Las políticas públicas en el tema de la discapacidad son acciones organizadas por el Estado frente a las repercusiones sociales, económicas y culturales de la discriminación múltiple e inequidad que enfrentan las personas con discapacidad (PCD). El modelo social de la discapacidad la considera como un producto social que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de actitud y del entorno que evitan su participación efectiva en la sociedad donde viven, en condiciones de igualdad con los demás.
Los componentes ideales de una política pública para atender los retos que enfrentan las PCD , según Huenchan Navarro, son tres: una base institucional, un sustento legal e intervenciones concretas como los planes, programas y proyectos.
L a base institucional corresponde al Consejo nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad (Conadis) que tiene por objetivo el establecimiento de la política pública. Sin embargo desde inicios de este año no se ha nombrado al titular de Conadis, solo hay una persona encargada del Despacho. Esta situación afecta a los más de siete millones de PCD física y/o mental, que enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación. Recientemente las redes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan con las PCD en el medio urbano y rural e indígena han manifestado su inconformidad, #InclusiónNoSóloPensión , por medio de cartas y conferencias de prensa para demandar la reactivación de Conadis y/o su reemplazo por otra más acorde con la perspectiva de los derechos humanos de las PCD.
El sustento legal esta representado por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por México en 2008. La Convención es el instrumento vinculante que rige a todas las leyes que regulan las acciones en el tema de la discapacidad como, la Ley general para la inclusión de las PCD, publicada en México en 2011. Sin embargo solamente el 30% de los estados han armonizado las leyes para las PCD con la Convención.
Las intervenciones concretas corresponden a los Consejos de Coordinación Interinstitucionales con la colaboración de Conadis (sin titular) y diversas secretarias y algunas OSC. Las organizaciones que se encuentran trabajando con PCD en el área rural e indígena han participado poco, porque las reuniones de Conadis se llevaban a cabo en la Ciudad de México.
Las directrices de las acciones se encuentran en el Programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las PCD que define las políticas públicas de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo que corresponde al ejecutivo federal.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece el Programa de Pensión para el Bienestar de las PCD con el apoyo “a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente así como a PCD de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. Más de la mitad de las PCD se encuentran además en situación de pobreza. Con este programa el gobierno de la república busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad. El monto del apoyo económico es de 2 mil 250 pesos bimestrales y se entrega en forma bimestral mediante depósito directo en tarjeta bancaria”
Si bien el gobierno esta destinando un mayor presupuesto a las PCD con los apoyos directos e individualizados a través de tarjetas bancarias. Lo cierto es que en algunos casos pueden ser excluyentes ya que en las comunidades rurales e indígenas no hay bancos y se ven obligados a pagar sus pasajes para trasladarse a otras localidades, donde con frecuencia los discriminan, para hacer uso de su tarjeta bancaria. Por otro lado cuando las familias tienen personas con discapacidad múltiple física y/ o mental la beca solo cubre el 10% de los insumos para atenderlas como medicamentos, sillas de ruedas entre otros. La pensión es necesaria pero no es suficiente, falta incluir a las PCD a los programas federales de acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda y justicia.
La inclusión, la igualdad y la no discriminación hacia las PCD aún son temas pendientes en nuestro país. Las PCD han enfrentado históricamente la invisibilidad, la exclusión, discriminación múltiple y políticas públicas inadecuadas en gran medida por la visión asistencialista asumida por los gobiernos en turno que se encuentra reforzada por las imágenes de las PCD que nos presentan los medios y por el evento Teletón que anualmente solicita donantes en forma de caridad. Esta situación también ha sido el caldo de cultivo para que algunas OSC colonizaran los espacios y recursos de las Instituciones públicas que funcionaban en medio de la burocracia y la corrupción.
Una propuesta a esta problemática en el nuevo gobierno post liberal exigiría una nueva articulación entre las políticas públicas en el tema de la discapacidad y los programas de las OSC. Se necesita un rediseño en el nuevo marco político institucional de los papeles tanto de las Instituciones como de las OSC para cumplir con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Departamento de Producción Económica
UAM-Xochimilco
