El 10 de octubre 2009, cientos de militares disfrazados de Policía Federal, ocuparon las instalaciones de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y desalojaron a los trabajadores que se encontraban en los centros de trabajo. Al día siguiente, el expresidente Felipe Calderón publica el decreto de extinción de la empresa dando paso a la privatización de la industria eléctrica con el despido de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Las razones que se mencionan en el decreto son la ineficiencia y baja productividad, pérdidas de la empresa, las elevadas pensiones de los trabajadores, lo cual representaba “un alto costo para el interés público”.
Ese mismo día se intensificó la campaña en prensa, radio y televisión, haciendo responsables a los trabajadores del supuesto quebranto de la empresa. Hoy a catorce años del decreto de extinción de CLFyC, se ha mostrado una realidad muy diferente. Se ha evidenciado que el verdadero interés del decreto era entregar a las empresas nacionales y extranjeras la generación y venta de energía eléctrica. Esta transferencia de recursos tomó diversas formas, una de ellas fue a través de empresas contratistas que le dan servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta información se sustenta en el oficio de la Unidad de Transparencia de la propia CFE UT/SAIP/0283/21, que documenta que hay una lista de aproximadamente 9000 empresas, elegimos unas cuantas como muestra: Schneider Electric México, S.A. de C.V., Cooper Power Systems llc, Wireless Energy, S.A. de C.V., Power Electrical Corporation, S.A. de C.V., Elektrische Bauherren, S.A. de C.V., etc.
A empresas como estas, que han sido subcontratadas durante los últimos 14 años, les han otorgado 16,175 contratos para dar el servicio que le correspondía a la extinta Luz y Fuerza en la zona centro del país.
Otro elemento que es importante mencionar tiene que ver con los recursos que se le asignaba a la CLFC en los últimos años y los que se han otorgado a la CFE. El presupuesto federal asignado anualmente a Luz y Fuerza, rondaba los 29 mil millones de pesos. Ahora, para atender la misma área geográfica, a la CFE se le asigna hasta 237 mil millones de pesos, tal y como ocurrió en 2020.
El servicio a los consumidores empeoró. Mientras que, en 2009, el usuario ingresaba 1,543 quejas contra Luz y Fuerza del Centro; para el año 2012, el usuario ingresaba casi ¡un millón de quejas, en la misma zona de Luz y Fuerza del Centro, pero ahora contra CFE.
En resumen, las funciones de generación, transmisión, distribución y comercialización que por 14 años se le han entregado a la iniciativa privada, debieran ahora regresar CL y FC y así, dejar de triangular recursos millonarios a las empresas subcontratistas.
Así como Felipe Calderón elaboró el decreto de extinción de CLy FC, en 2005 durante el gobierno de Vicente Fox; la empresa Mexicana de Aviación, que contaba con una de las flotas mejor equipadas y con personal altamente calificado, fue privatizada y pasó a manos del grupo Posadas, consorcio hotelero cuyo dueño era Gastón Azcárraga Andrade, que en cinco años llevó a la empresa a la quiebra. (Pie de página, 7 de enero de 2023).
Ahora el gobierno federal realizó la compra de la empresa y siete mil trabajadores serán liquidados a partir del 15 de agosto y serán contratados para empezar a laborar a partir de 2024.
Este acto de justicia social que el gobierno federal realizó con los trabajadores de Mexicana de Aviación, debería realizarse también, con los trabajadores de la CLyFC y de esta forma recuperar la compañía y restablecer los derechos de los trabajadores que les fueron arrebatados hace catorce años.
Académico de la UAMX.
