Desde la década de los setenta del siglo pasado, el narcotráfico en México se expandió por ciertas regiones del territorio nacional, llevando consigo a las bandas del crimen organizado, las cuales sembraron, no solo violencia e inseguridad, sino que, en virtud de su extraordinaria capacidad económica, los capitanes de la droga, corrompieron a gobernantes y funcionarios de todos los niveles, con la más absoluta impunidad.
Ante la incapacidad manifiesta de las fuerzas policiacas para contener la violencia y el trasiego de enervantes y armas, sucesivos gobiernos tanto panistas como priístas, optaron por asignar a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), inconstitucionalmente, tareas de seguridad pública, con el aplauso o la complacencia de quienes hoy promueven controversias y amparos para inhabilitar la política de seguridad nacional del Ejecutivo Federal.
Felipe Calderón, presidente paradigmático de la militarización del país, con su declarada “guerra al narcotráfico”, no solo no detuvo la violencia, sino que provocó la atomización y crecimiento de los cárteles de la droga, y lo peor, su secretario de “Seguridad”, resultó ser parte de esa misma estructura delincuencial.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en cumplimiento de sus compromisos con la sociedad, no solo trazó una política de bienestar social para combatir las causas que generan la violencia –pobreza, desigualdad, discriminación, vulnerabilidad- sino además una nueva estrategia de seguridad pública, en la que destaca la creación de la Guardia Nacional, para garantizar la paz social.
Incluso, previendo el contexto social y de violencia heredada de los gobiernos anteriores, y la necesidad de que las fuerzas armadas continuaran con su labor de apoyo hasta en tanto se lograra la consolidación estructural-operativa de la Guardia Nacional, el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas constitucionales que le dieron origen, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, expresamente establece: “Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
En tal sentido, el pasado 11 de mayo, el Presidente, en ejercicio de sus facultades constitucionales y conforme al referido Artículo Quinto Transitorio, expidió un Acuerdo, cuyos puntos: PRIMERO, ordena a las Fuerzas Armadas a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complentaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública; SEGUNDO, dispone que dichas funciones se realizarán conforme a las atribuciones de la Guardia Nacional contempladas en el artículo 9 de su propia Ley; TERCERO, establece que las Fuerzas Armadas “..se regirán en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos… ”; CUARTO, instruye al Secretario de Seguridad para que se coordine con sus homólogos de la Defensa nacional y de Marina, para “..definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”; y QUINTO, dispone que las tareas que realice la Fuerza Armada, “…estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”.
Queda claro que, a través de este instrumento normativo, el presidente López Obrador, materializó y desarrolló, sin exceso alguno, la facultad expresa que la Constitución le confirió sobre el uso inmediato de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Es por ello, que el Decreto Presidencial, se encuentra dentro del marco constitucional vigente y no lo contrapone, pues el Ejecutivo no se atribuyó facultades correspondientes al Congreso, ya que en uso de su facultad reglamentaria -artículo 89, fracción I, de la Constitución- no creó nuevas normas, sino tan sólo ejerció e hizo eficaces las vigentes.
De ahí que afirmemos, con toda convicción: las infundadas acciones intentadas no lograrán su oculto propósito de vulnerar la política de seguridad nacional del Ejecutivo Federal.
Senador por Morena,
presidente de la Comisión de Educación
