El próximo martes 1 de diciembre se cumplen 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La fecha es importante por dos motivos, uno político y otro constitucional. En el político se cumple el primer bienio de la administración sexenal y se llega también a la fecha que el propio López Obrador estableció como el plazo para terminar de “sentar las bases de la Transformación” y mostrarles a los mexicanos que el suyo, “ya es otro gobierno” y que hay un cambio real y que entre los avances logrados por su administración para esa fecha, estaría una mejoría en la seguridad pública y la violencia. “Sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del México del porvenir para el primero de diciembre próximo, cuando se cumplan dos años de gobierno”, dijo el Presidente en su segundo informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre.
En lo constitucional, este 1 de diciembre representa que a partir de esa fecha, de acuerdo con los artículos 84 y 85 de la Carta Magna, si por alguna causa de fuerza mayor o por renuncia, el Presidente llegara a faltar en una ausencia absoluta, ya no sería necesario convocar a una nueva elección y se activaría, en ese supuesto hipotético, el mecanismo de sustitución previsto en el texto constitucional y que a la letra dice: “En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución… Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino”.
Y el procedimiento para designar al presidente sustituto se refiere a que “cuando menos, con las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara (Senadores y Diputados), se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos” a un presidente sustituto, en los términos que disponga la Ley del Congreso, que sería el encargado de terminar el periodo sexenal del Presidente que se haya ausentado de manera absoluta de la presidencia.
Por eso la fecha de los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es doblemente significativa: primero porque él mismo se impuso este 1 de diciembre como el plazo fatal para que ya los mexicanos perciban el cambio y la transformación que les ofreció desde su campaña, a la que él ha denominado “la Cuarta Transformación”, y cuyas bases legales y constitucionales quedarían totalmente sentadas y establecidas en esta fecha para que difícilmente otro gobierno distinto pueda revertirlas; y segundo, porque los escenarios de sustitución presidencial, contemplados en la Constitución, se vuelven posibles a partir del próximo martes.
Los escenarios de sustitución presidencial siempre han sido casi un tabú en la política mexicana y, en épocas pasadas, los mecanismos que definían otras constituciones, fueron motivo de crisis políticas y constitucionales en el país. Entre el siglo 19 y 20, por ejemplo, a la falta del Presidente, asumía el cargo quien ocupara la vicepresidencia, que era un cargo autónomo (1824 y 1904). En otra etapa al presidente sustituto lo designaba el Senado (1836 y 1843); luego, lo designaba la Cámara de Diputados (1847); y posteriormente asumía la presidencia otro funcionario (el presidente de la Suprema Corte de Justicia en 1857; el presidente del Senado o de la Comisión Permanente en 1882; el Secretario de Relaciones Exteriores o de Gobernación en 1896).
De hecho, la única vez que se tuvo que activar ese mecanismo en la era postrevolucionaria fue con el nombramiento de presidente interino a Emilio Portes Gil, luego de que Obregón no pudo ocupar el cargo por haber sido asesinado. Portes Gil convocó a elecciones y en ellas fue electo popularmente Pascual Ortiz Rubio, pero como este último renunció antes de concluir el período, fue designado Abelardo L. Rodríguez.
DESPUÉS DEL 1 DE DICIEMBRE “ME IRÍA SATISFECHO”
La posibilidad de que llegara a ser necesaria una sustitución en el actual sexenio, es algo que no deja de ser algo hipotético pero que tampoco deja de ser una pregunta qué se hacen en varios círculos de la vida política y económica del país. Incluso, el propio López Obrador, en diferentes ocasiones en sus conferencias mañaneras y en su último informe, se ha referido a lo que seguiría después de que se cumplan los dos años de gobierno. “A partir de entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo para contar siempre con su respaldo”, dijo en su mensaje político con motivo del Segundo Informe, mientras que en otros discursos ha dicho que “si después del 1 de diciembre la gente decide que ya no quiere que siga como Presidente, me quedaría satisfecho, porque ya sentamos las bases de la Transformación”, ha comentado el mandatario.
