En efecto. Pude conocer en carne propia y de primera mano la injusticia que se vive por la prisión preventiva. Por eso me parece de lo más importante el debate que dará la Suprema Corte a propósito de eliminar la que tiene el carácter automático: la oficiosa, pues esta figura atenta contra los derechos humanos y contra la presunción de inocencia. Bastante han analizado y fundamentado los expertos en esta materia. A mí me interesa examinarla desde la perspectiva en la que la viven quienes en una especie de condena anticipada son enviadas y enviados a la cárcel. Tiene razón la gran jurista Ana Laura Magaloni cuando señala que lo que debiera interesar es encontrar la verdad en el sistema de impartición de justicia. Pero eso no sucede con frecuencia y, por el contrario, con un estándar probatorio muy bajo a la gente se le vincula a proceso y se le priva de su libertad, sobre todo ahora que el catálogo de delitos graves se ha incrementado en esta lógica de populismo punitivo que nos ha hecho creer desde hace muchos años que de esta manera se inhibe la comisión de delitos, lo que es totalmente falso. Por eso mi reflexión tiene que ver con la manera en la que se vive todos los días esta visión inquisidora que lejos está de la justicia.
Conocí a dos mujeres trabajadoras de sol a sombra –Liz y Erika-, dos hermanas que llevan siete años sin ser sentenciadas (se les acaba de reponer el proceso) acusadas de participar en un secuestro. No hay parte querellante, nadie las identificó, no fueron detenidas cometiendo algún ilícito, y están en la cárcel por esa ominosa figura. Ellas mantienen a sus hijos y su madre recientemente murió de cáncer sin poder abrazarlas e intranquila por no poder dejar a los niños en sus manos. Gaby es un caso más. Lleva diecisiete años sin sentencia, pero como el delito también es el secuestro está en la cárcel. Martes, jueves, sábados y domingos trabaja vendiendo cafés, aguas y comida para las internas y sus visitas. No descansa y ha tenido que ver crecer a su hija a lo lejos, con todo el dolor que esto significa. Y muchas como ellas están en esa situación, atrapadas en esos muros por años, sin que se sepa la verdad y se les haya encontrado culpables. La prisión preventiva oficiosa castiga a las y los más pobres, pero sobre todo a las mujeres a las que criminaliza también en automático.
Eliminar la prisión preventiva oficiosa no es dejar en la calle a delincuentes. Queda la prisión preventiva justificada (que debiera ser excepcional, aunque es la norma) para que, de encontrar elementos, tanto el MP como el juez pueden solicitar la privación de la libertad, pero en esto también debería haber un cambio. Tendrían que exigirse parámetros más altos para conceder la más gravosa de las medidas cautelares. Porque, por ejemplo, mantener a más de 400 mujeres encerradas 23 horas al día, con sólo una hora para caminar y hacer una llamada, nada tiene que ver con la presunción de inocencia. Este lunes la Suprema Corte tiene la gran oportunidad de dar un paso trascendental y empezar a pagar la enorme deuda que tiene México con la justicia. Ojalá que quienes ahora se niegan y exhiben al poder judicial a su conveniencia, visitaran los reclusorios. Estoy segura que se darían cuenta de que están equivocados. De que no se trata solo de sacar inocentes de la cárcel, sino de dejar de meterlos.
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