La disputa por la generación de energía eléctrica en el país subió ayer de nivel y de tamaño con la entrada en escena de 7 gobernadores de la República que le solicitaron al presidente López Obrador “que cancele definitivamente el acuerdo publicado por el Cenace” y amenazaron con tomar acciones jurídicas si no se echan para atrás las disposiciones del mencionado Acuerdo de Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
Justo un día después de que López Obrador le ordenó a su gabinete de energía dar la “batalla jurídica” contra la ofensiva legal de los amparos interpuestos por las empresas afectadas con el acuerdo que cancela y limita la participación de las energías limpias o renovables en el sistema eléctrico nacional, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima y Michoacán firmaron un manifiesto en el que se pronuncian en contra de la cancelación de proyectos e inversiones de energías limpias y se colocan del lado de las empresas afectadas, varias de ellas asentadas en sus estados, y en contra del gobierno federal.
Desde la ciudad de Saltillo, donde se reunieron ayer, los mandatarios de la oposición, Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez “El Bronco”, Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel Riquelme, José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles e Ignacio Peralta, firmaron este manifiesto en el que esgrimen las afectaciones a los estados que cuentan con parques eólicos y solares o que tenían previstas ya inversiones en proyectos de energía renovable, por la cancelación de empleos y hasta del pago de renta a ejidatarios en donde se instalan los generadores de energía eléctrica limpia; también denunciaron que con el decreto que publicó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director del Cenace, Morcos Flores, favorece la generación de energía con combustibles fósiles en la CFE que no sólo es más costosa sino contamina el ambiente y afecta la salud de los mexicanos.
"Nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y las tarifas eléctricas más bajas", dijo el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, mientras que Alfaro, de Jalisco —quien participó por primera vez en este bloque de gobernadores formado originalmente por el Covid19— comentó que si López Obrador considera que hay algún contrato o una condición irregular “se investigue y se actúe con todo el peso de la ley, pero que eso no sea una justificación para cancelar el futuro de nuestro país". Y el anfitrión de este encuentro, Miguel Riquelme, de Coahuila, acusó que el acuerdo federal contraviene tratados internacionales y un acuerdo firmado apenas en febrero por todos los estados con el Gobierno federal.
¿LLEVARÁN EL TEMA HASTA LA CORTE?
El pronunciamiento de los gobernadores en contra del acuerdo federal en materia eléctrica escala este conflicto porque los Ejecutivos estatales tienen facultades para iniciar controversias o acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto, si los 7 mandatarios opositores decidieran iniciar un recurso de revisión constitucional, el tema se aceleraría e involucraría ya no sólo a los jueces y magistrados que atienden los más de 20 amparos interpuestos por empresas afectadas por el decreto, sino a los 11 ministros de la Corte que tendrían en sus manos otro conflicto entre la Federación y los Estados, apenas unas semanas después de que resolvieran de manera unánime el tema de Baja California y su reforma de ampliación de mandato que consideraron no sólo “inconstitucional” sino un “fraude a la Constitución”.
Además la confrontación de los estados por el tema eléctrico ocurre en momentos en que la relación entre las entidades y el Presidente de la República se ha tensado por el manejo de la pandemia del coronavirus, no sólo porque varios gobernadores, opositores y también de Morena, cuestionan duramente la estrategia federal y el manejo de las cifras, sino también porque López Obrador se ha negado a aceptar la petición unánime de los estados para que se les otorguen recursos adicionales para enfrentar al Covid en sus estados o al menos, como se lo propusieron hace una semana al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que les reembolsen el gasto que hasta ahora han tenido que hacer de sus partidas presupuestales ordinarias, que no eran precisamente para una emergencia como la actual.
