Cinco años se cumplen hoy de uno de los casos judiciales más complejos, viralizados, politizados y emblemáticos de la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace 13 años. El secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no sólo evidenció en su momento la gravedad de la podredumbre, descomposición y colusión entre gobiernos y el crimen organizado, sino que se convirtió en la pesadilla de dolor para decenas de padres que desde entonces claman —igual que otros muchos miles de padres de familias mexicanas— por conocer el cruel destino y el paradero de sus hijos, y representó también, políticamente, el principio del fin del gobierno y la figura del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Aquella noche triste de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, las balas disparadas por los policías locales que detuvieron los camiones donde viajaban los estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”, no sólo rompieron vidrios, metales y huesos; también hicieron añicos la imagen del “Salvador de México”, Peña Nieto, que apenas seis meses antes aparecía en la portada la revista estadunidense Time, con una foto de cuerpo entero del presidente de México. Las imágenes de jóvenes golpeados, heridos, sometidos y apilados en camionetas, que entregados por las autoridades que debían protegerlos a los sicarios de Guerreros Unidos —ante la mirada pasiva y complaciente de militares del Ejército mexicano— combinadas con la indolencia y la torpeza de un gobierno federal que confundió y trató el tema como “un asunto local”, fueron el comienzo de una avalancha política que terminaría arrasando, literalmente, a la administración peñanietista.
A partir de ahí no habría paz ni descanso para el presidente —que dejó pasar 10 días antes de dar la orden de que la PGR atrajera las investigaciones de los 43 normalistas desaparecidos— ni para el país, que vería a partir de los sucesos de Iguala escalar cada vez más la descomposición social y política, junto con una violencia que todavía hoy, con todo y la “Cuarta Transformación” no se detiene y no deja de sorprendernos cada día con sus niveles cada vez más ascendentes de muerte y de crueldad. En los discursos políticos se dijo entonces que “nunca más otra noche como la de Iguala”, pero en la realidad, en el primer lustro transcurrido, hemos perdido la cuenta ya de cuántas “noches de Iguala” más hemos tenido y, a juzgar por lo ocurrido en estos ya 10 meses del nuevo gobierno, cuántas más nos faltan aún por vivir.
Cinco años después, con casi la mitad de los presuntos asesinos materiales acusados y procesados puestos ahora en libertad por jueces extremadamente garantistas, seguimos sin saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales de esta masacre. Y seguimos haciéndonos casi las mismas preguntas de hace cinco años: ¿Quién dio la orden de detener, levantar, secuestrar y asesinar a los estudiantes?, ¿Quién es el Patrón al que tanto se refieren en las comunicaciones telefónicas grabadas y transcritas de aquella noche? ¿Qué relación tiene en todo esto el apellido Figueroa, de los caciques históricos de esa región de Guerrero? ¿Cuál fue el motivo real por el que decidieron masacrar y desaparecer a los 43 normalistas? ¿Dónde terminaron sus restos? ¿Qué papel jugó en todo esto el tráfico de goma de opio y heroína desde el sur mexicano a los Estados Unidos? ¿Por qué el Ejército no actúo en defensa de los jóvenes atacados, a pesar de que presenciaron cómo eran perseguidos y heridos varios de ellos? ¿La Policía Federal por qué no actuó al conocer del secuestro masivo? ¿Cuántos de ellos fueron quemados realmente en Cocula y cuántos asesinados en otros lugares?
Hoy, a pesar de la clara voluntad política que tienen el gobierno de López Obrador y de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, va a ser muy difícil que reinicien las investigaciones desde cero. Lo quieran o no, los investigadores de la FGR tendrán que partir de la cuestionada y rechazada “verdad histórica” y retomar las partes que sirven de las indagatorias realizadas por la antigua PGR, al tiempo de “limpiar” y desechar todo lo que se hizo mal o se obtuvo a través de métodos ilegales, como la tortura, hoy exhibida por los jueces.
Si se quiere llegar al fondo de este caso, tendrán que empezar por ser realistas con los padres de los normalistas y, sin negarles el derecho a la esperanza, demostrarles de manera fehaciente cómo fue que sus hijos fueron asesinados y sus restos desaparecidos o escondidos en distintos puntos de la región de Iguala. Lo peor que podría hacer el gobierno lopezobradorista y el fiscal Gertz es alimentar “falsas esperanzas” y expectativas irrealizables para los doloridos padres y para toda una sociedad. Llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa es un imperativo primero legal y luego moral. Y para hacerlo tendrían que empezar por entender que los que antes fueron activistas y políticos que alimentaron la incredulidad e hicieron de este caso una gran y lucrativa bandera política no sólo nacional sino internacional, hoy son gobierno, y a ellos, y a nadie más, les corresponde concluir lo más pronto posible esta investigación para cerrar una herida que lleva cinco años abierta y supurando.
NOTAS INDISCRETAS… A los que asistieron al segundo Informe de Gobierno del gobernador Alfredo del Mazo, más allá de las cifras y datos que expuso el mandatario y de su reconocimiento de que “nos falta mucho por hacer en seguridad”, les llamó la atención que en su discurso, donde dedicó saludos a algunos de los personajes e invitados que le acompañaban, nunca mencionó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Pudo ser un descuido o un olvido no intencionado, pero lo más extraño es que mientras se le pasaba mencionar la asistencia del líder de su partido, a otros invitados especiales, como Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, y a su vecina, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, les dedicó no sólo menciones por su nombre, sino elogiosos comentarios, con lo que el gobernador Del Mazo confirmó la cercanía que mantiene con la 4T. ¿Será que así como está cerca del gobierno federal, también está lejos de su partido o al menos de su dirigente nacional? Es pregunta…Hablando de informes y de gobernadores, el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que ayer rindió su tercer Informe de Gobierno, la agarró al vuelo al referirse a la petición de desaparición de poderes que interpuso en su contra la bancada de Morena en el Senado: “Tamaulipas no es moneda de cambio. Con Tamaulipas no se juega”, esto por que los morenistas utilizaron la amenaza de su destitución y la de su compañero de partido, el guanajuatense Diego Sinhué, para responder a la petición que hizo el PAN para destituir al morenista de Veracruz, Cuitláhuac García. Lo dicho, los gobernadores están siendo utilizados como peones y fichas de cambio en la disputa adelantada por el 2021…Los dados mandan doble serpiente. Descendemos.
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