Como si no bastaran las acciones de violencia y ataques de estudiantes normalistas en contra de instalaciones militares, primero en Guerrero y ayer en el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México —la instalación más importante y emblemática del Ejército mexicano, donde los jóvenes encapuchados destruyeron los accesos, pintarrajearon y tiraron letreros y lograron ingresar varios metros adentro del territorio castrense— las 20 órdenes de aprehensión giradas en contra de altos mandos y tropa militar, por el caso Ayotzinapa, han provocado la ira de las cúpulas en la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del subsecretario Alejandro Encinas.
Tanto en la oficina del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, como entre los generales del Ejército, están inconformes y molestos por la forma en el que el encargado de la Comisión para la Verdad y la Justicia ha manejado las nuevas investigaciones y ha presionado a la Fiscalía General de la República para que acusara y solicitara a los jueces la detención de elementos castrenses por su supuesta participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014, además de imputarles delitos como el de delincuencia organizada por presuntos vínculos con grupos criminales, sin tener “pruebas sólidas” y basado en “testimonios y afirmaciones de oídas de supuestos testigos”, dicen en la Defensa.
Fue tanta la molestia por las acusaciones, que consideran injustas, que desde la Sedena hubo presión para que las órdenes de aprehensión no fueran solicitadas por la Fiscalía o que se desistieran de las acusaciones, algo que no pudieron evitar porque el pasado 19 de agosto el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México otorgó las 85 órdenes, entre las que se encontraban las de los 20 elementos castrenses que fueron incluidos por la Comisión encabezada por Alejandro Encinas entre los acusados. El propio general Cresencio Sandoval llegó a plantearle el tema a López Obrador y a externarle al presidente su inconformidad por la forma de actuar de Encinas en contra del Ejército.
Y es que, si bien la inconformidad en el Ejército fue por los 20 acusados militares, hay uno que, particularmente, le ha afectado al secretario, por ser un amigo y compañero e incluso uno de sus mentores en su carrera militar. El general Alejandro Saavedra Hernández, a quien se acusa de haber sido informado la noche del 26 de septiembre de 2014 del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa por el gobernador Ángel Aguirre Rivero y de no haber actuado a pesar de presuntamente haber tenido acceso a los videos del C4, era parte del grupo cercano del entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, al que también perteneció Cresencio Sandoval. Era tal su cercanía que el nombre de Saavedra, ya para entonces general de División, encabezaba la lista de cinco candidatos que Cienfuegos le presentó al presidente López Obrador, en octubre de 2018, para que lo designara a su secretario de la Defensa Nacional.
Pero López Obrador prácticamente desechó la lista propuesta por Cienfuegos y sorpresivamente decidió que el general Luis Cresencio Sandoval, que no figuraba en dicha lista, sería su titular de la Defensa. Después del 1 de diciembre de 2018, ya como secretario, Cresencio le propuso al presidente que el general Alejandro Saavedra fuera nombrado como su Oficial Mayor de la Sedena, pero el mandatario le negó el nombramiento; semanas después lo propuso para ocupar otro cargo importante, pero también se lo volvió a rechazar. Fueron al menos 5 intentos del secretario de la Defensa para que le autorizara un cargo para su amigo el general Saavedra y todos los rechazó el presidente, hasta que finalmente aceptó nombrarlo como titular del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISSFAM, considerado un cargo menor dentro del Ejército, el cual ocupó hasta marzo de 2021.
Hoy que hay una orden de aprehensión en contra del general de División, el cargo de más alto rango en los grados militares, se desconoce el paradero de Alejandro Hernández Saavedra. Pero lo que sí es sabido dentro del gabinete lopezobradorista, es la fuerte molestia que existe desde las cúpulas de la Sedena hacia la actuación del subsecretario Alejandro Encinas, a quien culpan de una “campaña de desprestigio y ataque al Ejército” por las acusaciones que emitió contra los mandos y tropa castrense.
A los choques internos en el equipo del presidente por el caso Ayotzinapa, se suma la violenta “jornada de protestas” que emprendieron desde el pasado 13 de septiembre los normalistas de la Normal Isidro Burgos quienes, junto con algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos, han estado haciendo manifestaciones que comenzaron en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, continuaron en los ataques a los accesos del 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego se trasladaron esta semana a la Ciudad de México, donde lo mismo vandalizaron la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la Embajada de Israel en México, pidiendo la extradición de Tomás Zerón, que atacaron las oficinas de la Fiscalía General de la República con piedras y cohetones el pasado jueves, dejando un saldo de cinco policías antimotines de la CDMX heridos.
