En una decisión histórica la Suprema Corte determinó que es inconstitucional la criminalización de las mujeres por abortar. El acuerdo unánime de los ministros responde mucho a las movilizaciones de las mujeres que portando sus pañuelos verdes salieron a las calles a luchar por nuestro derecho a decidir, no importó el zócalo amurallado. Tampoco que el gobierno se atrincherara para no escucharlas. Mucho menos tuvieron trascendencia los telémacos de hoy que escandalizados ordenaban callarlas, dándose baños de pureza frente a la intensidad de la protesta. Esta nueva generación de feministas entendió que solo de esta manera serían escuchadas y convirtieron el muro del oprobio en un Memorial.
Esta historia empezó a tejerse hace muchos años. Cuando los aires no eran muy proclives se marchaba portando carteles con la leyenda “YO ABORTÉ”. Éramos pocas, pero fuimos abriendo el espacio para que se entendiera que el debate no era sí o no al aborto, sino que era un tema de libertades y salud pública. La coyuntura para dar un paso legal significativo se dio con la llegada de la izquierda al gobierno de la capital. La expectativa era muy alta y confiaban que en esta materia habría un avance, sobre todo cuando fui nombrada jefa de Gobierno pues tenía una trayectoria feminista.
Cuando el Congreso de Guanajuato decidió castigar el aborto en el caso de violación, voces diversas se levantaron airadamente en contra de este retroceso sobre todo porque muy recientemente el caso Paulina había sensibilizado a la sociedad. Entonces en acuerdo con el PRD y las feministas decidí que era el momento para enviar una iniciativa de ley ampliando las causales para interrumpir el embarazo, conocida como la Ley Robles y, sobre todo, darle al MP la capacidad de autorizarlo en caso de violación. Parece fácil decirlo ahora, pero hace 21 años promoverlo y hacerlo desde el poder tuvo sus costos. No era sencillo, incluso porque el hoy presidente, en ese momento jefe de Gobierno electo dijo que mantendría neutralidad al respecto. Posteriormente en una actitud también congruente, en el gobierno de Marcelo Ebrard se acordaría la despenalización total del aborto y su práctica legal hasta las 15 semanas de embarazo.
Los argumentos de ayer siguen siendo válidos para el debate abierto por la Corte con su decisión. Que un Estado laico está obligado a respetar la decisión que toma una mujer al abortar. Qué debe garantizar que lo haga en las mejores condiciones, precisamente para preservar su vida. Que es moralmente cínico cerrar los ojos ante un grave problema de salud pública. Que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Que son las mujeres pobres las principales víctimas de la doble moral y la hipocresía. Que el machismo mata. Que las mujeres tienen el derecho a tener la información y los medios para ejercer de manera responsable su derecho a decidir. Por eso el importantísimo acuerdo de la Corte es un gran punto de partida y debe trasladarse al poder legislativo. Hay que seguir hilvanando las hebras para que se apruebe la despenalización: No hay pretexto que valga. O se amurallan en el conservadurismo como lo han hecho hasta hoy o apuestan por las libertades. No hay otra opción.
