Al paso que va, la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador le va a dejar como herencia a los mexicanos una destrucción del sistema institucional en la administración pública, una presidencia tan omnímoda como la del pasado y sin suficientes contrapesos autónomos y constitucionales y algunas nuevas instituciones y dependencias hechas y nombradas más por caprichos ideológicos y políticos que con criterios de eficiencia, funcionalidad y atención de las necesidades más apremiantes de los mexicanos.
Porque hasta ahora en lo que se ha enfocado y especializado el presidente no es en ver cómo el gobierno y la administración pública pueden funcionar mejor y ser más eficientes, en como tener servicios de gobierno más ágiles y rápidos, en cómo mejorar la atención a los ciudadanos en la salud, la educación, el empleo, los trámites gubernamentales, el pago de impuestos o la inexistente seguridad pública y jurídica. Todo lo que ha hecho López Obrador es cuestionar y desmantelar, con el puro argumento de la austeridad, pero sin criterios de eficiencia y mucho menos sin estudios ni análisis técnicos, las instituciones y dependencias que había en el gobierno federal, algunas para desaparecerlas e integrarlas como áreas o apéndices de otras dependencias y las más para cambiarlas por otras que, con un nombre ideologizado afín a su 4T, no se vuelven necesariamente mejores ni más eficaces y en varios casos han llegado a generar un caos y empeorado los servicios que prestan a la ciudadanía.
Los ejemplos sobran y ahora que el presidente reunió ayer a su gabinete en Palacio Nacional para empezar a discutir cómo puede desaparecer dos organismos autónomos como el Inai y el Ifetel, bien vale la pena recordar y ejemplificar que hasta ahora la política de destrucción o “transformación” de dependencias e instituciones públicas no le ha servido a los mexicanos para tener mejor atención y servicios públicos y sólo ha funcionado como una forma de satisfacer un logro político e ideológico o de plano para inflar el ego presidencial.
La desaparición del Seguro Popular, por ejemplo, arrasado y desmantelado con un argumento de corrupción, que sin duda era válido, pero no justificaba eliminar totalmente las áreas que sí funcionaban en ese esquema de salud pública. Fue sustituido por un Instituto del Bienestar que, a la fecha, y en plena pandemia del Covid19, no ha demostrado ser ni más eficiente ni hacer honor a su nombre al haber afectado la mayoría de los servicios, tratamientos, hospitales, institutos y centros de Salud que dependen de su coordinación. La crisis de medicamentos y tratamientos para niños con cáncer es en gran parte atribuible a la inexperiencia y torpeza de quienes dirigen hoy el rimbombante instituto y lo más grave, su director, el antropólogo Juan Antonio Ferrer, permitió sin chistar que el Presidente dispusiera de más de 33 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos que pertenecía a ese Instituto para la atención de enfermedades crónicas y que ahora pasó a manos discrecionales de la Presidencia de la República.
Otro ejemplo incuestionable de esas “transformaciones” ordenadas desde Palacio y que han dado pésimos resultados es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que más allá del propagandístico nombre resultó ser peor que su antecesor. Sin duda el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes era una de las áreas más opacas y hasta oscuras, creadas por los gobiernos priistas y continuadas por los panistas de los últimos sexenios, donde se hacían transacciones y corrupción millonaria con la venta y subasta de bienes de propiedad federal decomisados al narco y a los evasores de impuestos, cuyos ingresos y montos nadie sabía bien en qué manos terminaban, lo que crearon para sustituir al SAE, el famoso INDEP, resultó igual o peor, pues a pesar de su nombre y en una paradoja casi cómica, se dedicó a robarse lo robado y fue descubierto realizando subastas amañadas, desmantelando joyas y bienes decomisados y haciendo tratos con empresarios a los que les vendían terrenos a precios de ganga, como ocurrió con los cerca de 8 mil metros cuadrados de una zona turística de Calkini, Campeche, que el exdirector del INDEP, Ricardo Rodríguez, le vendió a un empresario tabasqueño por sólo 8.9 millones de pesos.
La lista podría seguir con la CNDH, a la que el presidente López Obrador se empeñó en mandar a una amiga y seguidora suya como Rosario Piedra Ibarra que, con el aval de la mayoría de Morena en el Senado, llegó a desmantelar y casi invisibilizar a una de las más grandes instituciones autónomas creadas para la defensa de los derechos humanos y ciudadanos. Hoy, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha perdido relevancia y está casi ausente de todos los casos graves de violaciones que se comenten a diario en México, ya hay incluso una propuesta para “transformarla” en la Defensoría del Pueblo, en otro intento que antepone lo ideológico a la eficiencia y el servicio a los mexicanos.
Por eso ahora que López Obrador se ha propuesto continuar con su plan de desmantelamiento o “transformación” de instituciones y enfoca sus baterías a dos institutos autónomos fundamentales, como el Inai y el Ifetel, es necesario voltear a ver cuánto de lo que han desaparecido o cambiado en la 4T de la estructura institucional del país realmente ha sido para mejorar los servicios que prestan, los derechos que tutelan o los problemas que atienden de los mexicanos y cuántas de las nuevas dependencias o instituciones creadas o controladas por este gobierno sólo han empeorado la problemática que debían resolver. Dice la Biblia, a la que es tan afecto el presidente, que “por sus frutos los conoceréis”. Y hasta ahora los frutos que ha dado este gobierno no son mejores que los del pasado que tanto cuestiona. Hasta ahora la 4T y López Obrador destruyen instituciones y lo que crean en su lugar son bodrios que no sirven a los ciudadanos.
NOTAS INDISCRETAS…
Hablando de discursos sobre el pasado, la forma en que la directora del Metro, Florencia Serranía, trató de rehuir su responsabilidad en el terrible incendio que dejó fuera de circulación a 6 líneas del Metro no es sólo ofensiva sino penosa. Que la señora Serranía y en general la administración Sheinbaum intenten culpar del accidente “al sistema destruido que nos dejaron” en el Metro es casi como escupir para arriba porque resulta que las últimas 4 administraciones del Metro, desde 1997 a la fecha, fueron manejadas por gobiernos de izquierda, primero del PRD y ahora de Morena. Por eso cuando Florencia y Claudia dicen que les dejaron un “sistema destruido”, ¿están acusando al exjefe de Gobierno López Obrador? ¿al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas?, ¿al actual canciller de la 4T, Marcelo Ebrard? O ya de plano a Miguel Ángel Mancera y a Rosario Robles que, aunque ahora son sus enemigos, también gobernaron por el PRD, partido en el que militaron y pertenecieron las dos funcionarias, tanto Sheinbaum como Serranía. Y ¿entonces, se puede culpar al pasado de los errores y responsabilidades del presente? De que se puede, se puede, pero en una de esas el escupitajo que lanzamos nos cae en la cara… Los dados dictan otra Escalera. Buen tiro.
