Cuestionado fuertemente por senadores de oposición, que le preguntaron por qué el gobierno se niega a convocar al Consejo de Salubridad General y por qué no declaran de una vez emergencia nacional y suspensión de actividades y reuniones en todo el país, el subsecretario Hugo López-Gatell , coordinador Nacional contra el Covid-19 , respondió una y otra vez a los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado que “de nada sirve” suspender desde ahora la actividad económica o las sesiones parlamentarias, que se hará hasta dentro de dos semanas cuando empezará la Fase 2 de contagios del coronavirus y se declarará emergencia nacional, la cual tendrá su punto más alto el 15 de abril y durará entre 12 y 20 semanas, es decir entre 3 y 5 meses.
López-Gatell
también les informó a los senadores que la estimación oficial es que el coronavirus lo contraerán 70% de los mexicanos (90 millones de personas) pero según las proyecciones basadas en lo ocurrido en la provincia de Hubei, China , solo 250 mil mexicanos desarrollarán la enfermedad de Covid-19 y de esos enfermos el 70% (175 mil 759 mil personas) buscarán atención médica; y de ese universo, el 80% sólo requeriría tratamiento ambulatorio, sin hospitalización, mientras que el 20% restante de enfermos sí requerirían hospitalización, el 14% de ellos no ingresarían a terapia intensiva, y el 6%, que serían 10,528 personas, sí requerirían terapia intensiva y serían los casos más graves. Y el dato más fuerte que ayer les dio el subsecretario de Salud a los senadores de todos los partidos, durante su comparecencia de varias horas, fue que la tasa de letalidad o mortalidad que el gobierno federal está esperando por el coronavirus en esta pandemia: 2.5% de los pacientes enfermos, lo que significaría cerca de 4 mil muertos por coronavirus.
En una reunión de más de 4 horas con los coordinadores de los ocho bancadas en el Senado de la República, encabezados por el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, el subsecretario designado coordinador nacional para el tema del Covid-19 fue torpedeado por cuestionamientos y preguntas de la oposición y defendido por la mayoría morenista. En lo que fue calificado por algunos senadores presentes como “una de la comparecencias más violentas” de servidores públicos, todas las bancadas de oposición y hasta aliados de la 4T como PT, PES y PVEM se unieron para pedir una “declaratoria de emergencia nacional” y la suspensión total de actividades, entre ellas las sesiones en la Cámara alta, pero López-Gatell “se montó en su macho”, e insistió una y otra vez que “no serviría de nada” suspender actividades en este momento. Morena, en la persona de Ricardo Monreal, se opuso a la suspensión de actividades y a la declaración de una emergencia.
Dante Delgado fue uno de los senadores más críticos. Cuestionó al subsecretario “por venir a hablarnos de todo, de economía, de política, menos de salud”. Los senadores le dijeron a Hugo López-Gatell que hablara con el presidente para que cancele sus giras y actos masivos por el riesgo de contagio que significa para él y para las personas. Susana Harp, senadora de Morena, de plano le rogó: “Dígale al presidente que por favor, que no vaya a Oaxaca este fin de semana, que lo queremos mucho, pero que nosotros no tenemos cómo enfrentar este problema”. Pero otros senadores de oposición fueron más rudos y de plano pidieron al funcionario “que el presidente no sea irresponsable ni incongruente”.
Morena, en la persona de Ricardo Monreal, se opuso a la suspensión de actividades y a la declaración de una emergencia, a pesar de que los coordinadores de las otras bancadas, incluidos los partidos aliados de López Obrador, insistían en que la prioridad era que el gobierno federal le diera a la pandemia la gravedad que sí le están dando otros países.
Uno de los momentos incómodos fue cuando la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, le preguntó a López-Gatell “¿por qué la resistencia a convocar al Consejo de Salubridad General si hay un mandato de ley que incluso es constitucional?” y le mencionó la importancia de contar con más expertos para tomar decisiones y medidas como el secretario de Hacienda, el de Economía o incluso al secretario de Salud, de quien la senadora dijo “en lo personal me parece penosísimo su papel sentado en una silla y volteando a esucharlo todo el tiempo, para un país, para la ciudadanía ese es un mensaje patético”. Vázquez Mota le dijo al subsecretario que él no podía asumir todo solo y que “cada quien está haciendo lo que se le ocurre” para enfrentar la pandemia.
Otros senadores de oposición le pusieron de ejemplo lo ocurrido en España donde hace apenas dos semanas, el 28 de febrero, estaban en la misma situación que México hoy, pero se negaron a suspender actividades y tomar medidas de emergencia, y hoy tienen un brote fuera de control de los más graves del mundo. Pero a pesar de todos los comentarios, preguntas y cuestionamientos, el subsecretario nunca se movió de su postura: “el problema más grave llegará en dos semanas, hasta entonces estaremos en emergencia”, dijo un inamovible López-Gatell.
NOTAS INDISCRETAS…
Con la suspensión total de actividades por un mes, del 18 de marzo al 19 de abri, en la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación anunciada ayer por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, uno de los muchos temas cuyo análisis y discusión se pospone en la Corte son las controversias y acciones de constitucionalidad contra la reforma electoral de Baja California que amplió a 5 años el periodo de la gubernartura. La historia completa de esa reforma, conocida como la “Ley Bonilla” se ha distorsionado en medio de la polémica y la confrontación política. En realidad el cambio legal comenzó con la Reforma Electoral federal de 2007 cuando se ordenó empatar las elecciones locales con las federales. 20 estados de la República tenían que igualar las gubernaturas en un periodo lo más cercano a 6 años, pero en 2014, fuera de toda lógica el Congreso de Baja California estableció un periodo de 1 año 7 meses para el siguiente gobernador, en una votación que incluso fue cuestionada en su legalidad porque se acusó falta de mayoría de los diputados y de los ayuntamientos del estado. Desde entonces, juristas y ciudadanos de Baja California interpusieron recursos contra la reducción del periodo de gobierno por considerarlo ilegal. Derivado de esos recuros, el Tribunal Electoral del Estado de Baja California dejó sin efecto dicha reforma, y el periodo volvió a ser de casi 6 años, siendo con este periodo bajo el que se registraron legalmente los candidatos para la elección de 2019, aunque ya estaban interpuestas controversias e impugnaciones a nivel federal. En julio de 2019, el Congreso Local integrado en su mayoría por diputados panistas, aceptó la ilegalidad del periodo de 1.7 años, porque no había perdido la votación de los ayuntamientos, dejando nuevamente el periodo original de 6 años. Sin embargo, para obedecer la reforma electoral del 2007, hubo una siguiente votación ahora para reducir el periodo de gobierno a 4 años 7 meses, siendo esta una reforma legal aprobada por el Congreso local y 3 de los 5 municipios de la entidad, que es la vigente actualmente, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia no falle en sentido contrario. Por lo pronto, a reserva de lo que determinen los ministros, una vez que reanunden actividades el 19 de abril, el actual gobernador de Baja California alcanzó más de 800 mil votos en la elección, tan solo 100 mil votos menos de los que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Morena en la elección presidencial de 2019. Y mientras esperan definiciones de la Corte, en el círculo cercano de Jaime Bonilla, aseguran que en estos cuatro meses de gobierno e independientemente de si su gobierno va a durar 2 o cinco años, su nivel de aprobación se mantienen en 68% ¿Será?...Los dados se agitan. Capicúa. Repetimos el tiro.