El tema de cómo se resolvería constitucionalmente una eventual falta del Presidente, después de estos dos años, está más que claro y resuelto en el citado artículo 84, pero lo que genera dudas e incertidumbre es quién podría asumir una presidencia sustituta en el escenario de una ausencia total de López Obrador, precisamente porque el texto constitucional está redactado y diseñado para que no se sepa quién, de los integrantes de un gobierno, pudiera ser el sustituto, y eso se deja a la decisión del “Colegio Electoral” en el que se erigirían las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
En el actual contexto de la 4T, en un grupo de gobierno que se encuentra claramente dividido entre dos grandes bloques o tendencias, de un lado los sectores más moderados de la izquierda lopezobradorista y del otro los bloques más duros de la izquierda radical, la interrogante de quién ocuparía una presidencia sustituta genera inquietudes entre las élites políticas, sociales y económicas. Por ejemplo, nombres como el del canciller Marcelo Ebrard, el de Ricardo Monreal o incluso el de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ocuparía la presidencia provisional en tanto se elige a un sustituto, aparecen más en la lógica moderada de la Cuarta Transformación.
Pero del otro lado, en el ala más radical del lopezobradorismo también buscarían tomar el control del gobierno en el hipotético escenario de sustitución y ahí es donde el tema se vuelve más incierto. La influencia de esos grupos en las Cámaras de Diputados y Senadores es real y se ha demostrado en diversas iniciativas y reformas de corte radical que han presentado y empujado en el Congreso o en la forma en que obstaculizan y frenan proyectos legislativos con los que no están de acuerdo. La composición de las bancadas de Morena en el Poder Legislativo federal, a donde muchos de ellos llegaron a través de un sorteo de tómbola, con orígenes distintos e ideologías variopintas, hace que la actuación de los bloques duros y radicales se vuelva impredecible, aún en caso de que tuviera que elegirse a un presidente sustituto.
Será interesante ver qué viene, no sólo en los discursos y mensajes presidenciales a partir de estos dos años, sino en el próximo año electoral de 2021 y en la consulta para la revocación de mandato en el 2022. Por lo pronto, este 1 de diciembre, el presidente López Obrador alcanzará una de sus metas importantes: “sentar las bases de la transformación” que le ha propuesto a los mexicanos, llegar al cumplimiento de sus 100 compromisos de campaña y tener, para esa fecha, mejores índices de seguridad y menor violencia para los mexicanos. Pero también los dos años significan para el mandatario cruzar un umbral que él mismo ha colocado en el imaginario colectivo cuando alude en referencias constantes a uno de sus héroes preferidos de la historia de México: Francisco I. Madero, el presidente de México que sólo pudo durar 15 meses en el cargo por la traición de Victoriano Huerta y el golpe de Estado militar que lo derrocó y lo asesinó cobardemente. El martes, Andrés Manuel López Obrador cumplirá dos años en la presidencia y hacia adelante, dijo el mismo en su mensaje del 1 de septiembre pasado: “A partir de entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo para contar siempre con su respaldo”.
NOTAS INDISCRETAS…
Anoche, con mayoría de Morena, y sus aliados, junto con el PRI y el PRD, se aprobó la Reforma Judicial que había sido consensuada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y que modifica varios aspectos importantes en el funcionamiento de este último poder. Se trata de la reforma judicial más importante después de la que realizó en 1994 el presidente Ernesto Zedillo para la actual conformación del Poder Judicial Federal y establece, entre otras cosas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se constituya a partir de estos cambios en una especie de Tribunal Constitucional para que los ministros solo se encarguen de resolver los asuntos de controversias constitucionales e interpretaciones de las leyes y de la Carta Magna, y no tengan que ver otros temas de amparo y derechos que pasarán a ser turnados a otros tribunales y colegiados para desahogar a una Corte que se había vuelto “todóloga” en los últimos años y que había sido sobrecargada con todo tipo de quejas, denuncias y recursos. Pero además, las reformas buscan combatir uno de los problemas endémicos y que generan mayor corrupción en el sistema judicial: el nepotismo en todas sus vertientes y la creación de grupos familiares en los puestos judiciales. Para ello se crea una “Escuela Judicial” que será la encargada de la formación de los cuadros del Poder Judicial y de la elaboración y aplicación de los exámenes de oposición obligatorios que tendrán que presentar y pasar todos aquellos que aspiren a ocupar un puesto en la carrera