El tema de la instalación de la empresa china Time Ceramics en el Valle de Apan llegó hasta la mañanera. Se le preguntó al Presidente sobre la venta de 80 hectáreas por parte de un particular a dicha empresa y, sobre todo, por la perforación de dos pozos de agua que afectan a las tierras agrícolas de esa región hidalguense. López Obrador le encomendó a la secretaria del Medio Ambiente que atendiera el asunto y que escuchara el reclamo de los pobladores, a los que inicialmente les dio la razón. Sin embargo, poco pudo hacer la funcionaria y tal parece que los intereses que están detrás de este negocio pesan más que las decisiones presidenciales. Esto refleja lo que se ha venido señalando por analistas en el sentido de que los inversionistas chinos tienen un trato privilegiado en nuestro país, no importa que incurran en irregularidades como es el caso. Para ello, han explorado esta vía: la del acuerdo con los gobiernos locales como es el de Hidalgo para no involucrar al gobierno federal. El entusiasmo que generó inicialmente la instrucción presidencial en los productores agrícolas, sobre todo del municipio de Emiliano Zapata, se ha convertido en decepción porque, hoy por hoy, continúa el problema: las concesiones de agua que quieren poner a nombre de la empresa y el terreno que compró son agrícolas, el Valle de Apan está protegido por un decreto federal y el agua que compra en pipas proviene también de pozos agrícolas, cuando su actividad es cien por ciento industrial. En síntesis, todo mal.
El grupo que me contactó para darle visibilidad a su reclamo, señala que la situación es muy grave porque mientras a esta empresa se les permite adueñarse del agua y se le quiere autorizar la perforación de pozos, a ellos ni siquiera les dan una cita para gestionar uno de riego, pese a que sus tierras son de temporal y ellos viven principalmente de la producción de cebada. Y aquí encontramos la otra arista del triángulo. El gobierno del estado quiere invertir cien millones de pesos del erario para construir un acueducto privado que vaya de Grupo Modelo (que tiene años instalado en la región y que compra a los productores la cebada que utiliza) y T-Ceramics, con el objetivo de que las aguas que la primera tiene disponibles abastezcan a la empresa china. El problema radica en que al convertirse en agua residual una vez utilizada por esta industria estará viciada porque provendrá de un proceso para fabricar pisos. Los habitantes de Emiliano Zapata se enfrentarán a una fábrica china que no sólo les quitará el agua, si no que contaminará aún más su suelo, sus cauces y sus fuentes de agua. ¿Entonces cuál es el camino para solucionar este conflicto? Es muy simple: que se aplique la ley. Si toda la vocación de la zona y del agua es agrícola, así debería permanecer. Que se consulte a los pobladores por la sencilla razón de que la vida de numerosas familias cambiará para mal sin agua para sus casas, sus negocios y sus cultivos. Pero tal parece que para destruir al poder judicial una encuesta es suficiente, pero para respetar un derecho humano fundamental como es el acceso al agua la opinión del “pueblo¨ simplemente no cuenta. A esto se le llama incongruencia e hipocresía.
Política mexicana y feminista