Si el presidente Andrés Manuel López Obrador alguna vez creyó que su gobierno realmente iba a llegar a la “verdad y la justicia” en el caso Ayotzinapa , está muy claro que fracasó. Porque justo hoy, cuando se cumplen ocho años de la dramática desaparición de los 43 normalistas y luego de las nuevas investigaciones encabezadas por este gobierno, que se propusieron sepultar a la “ verdad histórica ”, lejos de construir una nueva narrativa sólida y coherente de lo que pasó aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 o de determinar cuál fue el paradero final de los cuerpos de los estudiantes y castigar a todas las autoridades y criminales responsables de este caso emblemático, lo único que han logrado hasta ahora es encender de nueva cuenta la mecha de un caso explosivo que vuelve a estallar ocho años después.

Lo único que ha logrado hasta el momento el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia , que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas , es un ambiente totalmente agitado y violento, con los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los desaparecidos atacando, como nunca se había visto, instalaciones militares estratégicas e instituciones civiles; una nueva y horripilante narrativa sobre cómo fue que desaparecieron los cuerpos de los normalistas, que ni siquiera fue contada oficialmente por el gobierno, sino difundida a través de filtraciones periodísticas ; y un gobierno federal dividido y confrontado entre los militares enojados que se resisten a ser enjuiciados y acusados por su participación directa en la desaparición de los normalistas y las áreas civiles que los acusan sin pruebas contundentes y con base en conversaciones y mensajes telefónicos de presuntos criminales.

Lo que sucederá hoy en las calles de la Ciudad de México, con los padres de los normalistas y los grupos de estudiantes encapuchados y enardecidos que rechazan también la nueva versión oficial del gobierno de López Obrador y que además tienen patente de corso e impunidad para manifestarse de la manera más violenta contra las instituciones, es el mejor termómetro para medir de qué tamaño es el fracaso del presidente y su encargado del caso Ayotzinapa en cumplir su promesa de llegar a la “verdad y la justicia” en el enredado, turbio y manipulado caso de la desaparición de los normalistas.

Y mientras los padres de los jóvenes desaparecidos y sus grupos de choque incendian las calles de la Ciudad de México, dentro del gobierno la fractura que provocó el Informe Encinas ya es inocultable. El fin de semana se confirmó lo que aquí le anticipamos desde hace varios días: que la molestia y enojo de las cúpulas militares contra el trabajo del subsecretario Alejandro Encinas estaba provocando presiones a la Fiscalía General de la República para que cancelara las órdenes de aprehensión emitidas contra 20 integrantes del Ejército, entre ellos dos generales de la cúpula, como son Alejandro Saavedra Hernández , el excomandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo y el general José Rodríguez Pérez , jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando sucedieron los hechos.

El sábado pasado la revista Proceso confirmó en su edición la cancelación de 21 órdenes de aprehensión a solicitud de la Fiscalía General de la República, que otorgó el juez federal Enrique Beltrán Santés , del Juzgado de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, quien prácticamente exoneró al coronel Rafael Hernández Nieto, jefe del Batallón de Infantería 41 y coordinador del programa Guerrero Seguro, además de 12 soldados de tropa que acompañaban al capitán José Martínez Crespo en los patrullajes nocturnos del 26 de septiembre de 2014 y que habrían amenazado a estudiantes normalistas que se refugiaron en el Hospital Cristina, además de tres militares adscritos al C-4 en aquella fecha: el teniente Joel Gálvez Santos, Ezequiel Carrera Rifas y Felipe González Cano.

La cancelación de órdenes de aprehensión que solicitó la FGR y que deja sin responsabilidad a personajes que habían sido acusados por la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que encabeza Omar Gómez Trejo, también incluyó al exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera y a la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero Lambertina Galeana Martín, entre otros ex funcionarios civiles que también fueron exonerados.

Pero a esa acción de la FGR se sumó la filtración del Informe que dio Alejandro Encinas que apareció publicado en la columna de la periodista Peniley Ramírez y en la que se revelan partes que habían sido testadas o suprimidas en la versión que se hizo pública. Esas partes, basadas en mensajes de texto y comunicaciones telefónicas entre autoridades, sicarios y secuestradores que participaron en la desaparición de los normalistas, revela que los cuerpos de los normalistas asesinados no habrían sido quemados después de asesinarlos, como siempre sostuvo la verdad histórica de Murillo Karam , sino que a los estudiantes los habrían matado de 10 en 10, al menos cuatro células distintas de los Guerreros Unidos, que una vez muertos los habrían descuartizado o disuelto en ácido y que sus restos habrían sido enterrados en distintos lugares o arrojados a cauces de agua.

La filtración, que se inscribe en la pugna que existe entre Alejandro Encinas, el Ejército mexicano y la Fiscalía General de la República, con motivo de estas investigaciones y de las acusaciones a militares, agrega un dato que golpea fuertemente a la Secretaría de la Defensa, al decir, según las conversaciones de mensajería que aparecen en el documento oficial, que al menos cinco cuerpos de estudiantes que no pudieron ser disueltos en ácido, fueron llevados a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería , con el conocimiento del general Rodríguez Pérez y del alcalde de Iguala, José Luis Abarca , para que ahí los enterraran o desaparecieran.

Y, ¿entonces? ¿Siempre tuvieron razón los padres de los normalistas y sus abogados y activistas cuando afirmaban que en las instalaciones militares de Iguala habían desaparecido cuerpos de los normalistas? Esa filtración, que de seguro ya conocían los padres de los estudiantes, explicaría la violencia y los ataques que durante toda la semana pasada se perpetraron contra instalaciones militares, incluido el Campo Militar No. 1 que de manera inédita fue atacado y vulnerado por los estudiantes de Ayotzinapa. Y la duda que ahora surge es ¿qué va a hacer el presidente López Obrador con las acusaciones contra el Ejército, más allá de que ya exoneraron a 16 de los 21 acusados por el Informe de Encinas? ¿Cómo va a explicar ahora su defensa a ultranza de que los militares sigan en las calles, en la seguridad y cada vez manejando más áreas y presupuestos del gobierno civil? Y ¿cómo va a evitar que la ira que hoy tienen los generales del Ejército por las acusaciones en su contra no le provoquen un rompimiento mayor en su gobierno al que ya afloró este fin de semana?

Por eso decimos que, a ocho años que se conmemoran hoy, Ayotzinapa y sus 43 normalistas secuestrados, asesinados y desaparecidos a manos de las autoridades municipales y estatales de Iguala y de Guerrero, en colusión con el crimen organizado, está más enredado y complicado que nunca. Se asoman muchas cosas en esta conmemoración, pero no necesariamente la verdad y la justicia.