Pero ayer, las imágenes que se vieron en el Campo Militar No. 1, la instalación más emblemática del Ejército mexicano —aunque también la que tiene más historias negras por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones entre el movimiento del 68 y la Guerra Sucia de los años 70— fueron inéditas: el grupo de estudiantes de Guerrero, varios de ellos encapuchados o con el rostro cubierto, atacaron y vencieron los accesos principales del edificio militar, disparando cohetones caseros y lanzando piedras a un grupo de soldados de la Policía Militar que se apertrechó para impedirles el ingreso al campo.
Aun así, los normalistas lograron tirar al menos dos rejas e ingresaron unos 30 metros adentro del territorio castrense, tiraron los letreros del Ejército, brincaron las bardas y dejaron pintas y consignas. Hubo un momento de máxima tensión, cuando los estudiantes avanzaban hacia adentro del campo y los militares les flanqueaban el paso, en que estuvo a punto de producirse un enfrentamiento, pero los jóvenes se empezaron a replegar y a retirar, después de haber lanzado varios cohetones y pedradas que rompieron los escudos militares, y una vez que huyeron sobre la lateral del Periférico, los soldados avanzaron con una tanqueta lanzando disparos de agua que solo mojaron a los reporteros que permanecían en el lugar, mientras el grupo de policías militares llegaba hasta las rejas derribadas.
Ayer el presidente López Obrador dijo que no está de acuerdo con las “formas violentas” en las que protestan los normalistas de Ayotzinapa y hasta sugirió que pudieron ser infiltrados “por intereses de conservadores”, mientras que el subsecretario Encinas aseguraba que en el grupo que ha causado destrozos y que ha atacado a instalaciones militares y civiles, dejando incluso policías heridos, “no están los padres de los 43 normalistas”. Lo cierto es que, a unas horas de que se conmemoren los 8 años de la tragedia de Ayotzinapa, el ambiente está cada vez más caliente, los padres de los normalistas siguen sin convalidar ni aceptar del todo el informe con las nuevas investigaciones y los militares, que tanto poder acumulan hoy en el gobierno, están molestos por las acusaciones penales en su contra. ¿Qué podría salir mal el próximo lunes 26 de septiembre?
NOTAS INDISCRETAS… Van dos días consecutivos en los que el presidente López Obrador habla del fracaso de la iniciativa de reforma al Quinto Transitorio constitucional en el Senado, primero el jueves y ayer viernes en sus conferencias mañaneras, y en las dos ocasiones afloró el enojo y empacho que trae el mandatario ante la imposibilidad de Morena y sus aliados de haber sacado la iniciativa que alargará la presencia del Ejército en la seguridad y las calles hasta 2028. Anda tan enojado con ese tema el presidente que primero exhibió la lista de los senadores de oposición que rechazaron la propuesta y luego enderezó sendos ataques verbales contra senadores como el independiente Emilio Álvarez Icaza a quien atacó con adjetivos como “falsario” y el coordinador priista del Senado, Miguel Osorio Chong, a quién se refirió como “Chong” y lo llamó “junto a todos los panistas de lo más retrógrada y autoritario que pueda haber, como buenos conservadores”. Y en medio de su entripado, a López Obrador se le escapó el lunes una confesión sobre la paternidad de esta reforma constitucional cuando dijo que “pasado un tiempo la voy a volver a mandar y le seguiré presentando porque es mi facultad como presidente el enviar iniciativas”. Y ahí, el presidente desnudó todo el acuerdo de impunidad y la negociación política que su gobierno hizo con Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira, porque según ellos habían sido los priistas los autores de esta propuesta. Fue tan sincera y tan inesperada la revelación de López Obrador que el mismo día que reconoció que él había enviado esa reforma al 5to. Transitorio al Congreso, en la Cámara de Diputados se presentó la solicitud de licencia indefinida al cargo de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, a la que hicieron aparecer como autora de la reforma y que ella misma salió a decirnos en una entrevista radiofónica que ella la había redactado, que no se la habían dado ni pedido nadie. “Oiga Salvador, si yo no tengo marido nomás para que nadie me mande, como iba a aceptar que me mandaran a presentar algo que yo no hice”, nos dijo la ahora diputada con licencia en entrevista el pasado 13 de septiembre en El Heraldo Radio. Es lo malo de hacer tanto coraje, que luego uno termina soltando la sopa como le pasó al presidente. Por cierto, que ha sido tanto el enojo del inquilino de Palacio que ahora propone una “consulta popular” sobre el tema de la militarización, pero no quiere que la haga el INE sino Gobernación. No, pues ya entrados en gastos, mejor que le encargue su consulta patito a su querido Manuel Bartlett, así garantiza que los resultados le salgan completamente a modo… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana de temblores, sustos y tensiones.
