Las reformas aprobadas por la mayoría morenista y sus aliados en estos últimos días significan un profundo retroceso con relación a los avances conquistados en materia de derechos humanos consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución. Son una venganza y además en sí mismas una profunda contradicción. Vulneran el instrumento que tenemos las y los mexicanos para defendernos de los abusos del poder -el amparo- y retroceden más de trece años después de que en el 2011 se lograra proteger los derechos que establecen nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. Con un tufo de cinismo y autoritarismo la bancada oficial se mofó de que con eso le amarraban las manos a la Suprema Corte, y se dan al mismo tiempo carta ancha para que por la vía de la legislación secundaria (al no contar con mayoría calificada) se pueda reformar en los hechos nuestra Constitución sin que nadie pueda frenar este despropósito. Y con un cinismo que nada tiene que ver con la izquierda señalaron que si estas reformas las echa atrás la Corte esperaran a que haya una composición en ese máximo órgano judicial (que será en diciembre) que impida una interpretación a partir del bloque de constitucionalidad.
Nuestra guía de ruta, nuestra Constitución lanzada a la hoguera por los que se dicen de izquierda pero que hoy traicionan todos sus principios, entre otros factores porque ese movimiento en torno a un solo hombre está integrado por personas que vienen de otras trayectorias y que nunca han militado con una visión progresista y mucho menos han tenido que enterrar a 500 muertos cuya sangre pavimentó el camino democrático que hoy ellos quieren dinamitar. Las modificaciones a la ley de amparo tienen que ver además con el despojo de los ahorros de las y los trabajadores mayores de 70 años para que si uno se ampara esta medida no tenga efectos generales y no quede suspendida esta acción inconstitucional y de latrocinio.
En su borrachera legislativa y de impunidad, los legisladores oficialistas aprobaron una ley de amnistía que le da facultades discrecionales al Presidente para liberar a personas recluidas. Nada dijeron que a principios de sexenio ya habían aprobado una que no sirvió de nada y mucho menos que contamos con la ley de ejecución penal que obliga a una política pública de liberación bajo criterios claros y en lo que han sido omisas los sistemas penitenciarios. Nada abona esta nueva ley de amnistía a hacer justicia y liberar gente inocente, o darle una segunda oportunidad a quienes tienen un comportamiento ejemplar o no han sido sentenciados por años. Pero además se contradice con la negativa regresiva de eliminar la prisión preventiva oficiosa y el abuso de la justificada porque según ellos se liberaría a delincuentes cuando las cárceles tienen a más de 68 mil personas pagando una pena anticipada, violándose de manera flagrante su presunción de inocencia. Eso no les importa a los morenistas. Porque no les interesa la verdad ni la justicia. Lo único “transformador” es darle poderes discrecionales a su líder lo que, en ninguna circunstancia, hubieran avalado en otros sexenios. Sólo él puede “perdonar” y sólo él puede condenar. Como diría el clásico ¿adónde hemos ido a parar?
