En la reunión diaria del gabinete de Seguridad, el pasado jueves 3 de septiembre, ocurrió algo que llamó la atención de los asistentes habituales a ese encuentro de trabajo en Palacio Nacional. Eran las 6 de la mañana y en el salón donde comúnmente se reúne el presidente López Obrador con cerca de 14 funcionarios de las áreas de seguridad de su gobierno, entre secretarios y subsecretarios, ya esperaban varios de los participantes cuando llegó el personal de apoyo y les pidió abandonar la sala porque el mandatario quería sólo tener la reunión con cuatro funcionarios: la secretaria de Gobernación, el de Defensa, el titular de Marina y el de Seguridad Pública.
Sin indicarles el motivo y mucho menos el asunto delicado que se trataría, varios subsecretarios y directores que habitualmente participan en el gabinete de Seguridad fueron desalojados y se les pidió esperar afuera, en los pasillos de Palacio donde se miraban unos a otros preguntándose qué había pasado o qué tema confidencial o de seguridad obligaba a reducir el número normal de participantes en la reunión de coordinación. Sin chistar, todos los de segundo nivel abandonaron el salón y esperaron pacientemente a que concluyera el encuentro.
El presidente entró a la reunión como todos los días en punto de las 6 y sólo Olga Sánchez Cordero, el general Luis Sandoval, el almirante Rafael Ojeda y Alfonso Durazo escucharon el tema “secreto” o confidencial que obligó, por primera vez en los casi dos años de que se realizan diariamente esas reuniones en Palacio Nacional, a que López Obrador pidiera reducir el número de funcionarios participantes, según comentaron fuentes directas de la Presidencia que pidieron el anonimato.
A las 7 con 5 minutos de aquel jueves, exactamente una hora después de que inició el gabinete de Seguridad, se abrieron las puertas del salón y salieron solamente los secretarios que habían participado; al presidente, que habitualmente sale también por esa puerta y comenta asuntos con los funcionarios participantes, lo sacaron por otra puerta y se fue a preparar, como cada día entre semana, los temas de su conferencia mañanera. Nadie informó ni explicó a los cerca de 10 funcionarios a los que se pidió abandonar la sala el motivo de la asistencia reducida y el por qué no podían estar presentes en el encuentro.
Ese mismo jueves salió información en columnas y en varios medios sobre la existencia de más videos en los que aparece el hermano del presidente, Pío López Obrador , recibiendo bolsas con dinero de David León, el excoordinador de Protección Civil federal y fallido director del organismo nacional de distribución de medicinas. Se hablaba hasta de 15 videos del mismo corte del que se difundió hace dos semanas. También ese jueves comenzó la discusión en el INE sobre los registros a nuevos partidos políticos, que terminó el viernes con las votaciones que negaron el reconocimiento a 6 agrupaciones políticas, entre ellas la de México Libre , de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y la de Redes Sociales Progresistas, vinculada a Elba Esther Gordillo, además de otras cuatro rechazadas. De hecho, sólo el actual PES obtuvo el registro por mayoría de consejeros, a pesar de un agitado debate en el que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama cuestionaron la participación de ministros de culto en esa agrupación política, en “violación abierta —dijeron— al principio constitucional del Estado laico”.
Ya para el fin de semana, López Obrador se enfrascó en una confrontación verbal con el expresidente Calderón y Margarita Zavala. El sábado, el presidente celebró en un video que grabó desde su rancho en Palenque, que el INE le haya negado el registro a México Libre, lo que según él, fue una decisión impulsada por “el pueblo y la opinión pública” y hasta se dio tiempo de burlarse de su enemigo político recomendándole que si no está de acuerdo con el fallo acudiera a la OEA “pero no vayan a Nueva York porque allá está García Luna” o que acudiera a los “intelectuales orgánicos” que lo apoyaron en 2006 cuando, volvió a repetir, “Calderón se robó la Presidencia”.
En fin, que algo muy importante y de mucho calibre debió motivar que el presidente cerrara el jueves pasado su reunión de seguridad. O se trató de un tema de “seguridad nacional” o de algo político muy fuerte que ameritaba que sólo un reducido grupo de sus colaboradores lo supiera para evitar filtraciones a la prensa. Veremos si en estos días se observa algo que explique la decisión que sorprendió incluso a los colaboradores presidenciales, mientras seguimos enfrascados en discusiones, enfrentamientos y cortinas de humo que ocultan las verdaderas tragedias económicas, sociales y de salud que seguimos viviendo por el Covid.
A propósito del presidente, la semana pasada, también en sus reuniones de gabinete, les dio un aviso a todos sus colaboradores que se interpretó como el “banderazo de salida” para los que quieran buscar un cargo de elección popular en las elecciones federales y locales del 2021: “Todos aquellos que deseen buscar alguna posición, tienen el derecho de votar y ser votados, por lo que deberán renunciar a sus cargos a más tardar en diciembre”, les dijo el presidente a sus secretarios y colaboradores que tomaron nota de la autorización presidencial. A partir de octubre y hasta diciembre se espera que varios secretarios que buscarían ser candidatos a distintos cargos presenten sus renuncias y se vaya a hacer campaña, entre los más seguros se menciona a Alfonso Durazo, que ya está prácticamente haciendo campaña en Sonora, o Santiago Nieto, titular de la UIF, a quien insisten en mandar como candidato a la gubernatura de Querétaro, mientras que en el caso de Esteban Moctezuma él mismo se descartó para ir a San Luis Potosí, pero habrá otros más que ya preparan su salida… En el tema de los partidos políticos lo que viene es la batalla jurídica ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de revertir las decisiones del INE que le negaron registro a 6 agrupaciones políticas nacionales que aspiraban a convertirse en partidos políticos. Los casos que se ven como los más aguerridos para buscar el fallo a favor de los magistrados electorales son por supuesto el de Margarita Zavala y Felipe Calderón que tratarán con todo de revertir el famoso 8% de aportaciones con la aplicación de “Clip” que cuestionaron consejeros como Ciro Murayama. Elba Esther Gordillo y su yerno Fernando González también van con todo ante el Trife y tratarán de demostrar que sus aportaciones y aportantes sí fueron identificados y no ameritaban la anulación de Asambleas, mientras que Pedro Haces, líder de la CATEM, también buscará abogados expertos para presentar sus impugnaciones por la misma causa de aportaciones no identificadas. En el caso de Grupo Social Promotor por México, vinculado al SNTE, no está claro si los maestros se meterán con todo a dar la pelea por el registro o si deciden aceptar el fallo del INE que acusó supuestos vicios de corporativismo en sus afiliaciones. Veremos quiénes pueden y quiénes no convencer a los magistrados y también quiénes deciden, además de la vía jurídica, ir a mecanismos de presión política, como marchas, manifestaciones y bloqueos para tratar de desacreditar la decisión de los consejeros electorales… Los dados mandan Escalera doble. Regresan fortalecidos y recargados para seguir rodando en busca de los mejores temas y la mejor información de la política nacional para los amables lectores a los que se agradece siempre su paciencia y lectura.