El 12 de noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir el llamado outsourcing porque lesiona derechos fundamentales de trabajadores y, con este mecanismo, las empresas evaden impuestos por cerca de 200 mil millones de pesos. Las cámaras empresariales se opusieron a esta iniciativa y pidieron tiempo para discutir una posible regulación.
El 9 de diciembre, el presidente convocó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y sectores corporativos del sindicalismo (CTM, CROC, CTC. CROC) para la firma de un acuerdo tripartita, y solicitar al Congreso de la Unión que la discusión sobre la subcontratación se pospusiera hasta febrero de 2021. Después de tres meses de discusiones llegaron a un acuerdo el pasado 5 de abril, que posteriormente enviaron a la Cámara de Diputados para su deliberación.
Los puntos principales del acuerdo son los siguientes: los servicios u obras complementarias entre firmas de un mismo grupo empresarial, se considerarán como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba; las compañías de subcontratación tendrán que entregar cada cuatro meses un informe al Infonavit con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base; la reforma obliga a la empresa a entregar al contratante todos los recibos de pago del impuesto sobre la renta (ISR) de sus trabajadores; las empresas tendrán un plazo de tres meses para que incorporen a su nómina a los trabajadores subcontratados; el reparto de utilidades para los trabajadores tendrá cómo límite máximo tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
Sin embargo, la propia iniciativa presidencial conserva un mal de origen. El artículo 13 prohíbe la subcontratación de personal; pero en el artículo 14, se señala que la contratación de personal de servicios especializados, que no forman parte del objeto social, procede y sí se permitirá. Este artículo deja la puerta abierta para que, en los hechos, se continúe con la contratación bajo el esquema de outsourcing y contradice lo que dice en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial del 12 de noviembre de 2020 que señala:
“De ahí, la importancia de la presente propuesta, la cual radica en prohibir la subcontratación de personal, consistente en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
Podemos resumir que lo principal del acuerdo es que el gobierno tendrá un registro de las empresas subcontratistas y podrá implementar mecanismos de vigilancia para que los trabajadores estén en su nómina y tengan derecho a utilidades acotadas por tres meses de salario y garantizar que las empresas paguen impuestos, pero lo principal de la figura de subcontratación se mantiene a través de la contratación de servicios especializados.
Esta interpretación también la realiza el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Felipe Munguía (El Financiero, 5 de abril 2021).
Así, el discurso del presidente, de eliminar el outsourcing resulta por lo menos contradictorio. Y si se quisiera despejar toda duda, bien podría revisarse la actuación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la contratación de empresas para realizar labores que desempeñaban los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLy FC).
La CFE está plagada de contratismo. Este hecho se sustenta en la solicitud de información con folio 1816400295420 realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual se tiene la siguiente información:
* Desde 2009 a 2020 la Comisión Federal de Electricidad ha contratado a un total de 6,660 empresas para atender la zona de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
* Comisión Federal de Electricidad tan sólo en 2020 contrató a 278 empresas para atender la zona de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
En vez de que la CFE siga promoviendo la subcontratación de empresas, el Gobierno Federal, como un acto de justicia y congruencia contra el outsourcing, bien podría dar empleo, sin distinción, a los trabajadores de la CLyFC que injustificadamente fueron despedidos por el decreto del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Profesor de la UAM-X
