El 10 de octubre 2009, cientos de militares disfrazados de Policía Federal, ocuparon las instalaciones de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y desalojaron a los trabajadores que se encontraban en los centros de trabajo. Al día siguiente, el ex-presidente Felipe Calderón publica el decreto de extinción de la empresa dando paso, de manera brutal, a la privatización de la industria eléctrica con el despido de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Ese mismo día inició una despiadada campaña en prensa, radio y televisión, haciendo responsables a los trabajadores del supuesto quebranto de la empresa. El 24 de noviembre del mismo año, en la Cámara de Diputados, los partidos PRI, PAN y PRD votaron en contra de admitir la controversia constitucional contra el decreto promovida por el SME. Mientras el 11 de diciembre el poder judicial, a través de la Juez Federal Guillermina Coutiño Mata, negaba el amparo solicitado por el sindicato contra la extinción de LyFC. Por otra parte, el gobierno ofreció a quienes aceptaran la liquidación un bono adicional, además de empleo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los primeros diez mil que se liquidaran, lo cual fue falso.
Toda esta ofensiva, más el verse literalmente sin nada y de un día para otro, tuvo por resultado que 28 mil trabajadores se liquidaran, sin que esto significara que estuvieran de acuerdo con lo que el gobierno hizo, ni que aceptaran indiferentes e indolentes la agresión al SME y su despido. Ahí quedó latente una cuenta por cobrar ante esa infamia.
Por otra parte, 16,599 electricistas no aceptaron liquidarse en las primeras etapas, y sostuvieron, hasta el 2016, una tenaz lucha con marchas, plantones, caravanas, brigadeos a otros sindicatos y universidades, etc. Una acción emblemática fue la huelga de hambre en el zócalo capitalino, en abril de 2010, que incorporó a un centenar de trabajadores, destacando de manera ejemplar el ingeniero Cayetano Cabrera que duró 90 días sin probar alimento y no aceptó el trabajo que le ofreció el gobierno a él y su familia. La razón que expuso en ese momento, fue que su familia era “todos los trabajadores despedidos”, y que debían ser contratados.
Por estos antecedentes de lucha y por el dolor e inconformidad de todos los que, rechazando el decreto, no pudieron sostener su vida más que liquidándose, nos parece, que la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 10 de febrero de implementar un “Programa Especial de Compensación” para jubilar a cerca de 9000 electricistas, es absolutamente justa.
El siguiente paso para resarcir el daño causado por el decreto de Felipe Calderón, debiera ser el trabajo para todos los que faltan y lo requieran. Por lo demás, el SME no debe terminar siendo un sindicato de jubilados, sino de trabajadores y con relevos generacionales como siempre lo ha sido.
El SME debe resurgir como una organización de y para los trabajadores. Con democracia obrera, con discusión y participación en la toma de decisiones, con cuentas claras sobre el manejo de las cuotas sindicales y todos los recursos, con respeto a la libre expresión de ideas y, por supuesto, inserto en una lucha genuina por recuperar el sector eléctrico para la nación.
Para que esto sea realidad, el SME debe quitarse de encima al grupo que controla el Comité Central actual, pues le dieron por destino a toda esa historia de lucha, la creación de una empresa de generación eléctrica en concubinato con una transnacional portuguesa y con el parque de generación de LyFC, destacando la Hidroeléctrica de Necaxa en manos de la misma. Además, el secretario general terminó sentado en su Consejo de Administración, y recibiendo millones de pesos, por liquidación, para él, todo su Comité, familiares y su entorno cercano, sin contar con la antigüedad y monto salarial necesario. Cantidades que van de 7 a 5 millones para la dirección sindical, y excesos como, por ejemplo, el de la secretaria de uno de los miembros del Comité Central, con apenas dos años de servicio, a quien se le entregó una liquidación de $3’ 267, 996.93, mientras que un trabajador con una antigüedad de 14 años, recibió en promedio 300 mil pesos. (Instituto Nacional de Acceso a la información. INAI).
De lo anterior, y de otras cosas por el estilo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tiene conocimiento y debiera actuar en consecuencia con la máxima de este gobierno respecto a combatir todo tipo de corrupción.
En conclusión, hacer justicia para el SME, debe incluir necesariamente una oferta laboral para todos los despedidos por el injusto decreto de Calderón, en el sector eléctrico y público. Así el SME podrá reconducir su historia, resurgiendo como un sindicato real y en defensa del sector eléctrico nacional y no en pro de empresas trasnacionales.
Académico UAM-X.
