Desde hace días se ha instrumentado una ofensiva en contra del INE por las decisiones que ha tomado recientemente. Resulta adecuado por ello rescatar el momento histórico en el que se aprobó la reforma electoral de 1996, pues en la misma se concretaron aspiraciones de muchos años de las fuerzas democráticas del país. Hay muchos aspectos que resaltar, destacan dos por su relación directa con el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas desde el fraude electoral de 1988 y la lucha llevada a cabo por López Obrador por las elecciones fraudulentas en Tabasco. Por un lado, la creación de un organismo autónomo y ciudadano que se encargara de organizar el proceso electoral y, por otro, la formación de un tribunal federal electoral que tuviera en sus manos la decisión última sobre las elecciones locales manipuladas en gran medida por los gobernadores.
En aquel momento, (junto con Jesús Zambrano) me tocó ser parte de la comisión de diputados que dictaminó dicha reforma; Muñoz Ledo como presidente del PRD llevó la batuta en Bucareli. Muchas cuestiones se lograron al condicionar el voto perredista, como por ejemplo la elección directa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pues la propuesta inicial era que fuera de manera indirecta a través de la Asamblea Legislativa. Cuando llegó el momento de votar había dudas por parte del PRD. Se temía que fuera, una vez más, una argucia del partido en el gobierno.
Estos resquemores no eran fortuitos. Más de 500 perredistas habían ofrendado su vida para que los votos se contaran y se contaran bien, lo que no había sucedido en 1988 con la caída del sistema orquestada por Bartlett, ni tampoco en elecciones como la de Michoacán, Guerrero y Tabasco. Del mismo modo las reformas realizadas en el salinismo solo habían beneficiado al PAN.
Me tocó platicar con Cuauhtémoc Cárdenas y le expuse las bondades de la reforma. Rápidamente dio su consentimiento y me pidió que hablara con López Obrador, que se perfilaba como presidente del PRD y tendría en sus manos la elección del 97. La actitud de AMLO fue más reticente. Ya una vez había confiado en el presidente Zedillo y en su secretario de gobernación, que le habían fallado. Ante sus dudas, le propuse que platicáramos con una de las organizaciones civiles que más habían impulsado la reforma. Así, nos reunimos con Alianza Cívica, cuyo entusiasmo en los logros plasmados acabó por convencer al tabasqueño.
Teniendo ya como sustento el consenso de los principales liderazgos del PRD, que se reafirmó aún más con el hecho de que una personalidad surgida de la izquierda como José Woldenberg podría ser el presidente del IFE, el PRD votó a favor. Un año después, este partido se alzó con el triunfo en la Ciudad de México y con una abultada bancada en la cámara baja; este momento histórico sin duda fue clave para la carrera presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, resulta incongruente con la historia, a la vez que profundamente conservador, amenazar con desaparecer al INE. Sin embargo, es coherente con la lógica de un gobierno que anhela concentrar el poder y que una de sus características es la pretensión de desaparecer los mecanismos de control que le son incómodos. Lo grave es que esta embestida es contraria a la lucha y a los logros institucionales de la izquierda mexicana; se trata además de una subversión de la democracia que tanto trabajo nos ha costado construir.
