Las controversiales declaraciones del Presidente, sobre las garantías y “cuidados” que su gobierno ofrece a los integrantes de las bandas criminales y del narcotráfico , se prestan a toda clase de interpretaciones y reacciones: desde la rabia de quienes se indignan porque el Presidente ya perdió la noción y proporción de su papel como Jefe de Estado y garante del orden y la legalidad; los que ven su absurda defensa de derechos de los delincuentes como un acto de provocación para polarizar y contrastar su doctrina garantista y pacifista con el belicismo y el clamor de sangre de sus adversarios “conservadores”; hasta los que de plano empiezan a sospechar que López Obrador protege y cobija a los narcotraficantes porque tiene con ellos pactos económicos y de impunidad.
Cualquiera de las tres lecturas puede tener algo de razón. Porque a estas alturas está más que claro que la política criminal y de seguridad de este gobierno ha sido totalmente fallida. Muy lejos del discurso de “pacificación” y de “inteligencia”, no hay un solo indicador medible que sostenga que la violencia del narcotráfico ha disminuido en este gobierno; los 120 mil homicidios dolosos que se acaban de cumplir en los tres años y medio de esta administración son el parámetro más claro y con reconocimiento internacional para saber que, más allá de la demagogia de los “abrazos, no balazos”, o de las reuniones tempraneras de todos los días del gabinete de seguridad en Palacio Nacional, el crimen organizado no ha retrocedido ni un ápice en este gobierno.
Por el contrario, las “bandas” del narco, como las llama el Presidente, se han empoderado, dominan y controla cada vez más territorios y actúan a sus anchas extorsionando a comerciantes, empresarios, agricultores y a todo aquel que tenga cualquier tipo de negocio; matan, secuestran, levantan y violan a jovencitas, mientras a los jóvenes varones les aplican la leva para obligarlos a trabajar con ellos, siembran el terror entre la población civil e imponen sus leyes, ya sea a través de sus grupos de sicarios armados, a veces disfrazados de “policías comunitarias” o “autodefensas”. Y como ni el Ejército Mexicano, ni la Marina Armada de México, ni la Guardia Nacional los enfrentan, porque tienen órdenes expresas de su comandante supremo de “primero cuidarse ellos y después cuidar a los criminales”, el narco vive en este gobierno una época de jauja, bonanza y total impunidad para producir, vender internamente y exportar toda clase de drogas naturales y sintéticas.
No hay detenciones importantes, no hay búsquedas ni persecución de capos o jefes de plaza que generan violencia y muy poco se informa de decomisos de drogas o destrucción de narcolaboratorios. Y eso puede explicarse de dos maneras: o por lo que confirma el propio Presidente, de que la suya es una política garantista que no quiere muertos y prefiere rehuir la confrontación con el crimen para evitar “baños de sangre”, mientras se cuida tanto la integridad de los militares como de los criminales; o porque de plano al más alto nivel de esta administración se ha decidido que los narcos son aliados, no enemigos del proyecto político gobernante.
Porque aun cuando López Obrador intente provocar al avispero con su defensa de los delincuentes y abra un debate que en otras partes del mundo ya está totalmente superado, sobre las garantías y los derechos de los que infringen la ley, lo que no cuadra es que al jefe del Estado mexicano le preocupen y le ocupen los derechos de criminales en flagrancia, que van armados, matando, secuestrando y extorsionando, pero no le preocupen ni los mencione, el derecho primordial a la seguridad y a la defensa de la vida y el patrimonio de los ciudadanos civiles que, con las declaraciones del Presidente, quedan en la total indefensión frente a ejércitos de sicarios y narcotraficantes armados, despiadados y sin escrúpulos que se saben protegidos por el gobierno.
¿Por qué no habla, por ejemplo, el Presidente de los derechos que también tenían los 120 mil muertos por homicidio doloso en su gobierno, muchos de ellos civiles inocentes, otros jóvenes enganchados y encandilados por el dinero del narco ?, o ¿por qué se ha negado a reconocer la gravedad de los feminicidios que también se dispararon en su gobierno en razón de 11 mujeres asesinadas diariamente, o de las desapariciones que ya se cuentan en 100 mil y que también han seguido creciendo en sus tres años de mandato?
En su argumentación sobre su forma de pensar y de concebir la estrategia de seguridad, el Presidente sólo habla de “cuidar a las fuerzas armadas y también cuidar a los integrantes de las bandas (criminales y narcos) porque son seres humanos”. ¿Y al resto de los ciudadanos que están viviendo aterrorizados, desplazados de sus comunidades, con hijos o familiares secuestrados o desaparecidos, que ven todos los días asesinatos, tiroteos y violencia en su entorno cercano, a esos no les dice nada ni le preocupan sus derechos al Presidente que debiera velar por su seguridad e integridad?
