se le ocurrió asistir a un evento en la UNAM. Los estudiantes no tardaron en gritarle ‘¡Asesino! ¡Asesino!’ Echeverría alzó el puño derecho y les respondió: ‘¡Fascistas! Su grito enmudeció al percatarse que le estaban lloviendo piedras. Tuvo suerte de que sólo una lo golpeara. Sin embargo, tuvo que salir huyendo. Uno de los escoltas del Estado Mayor Presidencial, Jorge Carrillo Olea, lo guió hasta el circuito de Ciudad Universitaria, donde a punta de pistola detuvo a un conductor que circulaba en ese momento frente a ellos, lo bajó del auto, se lo robó, subió al Presidente, dio vuelta sobre el camellón, y cual película de Rápido y Furioso, manejó a toda velocidad hasta Los Pinos. En esa época se hizo popular un chiste: ‘¿Sabes cuál es la bebida de moda? Presidente con Sangría”, nos narra Sofía Guadarrama. El Mayor Jorge Carrillo Olea recibió como premio por salvar al Presidente de la apedreada estudiantil el nombramiento de subsecretario de inspección fiscal de la Secretaría de Hacienda y como resultado de ese “favorcito”, comenzó una carrera política en la que más de 20 años después Carlos Salinas de Gortari lo haría gobernador de Morelos. Cualquier parecido con la 4T ¿es mera coincidencia?...A unas horas de que se discuta este lunes en la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad de la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución de Baja California, el ambiente en el máximo órgano judicial del país se siente pesado. Aun cuando se trata de una sesión virtual, en la que los ministros votarán a distancia con ayuda de la tecnología, en medio de los jaloneos, cabildeos y rumores, muchos hacen cuentas y proyecciones para saber si se reunirán los 8 votos necesarios para que la mayoría apruebe o rechace el proyecto del ministro Fernando Franco que propone declarar inconstitucional la reforma bajacaliforniana y dejar en 2 y no en 5 años la gubernatura de Jaime Bonilla. En medio de ese ambiente turbulento, una fuente de nivel en la Corte asegura que “personeros que presuntamente van a nombre del gobierno de Baja California, se han acercado a los ministros para ofrecerles sobornos de 1 millón de dólares a cambio de que frenen el dictamen que declara inconstitucional la reforma de los 5 años”. En un video que circula en redes sociales se retoma ese rumor y hasta se mencionan nombres de al menos cuatro ministros que habrían aceptado los supuestos sobornos millonarios. ¿Será? Lo veremos en las votaciones…Por lo pronto, en los intensos cabildeos y la defensa legal que realizó de este caso, el gobernador Jaime Bonilla esgrimió sus argumentos legales ante los ministros de la Corte, los cuales se resumen en la frase: “Siempre ha sido una elección por 5 años”. Y basa su argumento en los siguientes puntos: 1. El actual Gobernador del Estado de Baja California se registró conforme a una Convocatoria que establecía que el periodo por el cual competía era de 5 años, misma que nunca fue modificada, ni publicado ningún ajuste sobre tal lapso. El mismo proyecto de la Suprema Corte reconoce esta situación, pero lo desestima señalando que se trata de un mero formalismo. Por tanto, lo publicado de manera oficial siempre ha sido por 5 años. 2. La Constancia de Registro fue otorgada por 2 años y se impugnó. Sin embargo, en la Sala Regional del TEPJF nunca se resolvió el fondo del asunto por una cuestión de forma, ya que se consideró que la impugnación fue extemporánea. 3. Por lo anterior, al Gobernador le “disminuyeron” el periodo para el cual solicitó su registro. 4. Después de la jornada electoral, cuando el Instituto Estatal Electoral de Baja California le otorga la Constancia de Mayoría, ésta es por un período de 2 años; lo cual también se impugna. 5. Posteriormente, el Congreso del Estado (de mayoría de oposición y, por tanto, no de Morena) con el objeto de ajustar el periodo del mandato a los 5 años originalmente publicados en la Convocatoria, emitió el decreto que hoy se impugna. 6. Sirva la información anterior para aclarar que la toma de protesta del Gobernador fue por 5 años y que, si la SCJN vota a favor de la reducción del periodo, se abre la puerta a que cualquier Congreso pueda modificar el periodo de mandato de un representante electo en funciones. ¿Cuál de las dos posiciones prevalecerá: la que considera inconstitucional la ampliación de 5 años, y que la dejaría en solo 2 años, o la que defiende Bonilla?. El lunes lo sabremos…Los dados cierran con Escalera doble. Otra semana más en cuarentena. Ánimo y fuerza para los lectores, que ya falta menos.
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