judicial. “Es el inicio de la transformación en materia de justicia”, dijo el líder de la mayoría senatorial, Ricardo Monreal, en medio de los cuestionamientos del PAN y de MC que votaron en contra de la reforma, que por cierto fue muy bien recibida entre las cúpulas del Poder Judicial y en la Suprema Corte, donde participaron en la redacción de lo aprobado ayer en el Senado…Por cierto que en la bancada de Morena hubo una voz disidente en el tema judicial, la del senador Germán Martínez Cazares, quien desde la tribuna descalificó no sólo el contenido de esta reforma a la que calificó como “farsa”, sino también a sus compañeros de Morena a los que cuestionó que dicen “que no somos iguales” pero actúan igual que en el pasado. Detrás del duro discurso del senador Germán hubo un fuerte desencuentro que ocurrió desde la mañana en la Comisión de Puntos Constitucionales donde se aprobó el dictamen. Martínez Cazares pedía que no fuera el presidente de la Corte ni de la Judicatura los que se encargaran de designar al titular de la nueva Escuela Judicial y pedía que fuera desde el Senado donde se hiciera el nombramiento. Incluso, según senadores que estuvieron en esa discusión, sostienen que había un interés personal del senador para influir en la designación de ese importante instituto y por ello presionó para que se sacara del ámbito judicial y se quedará en el Congreso la designación. Como no se le aceptó la propuesta, Germán advirtió desde el mediodía que votaría en contra de la iniciativa y que expondría su opinión sobre un retroceso en la reforma o un mantenimiento de los actuales privilegios y la corrupción del sistema judicial. Y cumplió su amenaza con el voto en contra y con la descalificación, al no haber logrado que se hiciera un “arreglo” entre el Senado y el Poder Judicial…En Tlaxcala, donde los movimientos políticos por la próxima elección para gobernador están a tope, han surgido acusaciones de corrupción en contra de la delegada especial del Gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, aspirante también a la gubernatura. La Secretaría de la Función Pública analiza un expediente sobre presuntos malos manejos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se acusa a Lorena de haber manipulado los recursos federales para posicionar su candidatura. Pero también hay otra denuncia en la Fiscalía General de la República en la que se menciona a su yerno, Rafael Lucio Célis, quien es acusado de peculado ante la Fiscalía Especializada en Corrupción. Aunque la delegada federal se ha defendido alegando que hay una “guerra sucia” y “ataques políticos” en su contra por sus aspiraciones, los señalamientos contra Cuéllar Cisneros vienen desde el año pasado, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la acusó de no haber acatado las medidas cautelares para suspender la promoción personalizada del presidente López Obrador, mediante el uso de programas públicos y la entrega de apoyos sociales en Tlaxcala. En aquel fallo, los magistrados electorales ya habían solicitado a la Secretaría del Bienestar y a su OIC que abrieran una investigación contra la delegada federal; luego vendría la denuncia del PRD ante la Función Pública con el expediente SER-PSc-71/2019, ante lo cual Lorena promovió un recurso de apelación ante el tribunal, que aún está pendiente de resolución. Lorena Cuéllar ya fue candidata del PRD a la gubernatura en 2012 y perdió, y ahora busca volver a serlo por Morena, para lo cual presentó su renuncia al cargo de delegada federal el pasado 31 de octubre. Veremos si en medio de esas denuncias llega a librarlas y lograr su segundo intento por la gubernatura…Hablando de los candidatos de Morena, en Guerrero las cosas se pueden complicar para Morena luego de que el senador Félix Salgado Macedonio no acudió a la reunión que convocó el jueves el dirigente nacional Mario Delgado para dialogar con todos los aspirantes guerrerenses. A la cita, en la sede morenista, llegaron Pablo Amílcar Salazar, Luis Walton, Adela Román Ocampo y varios aspirantes más, pero nunca se presentó el senador Salgado, con lo cual mandó todo un mensaje en medio de la aguerrida disputa interna que han sostenido los morenistas en Guerrero. En el encuentro, a falta de un consenso para designar candidato, Delgado anunció que ayer se emitiría la convocatoria para elegir al candidato a gobernador mediante una encuesta e hizo que todos los asistentes firmaran una carta en la que aceptan todas las reglas y condiciones del proceso y se comprometen a respetar los resultados y a no hacer cuestionamientos públicos al partido. La pregunta para Guerrero en Morena ya no es una sino dos: primero, ¿quién será el candidato de entre Pablo, Luis o Adela? Y la segunda, ¿por qué partidos será candidato Félix Salgado, que ya tenía una oferta de alianza con el PRI y PRD?... Los dados mandan Escalera. Buena semana.