Se puede discutir y debatir si el Ejército y las fuerzas militares y civiles que están desplegadas en el territorio para dar seguridad a los ciudadanos, deben usar toda la fuerza que poseen legítimamente para cumplir su labor; se puede apelar a la gradualidad en el uso de la fuerza y decir que, a diferencia del pasado (léase Calderón y Peña Nieto ) “en este gobierno no hay ejecuciones extrajudiciales ni se mata a quienes infringen la ley”; pero lo que no se puede aceptar ni tolerar, es a un gobernante que en aras de diferenciarse de sus antecesores, de venderse como “pacificador” y de decir que no usa la fuerza o “el fuego para combatir al fuego” renuncie a su obligación primordial y primaria como jefe de un Estado: administrar y utilizar el monopolio de la fuerza y la violencia para garantizar un Estado de Derecho y un sistema de justicia en el que quien delinque y viola la ley, pague las consecuencias, mientras que las víctimas reciban justicia.
Eso último no lo está logrando López Obrador y su fallida estrategia de seguridad. Ni ha pacificado al país, ni ha frenado la producción y tráfico de drogas, ni ha evitado la creación de un Estado paralelo en el que las organizaciones criminales lo mismo imponen su ley, cobran sus impuestos y hasta administran su propio sistema de justicia. Decir que no se va a combatir ni a confrontar a los criminales con la fuerza porque “se tienen que cuidar sus derechos porque son humanos”, mientras se abandona a su suerte a la población civil indefensa frente a esos “humanos armados y despiadados”, equivale a declarar que, sin un Estado y una fuerza pública que nos defienda, hemos entrado en “la Ley del Talión” que supuestamente se quiere evitar. Y sin Estado de Derecho, ni autoridad que nos proteja, lo que queda es una jungla, un Estado ausente que está a poco de volverse un Estado fallido.
NOTAS INDISCRETAS…
La guerra electoral en Tamaulipas se sigue intensificando a 15 días de los comicios por la gubernatura. Ayer la Fiscalía de Justicia del estado detuvo y presentó a Nadia Virginia “G”, a quien se refirieron como “la secretaria” del empresario asesinado Sergio Carmona Angulo. A Nadia la detuvieron los agentes tamaulipecos con la colaboración del gobierno de Nuevo León y más que una secretaria, en realidad era la encargada de llevar la contabilidad de Carmona Angulo. Su detención se llevó a cabo el jueves y durante toda la noche y madrugada, la contadora del empresario huachicolero fue interrogada y videograbada por la Fiscalía de Tamaulipas en un interrogatorio que se llevó varias horas que quedaron perfectamente registradas en video. Según fuentes de la fiscalía tamaulipeca, Nadia reveló nombres, fechas y montos de las entregas de dinero en efectivo que Sergio Carmona hacía a personajes destacados y candidatos de Morena. Dio detalles y explicó con pelos y señales cómo, cuándo y cuánto dinero recibieron desde los líderes nacionales del partido gobernante, hasta diputados federales por Tamaulipas y también candidatos de ese partido, a quienes, dijo, se les daba “entregas semanales” de dinero. Todo ese material en video, anuncia que la guerra sucia y electoral se recrudecerá y que saldrán muchas imágenes en los próximos días apuntando a Morena y a sus dirigentes y candidatos con el objetivo claro de reducir la ventaja amplia que hoy lleva el candidato a la gubernatura, Américo Villarreal. Como dicen en estos casos, saquen los paraguas porque va a llover y no precisamente agua…Y mientras tanto en Durango, se espera un auténtico final de fotografía para la elección de gobernador y alcalde de la capital el próximo 5 de junio. Tan es así que para allá se desplaza la plana mayor de los partidos al reforzamiento de las campañas. El jueves llegó al estado, Mario Delgado, mandamás de Morena, en apoyo de su candidata Marina Vitela. Ayer viernes arribó Alejandro Moreno, en refuerzo de Esteban Villegas. Y por parte del PAN se encuentra en Durango, Juan Carlos Romero Hicks, a quien consideran importante refuerzo para Villegas en la Alianza Va por Durango. Panistas y priistas se perciben entusiasmados por el resultado de prácticamente todas las encuestas que les dan ventaja y les daría el triunfo en una segunda entidad de las seis en disputa. La competencia es palmo a palmo. Se vale apostar…Los dados cierran con Doble Escalera. Se compuso la semana.