Pero en Palacio Nacional la orden del presidente fue contundente: a combatir con todos los recursos legales del gobierno la ofensiva jurídica contra el Acuerdo del sector eléctrico porque no dará marcha atrás en su intención de fortalecer y “rescatar” a la CFE en detrimento de los inversionistas privados. Fuentes del gobierno aseguran que detrás de la emisión del decreto, que el Presidente le ordenó a Rocío Nahle, hay una estrategia de López Obrador para obligar a negociar a las empresas privadas y que acepten una modificación y disminución de las tarifas que le cobran a la CFE por kilowatt generado.
Es decir, que según esas fuentes gubernamentales, Andrés Manuel estaría recurriendo a algo parecido a la “estrategia Trump”: primero tiro la mesa de un manotazo y luego negocio en condiciones de desventaja para los empresarios y favorables para el gobierno. “No lo van a mover, hasta que no se sienten a negociar las tarifas, lo que significa renegociar los términos de sus contratos”, comentó un funcionario cercano a la Presidencia, quien agregó que López Obrador está convencido de que en varios de esos contratos hubo corrupción y tráfico de influencias.
“Se dieron facilidades para producir energías limpias, pero en algunos casos se trata de negocios sucios y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad”, comentó esta semana el Presidente al referirse a los “contratos leoninos” como los llama y que fueron otorgados en los gobiernos del PAN y del PRI.
EL NEGOCIO DE LA RENTA DE TERRENOS
Aunque casi todo el territorio nacional tiene un alto potencial para la generación de energías eólicas y solares, por las corrientes de viento que lo atraviesan y por ser uno de los países con más días soleados en el año en todo el planeta, hay zonas que son privilegiadas para la generación de energías limpias. En el caso de la eólica, que es la más desarrollada en México, las dos regiones con más parques generadores se ubican una en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y la otra en el Golfo de México en la zona de la Laguna Madre, ubicada en los municipios de Aldama y Soto a Marina. En ambos estados, a partir de las reformas energéticas primero de Fox y Felipe Calderón y luego de Peña Nieto, se generó un movimiento especulativo de tierras por las altas rentas que pagan las empresas privadas que llegan a hacer un pago mensual de hasta mil dólares por cada ventilador instalado en un terreno. En Tamaulipas, por ejemplo, en los últimos años 12 ranchos pegados a la Laguna Madre cambiaron de nombre y de propietarios y apareció un comprador repentino llamado Eduardo Pasquel que acaparó todos los ranchos de esa zona y que dijo tener como socios a dos empresas de Monterrey.
El último rancho que compraron Pasquel y sus socios —los visibles y los ocultos porque hay versiones periodísticas que ubican a este próspero terrateniente como “prestanombres” de políticos tamaulipecos— fue el Rancho “Los Ébanos”, en Aldama, que fue vendido en 4 millones de dólares. Todas esas tierras no sólo son muy fértiles y aptas para la ganadería, sino que todo el año tienen corrientes constantes de aire, lo que las convirtió en espacio para varios parques eólicos que ya operan y otros que estaban en proyecto, con su respectivo pago de rentas a los propietarios, en razón de 23 o 25 mil pesos cada mes por cada una de las torres de generación.
Es decir, que no sólo en Tamaulipas, sino también en Oaxaca, en Baja California o en otros estados que se ven afectados por el decreto del Cenace, además del interés legítimo de defender los empleos y proyectos productivos, y de la defensa del medio ambiente y de los acuerdos para el cambio climático que sin duda debieran ser prioritarios para el país, también hay intereses de algunos políticos que se metieron al tema e hicieron negocios al amparo de la apertura del sector eléctrico.
Ya veremos hasta dónde llega esta batalla en la que de un lado está López Obrador con su gabinete energético encabezado por Rocío Nahle y el cuestionado Manuel Bartlett, y del otro están los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que defienden su derecho legal y la necesaria certidumbre para sus millonarias inversiones, reforzados ahora por 7 gobernadores que amagan con ejercer su facultad para llevar este asunto hasta la más alta instancia del Poder Judicial y dejar que sean los ministros de la Corte los que definan si el Presidente violentó la Constitución y varias leyes al ordenar el polémico decreto. Y en medio de la disputa, como siempre, estamos los ciudadanos, que tenemos derecho a tener energía no sólo suficiente y barata, sino también electricidad que no nos signifique degradar a nuestro medio ambiente, ya de por sí descuidado y desgradado, y de paso condenar al planeta a los efectos letales del cambio climático.
