Pocos mexicanos sentimos confianza en el Sistema de Justicia. Si tenemos que tratar con él, antes nos persignamos tres veces —incluso los judíos y los ateos.
¿Por qué sentiríamos confianza, si sus cifras son de espanto?
9 de cada 10 juicios que emprende, flotan en el limbo, sin sentencia. 5 de cada 10 personas que encarcela, languidecen sin juicio tras los barrotes. Amén de sus exoneraciones de criminales billonarios.
Narcos, evasores de impuestos, funcionarios delincuentes, violadores de apellidos compuestos: el Sistema de Injusticia a diario libera a una de esas blancas palomitas ante el escándalo de los ciudadanos de a pie.
La verdad es que el Poder Judicial, centro del Sistema de Justicia, ha intentado reformarse desde su interior, pero ha logrado magros resultados. La inercia capturó cada intento y lo achicó. Y hoy sigue siendo uno de los nódulos principales de las redes transexenales de la Corrupción.
Redes extensas que involucran a miles de profesionales de la tranza y el trinquete —notarios, factureros, empresarios tramposos, abogados, y sí: jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, que cada sexenio se ponen al servicio de los poderosos del momento.
Así las cosas, la 4T ha propuesto una corrección formidable del Poder Judicial: si los electores le damos la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso, vaciará al Poder Judicial del país, como quien voltea un saco de papas para verlas rodar por el piso: todos los actuales magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte tendrán que irse a sus casas con las cabezas gachas.
Eso para que luego los electores elijamos a sus sustitutos en las urnas.
Ante tremendo amago, la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pudo reintentar otra reforma al interior del Poder de Injusticia. No lo hizo. Ni siquiera le reconoció algún defecto. Al contrario, mejor eligió el camino inverso: defender esa citadela de la tranza y endurecer la confrontación con la 4T.
Y ahora mismo, vistas las encuestas recientes de la intención de voto, que auguran que Morena sí podría contar con una mayoría calificada en el Congreso para vaciar las oficinas del Poder Judicial —incluida la oficina de la propia Norma Piña— ha lanzado un misil contra el exministro Zaldívar, hoy coordinador del eje de Justicia de la 4T.
Ni más ni menos lo ha acusado de presidir una de las redes de corrupción del país.
La pronta respuesta de Zaldívar: una acusación gemela: acusa a la ministra de ser cabeza de su propia red de corrupción.
Ojo por ojo, diente por diente.
Y de la gran batalla entre los Jueces Supremos, los ciudadanos de a pie solo colegimos dos obviedades: la Suprema Corte está lejos de ser un club de sabios probos regidos por la Ley y sí urge reformar al Poder Judicial.
Así que el porvenir del Poder Judicial lo tenemos hoy día los electores en nuestras manos. Si el próximo 2 de junio votamos masivamente por la Izquierda, tanto en la papeleta por la presidencia como en las de senadores y diputados, mil y tantos brokers de la Injusticia tendrán que empacar sus tiliches de oficina y retirarse con resignación a oficios más decentes.
Si en cambio no le damos a la Izquierda la mayoría calificada en el Congreso, debemos esperar otro sexenio en que la ministra Norma Piña defenderá con garbo y valentía el derecho del corrupto Poder Judicial a lucrar con nuestro desconsuelo.
Por lo pronto, es necesario advertir de un tercer derrotero. Los jueces, magistrados y ministros de hoy se van a sus nuevos y modestos oficios, llegan a sus oficinas los electos por el voto popular, y al poco tiempo son igual o más tranzas que los de ayer.
¿Por qué ocurriría eso?
Porque nada dentro del Sistema Judicial habrá cambiado. El entramado de leyes y reglas que hoy permiten la corrupción seguirá rigiendo.
¿Qué hacer entonces?
Cito acá al juez de corazón robusto que fue Jesús el Nazareno. "No se echa vino bueno en odres podridos; se echa vino bueno en odres nuevos, y así el vino se conserva bueno".
Traducido a la circunstancia: el reemplazo del personal del Poder Judicial solo hará una diferencia si va de la mano de la reforma profunda de las reglas y leyes que lo rigen.