NOTAS INDISCRETAS…
Al más puro estilo del clásico “¿Y yo por qué?” de Vicente Fox, ayer el presidente López Obrador se escurrió ante las preguntas de la reportera Reyna Haydee Ramírez, quien le pedía que fijara la posición de su gobierno sobre el conflicto interno de Notimex y la huelga de su sindicato y sobre las denuncias que hicieron Signa Lab, Artículo 19 y la periodista Carmen Aristegui sobre la actuación de la directora de la agencia oficial, San Juana Martínez y los ataques a periodistas críticos desde Notimex. “¿Para qué me voy a meter yo?", preguntó como respuesta. "A Sanjuana y a Carmen Aristegui, y a todos les creo. Tiene que llegarse a un acuerdo", dijo el Presidente, quien evitó pronunciarse sobre el uso de recursos públicos en el ataque a periodistas desde una agencia de su gobierno y sobre las campañas de odio y de ataques que se desataron en contra de Aristegui por haber publicado en sus espacios la investigación que documentó la actuación de Notimex y de su directora. En fin, que el Presidente optó por una actitud que aunque pudiera parecer “salomónica”, más bien resultó foxiana porque no quiso quedar mal con ninguna de las partes y mucho menos tomar partido en defensa de periodistas que siempre lo defendieron a él… Dos cuestionamientos tuvo esta semana la secretaria María Luisa Alcalde. Primero tras revelarse que al menos 7 parientes cercanos suyos laboran en puestos de primer nivel en el gobierno federal, aunque en eso el Presidente la respaldó al decir que como no laboraban directamente con ella, no era nepotismo, y luego cuando la vieron comprando en un supermercado de la colonia Nápoles sin cubrebocas, algo que es obligatorio de usar en esos espacios, según lo dispuso el gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo más delicado fue no sólo que no respetara una norma oficial, sino que según lo publicaron medios como Emeequis, cuando un empleado del supermercado le pidió a Luisa María que tenía que ponerse el cubrebocas al entrar, ella lo vio con una sonrisa como de desaire y sólo hizo como que se lo ponía para después quitárselo y andar por el súper como si no estuvieramos en el peor momento de la pandemia en México y particularmente en la Ciudad de México...Después del tercer día consecutivo con más de 400 muertes por Covid en el país y de que este fin de semana pasaremos de los 7 mil decesos por la pandemia, el subsecretario Hugo López Gatell respondió ayer en su conferencia diaria a una petición que le hicieron en las redes sociales para que, en vez de sus largos monólogos y alocuciones de todos los días ante los reporteros que acuden a su show —perdón, a su conferencia nocturna—, invitara un día a científicos mexicanos a una sesión en la que les responda a sus dudas y cuestionamientos sobre sus cifras, estadísticas y su manejo epidemiológico en esta pademia. “Muchas gracias por la propuesta, pensaremos en el formato adecuado para responder las dudas de la comunidad científica de México”, respondió Gatell en Twitter. Y ayer mismo, el exministro de la Corte, José Ramón Cossío, le replicó en esa misma red social: “Pues es muy simple armar un seminario. No veo la dificultad y sí mucho la necesidad de abrir los datos y la discusión pública. Se invita a expertos en las áreas correspondientes, la autoridad expone su modelo y se inicia el debate. Nada fuera de lo que es lo común en estos casos”. ¿Tendrá el valor el doctor superestrella del momento o le vale?...Los dados mandan Escalera doble. Buena semana y subimos.
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